“El Poder Legislativo tiene mucho retraso, mucho rezago y también mucha degradación en cuanto a la calidad de su trabajo”, dice el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. “Es importante reducir los salarios de los legisladores locales, pero ya urge también una reforma muy profunda a las cámaras del Congreso de la Unión y al funcionamiento de los congresos estatales”
El Sur / Ciudad de México, 21 de marzo de 2026. La reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para ser aprobada, por lo que se echó a andar lo que se conoce como “el plan b”: un paquete alternativo que recibió el Senado esta semana y que, a decir del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, representa apenas un avance limitado frente a los cambios de fondo que aún requiere el sistema político mexicano.
En entrevista con El Sur, el legislador plantea que el debate abierto tras la votación de lo que fue el plan A en el Congreso debería servir para reconocer que la reforma pendiente no se limita al ámbito electoral, sino que forma parte de una transformación más amplia de las instituciones del Estado. “El acuerdo en torno al plan B es solamente un pequeño paso. Seguimos teniendo una enorme deuda con la democracia, con la lucha contra la corrupción y con la eliminación de privilegios en el país”, apunta.
La iniciativa original de reforma electoral no logró reunir, el pasado 11 de marzo, la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La votación evidenció la falta de acuerdos entre Morena y sus aliados, lo que impidió concretar el bloque de reformas constitucionales más ambicioso del actual gobierno hasta ahora. Ante ese escenario, desde Palacio Nacional se planteó avanzar con un conjunto de ajustes alternativos conocido como “plan B”, enfocado en cambios a leyes secundarias pero también a la Constitución.
Y mientras partidos de oposición sostienen que tanto el proyecto original como la segunda iniciativa representan riesgos para el equilibrio institucional del sistema electoral, el oficialismo argumenta que los cambios buscan reducir costos, eliminar privilegios y fortalecer la rendición de cuentas en la política.
Para Ramírez Cuéllar, la discusión debe ir más allá de la reforma específica que no logró aprobarse. A su juicio, el país mantiene un rezago en la transformación del Poder Legislativo y en la forma en que se construyen las leyes.
“Tenemos que seguir insistiendo en reconstruir democráticamente muchas de las instituciones del Estado mexicano. La columna vertebral debe ser el combate a la corrupción, la lucha contra los privilegios y la garantía de un manejo honesto de los recursos públicos”, señala.
Distancia entre el pueblo y quienes legislan
El legislador zacatecano considera que, aunque el Ejecutivo y el Poder Judicial han experimentado procesos de reforma en los últimos años, el Poder Legislativo mantiene rezagos importantes tanto en su funcionamiento como en su vínculo con la ciudadanía. “Es importante reducir los salarios de los legisladores locales, pero ya urge también una reforma muy profunda a las cámaras del Congreso de la Unión y al funcionamiento de los congresos estatales”.
De acuerdo con el diputado, uno de los problemas centrales es la distancia entre el proceso legislativo y la participación ciudadana. “El Poder Legislativo tiene mucho retraso, mucho rezago y también mucha degradación en cuanto a la calidad de su trabajo legislativo. Hay una ausencia importante del pueblo en la participación en las reformas legales y constitucionales”, enfatiza.
Desde su perspectiva, la discusión sobre la reforma electoral debe verse como parte de una agenda más amplia de transformación institucional: “Seguimos teniendo esta deuda con la sociedad mexicana de una verdadera reforma del Estado”.
Añade que el plan B puede representar un avance, pero no sustituye los cambios estructurales que, a su juicio, aún deben discutirse en el país. “Es un paso importante hacia adelante, pero sigue siendo un paso muy pequeño”, dice.
“La gente quiere reformas más radicales”
Tras el primer rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, el debate político se ha desplazado hacia el alcance real del plan B y el significado que tiene el revés legislativo para el proyecto político del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
La oposición considera que el fracaso de la primera iniciativa demuestra que no existía el consenso suficiente para modificar las reglas del sistema electoral ni el funcionamiento del árbitro comicial. Además advierten que insistir en el plan b podría profundizar la polarización política en el país. Frente a esas críticas, el vicecoordinador de Morena cree que el debate electoral no debe perder de vista lo que, a su juicio, son las prioridades de la ciudadanía.
“La parte electoral es solamente una parte, la parte más pequeña”, opina Ramírez Cuéllar. La gente “quiere otras prioridades: quiere una lucha muy fuerte contra la impunidad”, afirma el legislador.
El reclamo social más amplio, agrega Ramírez Cuéllar, está relacionado con combatir la corrupción, castigar abusos de poder y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente. Esas demandas, remarca, explican en gran medida el respaldo que mantiene el proyecto político del actual gobierno.
