Ciudad de México, 18 de diciembre de 2020. José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le atribuyen por un monto de 36 millones de pesos.
Acompañado de dos abogados, el magistrado acudió por un citatorio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), a cargo de María de la Luz Mijangos, que lo requirió para una diligencia de entrevista en calidad de investigado.
De acuerdo con autoridades federales, en su comparecencia de una hora de duración, Vargas designó a sus abogados ante el Ministerio Público, accedió a la carpeta de investigación para conocer de la imputación y manifestó que en breve presentará su declaración por escrito.
Aunque ingresó por la puerta principal de la sede central de la FGR en la Glorieta de Insurgentes, la salida del magistrado no fue por el mismo acceso.
La Fiscalía autorizó que su camioneta entrara al estacionamiento del edificio, donde abordó el vehículo a las 13:10 horas y se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
La carpeta de investigación fue iniciada por una denuncia que presentó el pasado 21 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicho organismo le atribuye ingresos injustificados y de probable origen ilícito por una suma de más de 36 millones de pesos, en el periodo 2013-2018, en depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas supuestamente no identificadas.
Reforma dio a conocer el 28 de octubre de 2019 que la unidad a cargo de Santiago Nieto investigaba a Vargas porque supuestamente habría cuadruplicado sus ingresos de 2013 a 2017 y presentó movimientos financieros inusuales por 14 millones 96 mil 478 pesos en una tarjeta de crédito American Express, de 2016 a 2018.
Dice que la denuncia no tiene fundamento
José Luis Vargas se reservó ayer su derecho a declarar ante la FGR por el caso del presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos.
Horas después de comparecer ante el Ministerio Público, la oficina del magistrado emitió un comunicado en el que manifiesta su disposición a colaborar con las investigaciones y en el que asegura que acreditará su inocencia.
“Afirmó tener la certeza de que, dentro de los cauces institucionales y conforme a Derecho, se demostrará que la denuncia en su contra no tiene fundamento alguno”, dice el texto difundido.
“Como se ha informado previamente, reiteró que las notas periodísticas que se han difundido, con el afán de dañar su reputación, confunden la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público sino abogado postulante (entre 2012 y 2016), con el periodo en el que ha ejercido como magistrado de la Sala Superior (de noviembre de 2016 a la fecha)”.
Defendió el origen lícito y legítimo de su patrimonio, antes y durante su encargo como magistrado, como asegura haberlo manifestado en sus declaraciones patrimoniales “en donde es evidente la congruencia entre sus ingresos y gastos”.
Por ello, insistió en que probará que su patrimonio familiar “es producto del esfuerzo y el mérito profesional de dos personas que han trabajado honestamente durante más de 20 años”.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
