Acapulco, Guerrero, a 9 de septiembre de 2025.- Pudo más el poder militar que la exigencia de justicia de las víctimas de la guerra sucia como la de la comunidad El Quemado, municipio de Atoyac, durante el proceso de la Comisión de la Verdad reciente, señaló el ex comisionado del Mecanismo del Esclarecimiento Histórico (MEH), Abel Barrera Hernández.
El 5 de septiembre se cumplieron 53 años de la detención masiva de campesinos de El Quemado por el Ejército mexicano como parte de la política de contrainsurgencia de la década de 1970.
Vía telefónica, Barrera Hernández recordó su visita a esta comunidad serrana en julio de 2022 junto con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, a unos meses de la creación en 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990.
Aparte del MEH, la Comisión de la Verdad estuvo conformada por los mecanismos de justicia, de memoria, de búsqueda y de reparación de daños, este último a cargo de la CEAV.
“Nosotros básicamente teníamos muy delimitado nuestro mandato, que era básicamente hacer un trabajo, tanto de escucha para poder tener información testimonial, como de investigación en los archivos, en fuentes diversas que pudiera uno acceder a información que nos diera pauta sobre esta represión que se vivió”.
“Esta política de terror que se implantó, estos planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que les íbamos a dar voz a ellos”, a las víctimas, y que se concretizó en el informe final Fue el Estado: 1965 a 1990, publicado en 2024, cuando terminó el mandato de la Comisión de la Verdad.
Barrera Hernández reconoció que la falta de reparación de daños “desilusionó mucho a los compañeros y compañeras porque dijeron, bueno, qué caso tiene un mecanismo, una comisión, si el tema más urgente para nosotros, sobre todo para personas mayores, que están enfermas, que ya algunos murieron, pues es poder tener una reparación que dignifique su vida”.
“Que por lo menos repare afectaciones físicas, mentales, familiares, de patrimonio básico para la sobrevivencia y bueno, entiendo que esto no ha ocurrido”.
Recordó que desde antes del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en 2018 se hablaba de un programa de reparación integral de daños que incluyera la salud, la educación, caminos, todos los planteamientos de las mismas víctimas.
El ex integrante del MEH dijo que este mecanismo cumplió su mandato, “pero sí nos sentimos frustrados, nos sentimos también desilusionados porque este decreto presidencial no le dio seguimiento para que los cinco mecanismos camináramos al mismo ritmo”.
“Y ante todo tuviéramos una presencia calificada frente a los colectivos, las víctimas, los sobrevivientes en los cinco aspectos: memoria, justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición”.
Indicó que el mandato de la Comisión de la Verdad estableció reuniones periódicas para analizar los avances de los cinco mecanismos “y si fueron tres en todo este periodo fueron muchas, dos con (el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro) Encinas y una con (su sucesor) Arturo Medina”.
Puntualizó que el mismo informe del MEH no fue tomado en cuenta y en él se anotan los “factores de persistencia, es decir, como lo que sucedió hace 53 años todavía sigue sucediendo en el sentido que se desaparece, se atenta contra la vida, de que no se castiga a quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos como el Ejército, no se repara, no hay medidas de no repetición”.
El también director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expuso un “continuum de más de cinco décadas”: la desaparición de Rosendo Radilla, las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“En verdad pensábamos que este proceso de la Comisión y del Mecanismo era un esfuerzo de lo que llamamos la justicia transicional en México, pero quedó trunco, pudieron más los poderes militares, los poderes de las élites, pudo más la impunidad que la exigencia de justicia de campesinos como El Quemado”.
El ex comisionado del MEH dijo que el Estado mexicano debe voltear a ver a El Quemado y a los demás pueblos de la sierra de Atoyac, hacer un “reconocimiento público de su responsabilidad por estas graves violaciones a los derechos humanos, tiene que haber obviamente justicia, reparación y sobre todo se debe honrar la memoria de las personas que cayeron, que fueron ejecutadas, que fueron desaparecidas”.
“Al pueblo vivo no se le reconoce, se le honra al pueblo muerto como también al indígena muerto, pero al indígena vivo y al pueblo vivo, al pueblo combativo se le sigue relegando como pasa con El Quemado”.
Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Trigo