“La gente quiere ir más a fondo para que se cuide bien lo que ellos pagan como impuestos y que se traduzca en obra pública. La gente quiere, junto con los cambios electorales, reformas más radicales para regenerar la vida política del país”, expone.
El legislador reitera en que el movimiento que llevó al poder a Morena tiene como eje precisamente la regeneración de la vida pública y que, por lo tanto, no puede renunciar a esa agenda. “La regeneración de la vida política del país es nuestra bandera”.
El gobierno no debe meterse en los procesos electorales
Uno de los temas que ha vuelto al centro del debate político es el futuro del árbitro que organiza, efectúa y vigila los comicios, es decir el Instituto Nacional Electoral (INE). Para Ramírez Cuéllar, cualquier reforma debe preservar las características fundamentales del organismo encargado de los procesos electorales. “Tiene que seguir siendo un árbitro confiable, profesional, independiente y autónomo”.
La credibilidad de las elecciones es un elemento central para la estabilidad política del país, reconoce el diputado, y por ello ninguna reforma debería poner en riesgo esa función. “Nunca más el gobierno debe meterse a organizar los procesos electorales. La credibilidad en una contienda electoral es lo que nos garantiza la estabilidad política”, sentencia.
Sobre la ruta que podría seguir la discusión legislativa sobre el plan b, Ramírez Cuéllar indica que el debate no debe limitarse a los cambios electorales. A su juicio, el país enfrenta un conjunto más amplio de reformas constitucionales pendientes.
Entre ellas mencionó la reconstrucción del sistema de fiscalización y auditoría, una transformación profunda del funcionamiento del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, así como la eliminación del fuero para servidores públicos.
“Tenemos un abanico muy grande de medidas que nos ayudan a combatir la corrupción y a reconstruir democráticamente muchas instituciones que están degradadas”, menciona.
El legislador también prevé que la viabilidad de estos cambios dependerá en buena medida del respaldo social que logren generar. El proyecto político del gobierno, dice, mantiene un amplio apoyo ciudadano que podría convertirse en el principal impulso para nuevas reformas.
“Lo primero que debemos hacer es ir al pueblo. La presidenta tiene un gran respaldo, son ocho de cada 10 mexicanos los que aplauden su proyecto. Hay que ir a la sociedad y cumplirle en esta lucha contra la corrupción y la impunidad”, concluye.
Confía Sheinbaum en que petistas apoyarán el Plan B
Ante las opiniones divididas al interior del PT respecto al plan b electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer a los integrantes de ese partido ponerse de acuerdo para definir su posición.
Este jueves, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en San Lázaro, reconoció que la propuesta de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 sigue “haciendo ruido” al interior de su bancada.
Al ser cuestionada al respecto, Sheinbaum aseguró que, en contraste con esa postura, la senadora Geovanna Bañuelos se manifestó a favor de la iniciativa.
“Hace un día o dos, la senadora Geovanna del PT también dijo que estaba de acuerdo. Se tiene que poner de acuerdo el PT si va a apoyar o no”, indicó desde Cancún.
“Ya depende de ellos; nosotros creemos que sí van a apoyar, pero vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”.
La propuesta de la Presidenta en materia electoral busca modificar el artículo 35 de la Constitución para adelantar la revocación de mandato y así coincida con las elecciones intermedias de 2027. Asimismo, le permite difundir el proceso y promover el voto a su favor.
“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, señala el documento.
Al interior del PT, la mayoría discrepa con esta medida, pues consideran que beneficiará directamente a Morena.
Consulta de revocación no debe ser costosa, considera la presidenta
La Presidenta insistió en que realizar la revocación junto con la renovación de la Cámara de Diputados disminuiría los gastos, pues el INE sólo tendría que invertir en la impresión de boletas adicionales.
“No debe costar mucho más, es sólo la impresión de las boletas”, justificó en su conferencia matutina.
Ante la insistencia sobre por qué someterse a una revocación cuando presume altos niveles de aceptación, Sheinbaum argumentó que será la ciudadanía la que decida si solicita o no dicha consulta.
En el ejercicio de 2021, solicitado por la organización “Que Siga la Democracia”, apenas participó el 17 por ciento del padrón electoral. En aquella ocasión se gastaron mil 600 millones de pesos y se instalaron 57 mil casillas de las 165 mil proyectadas, debido al recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados.
La legislación establece que, para que el resultado sea vinculante, debe votar el 40 por ciento de los electores.
Finalmente, Sheinbaum insistió en que hablar de la revocación no significa hacer propaganda y cuestionó las restricciones actuales.
“Al propio Presidente (López Obrador) le dijeron que no podía hablar de eso. ¿Cómo es que alguien que va a revocación de mandato no puede ni hablar de eso?”, cuestionó.
Guillermo Rivera/ Érika Hernández y Claudia Guerrero / Agencia Reforma
