Chilpancingo, Guerrero, 17 de febrero de 2022. Al tercer día de que familiares de una niña me’ phaa abusada, denunciaron que en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón los obligaron a firmar un escrito para asumir los cuidados del embarazo de la menor de edad en la clínica de su comunidad y regresar con ella al octavo mes de gestación, la Secretaría de Salud Guerrero se deslindó de esas disposiciones e informó que el proceso de interrupción del embarazo comenzó ayer.
Oficialmente, la dependencia dijo que el lunes 14 de febrero, los abuelos y la tía presentaron una denuncia penal con una orden de urgencia médica para valorar la interrupción del embarazo de la menor de edad; ahora se sabe que no ha cumplido los 10 años.
La Secretaría agregó que los estudios clínicos de laboratorio y de imagenología arrojaron que el embarazo estaba avanzado, y la niña y su tía decidieron, con “información objetiva, veraz y eficiente sobre los riegos que conllevaría la interrupción del embarazo de una niña”, no continuar el procedimiento y retirarse el mismo día.
No obstante, el mismo 14, El Sur recibió la denuncia de la negativa del hospital para realizar la interrupción del embarazo, y sabe que el día siguiente, los familiares insistieron en conocer el estudio médico de riesgo que ordenó el Ministerio Público, donde presentaron una demanda por la violación de la niña.
Pero el boletín de la Ssa dice que hasta este miércoles 16, se recibió a la niña pero en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, donde se dispuso “un equipo de salud multidisciplinario conformado por ginecólogos, pediatras, médicos generales, enfermeras, sicólogos y personal de trabajo social, cumpliendo con la petición de los familiares y la paciente, se estableció que la interrupción del embarazo se realizara en la unidad de cuidados intensivos para mantener la privacidad del proceso y una mejor vigilancia.
Concluye que, la paciente “regresará a cuidaos intensivos hasta su recuperación total y pueda darse de alta, en todo momento tendrá atención por médicos especialistas, asimismo a la familia se le han dado todas las facilidades como alimentación y albergue”.
Persiste actitud en el hospital Raymundo Abarca para disuadir contra los abortos
Activistas feministas advirtieron que no es la primera vez que objetores de conciencia del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, desde su posición de poder en la institución de Salud, hacen desistir a víctimas del procedimiento de interrupción del embarazo.
Consultadas sobre el retraso en el servicio de interrupción a una niña indígena me’ phaa, las peticionarias de la alertas de violencia de género de violencia feminicida y agravio comparado, Marina Reyna Aguilar y Viridiana Gutiérrez Sotelo, coincidieron en que es una referente de muchas víctimas que sí han sido obligadas por los objetores de conciencia a concluir un embarazo no deseado, producto de violación.
La feminista Nacia Maciel Paulino llamó a no perder de vista la doble vulnerabilidad de la niña de Acatepec, de comunidades donde donde las mujeres son educadas para obedecer al marido, donde se ve con normalidad que casi maten a la esposa, y destacó el valor del acompañamiento de otras mujeres en un escenario tan difícil.
“Este caso visibiliza que el derecho de las víctimas a interrumpir un embarazo por violación no es efectivo en Guerrero”, denunció la peticionaria de la Alerta de violencia de Género por Agravio Comparado, Marina Reyna Aguilar.
En consulta telefónica, cuestionó: “¿si eso pasa en la capital del estado, qué no pasa en las otras regiones?”. Aseguró que la mayoría del personal médico del estado son objetores de conciencia y sólo actúan bajo presión.
De la respuesta de las autoridades en esta ocasión, reveló que hubo “mucha presión de la ciudadanía y del poder legislativo para agilizar la atención médica integral, ante la violencia institucional a la población vulnerable, infantil”.
Pero añadió que muchos casos donde los médicos obligan a víctimas a concluir embarazos no deseados producto de una violación no son visibles, pese a dos alertas de Violencia de Género están vinculadas al tema.
La de violencia feminicida de 2017, donde una medida señala capacitaciones sobre la NOM 046 sobre la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres la atención a víctimas, y la de Agravio Comparado, declarada en 2020, específica para retirar el obstáculo legal del Código Penal del estado.
Piden comparencias de la fiscal y la secretaria de Salud
La peticionaria de la Alerta por Agravio Comparado, Viridiana Sotelo Gutiérrez, explicó que la interrupción del embarazo por violación es el comienzo de la recuperación, del acceso a la justicia y del proceso de reparación del daño.
“Retrasar el procedimiento diez horas, 12, un día, es someter a tortura a las víctimas, ya está demostrado en las instancias internacionales”.
Consideró “muy oportuno que se llame a comparecer a las titulares de la Fiscalía, Sandra Luz Valdovinos, y a la secretaria de Salud Guerrero, Aidé Ibarez Castro, para que rindan cuentas sobre el caso de la niña indígena.
Aclaró que los tres poderes de gobierno tienen temas pendientes de resolver para la atención de las violencias como esa.
“El Ejecutivo viene arrastrando los vicios acumulados de administraciones anteriores, y las capacitaciones, talleres y sensibilizaciones con presupuestos importantes no funcionaron”.
Señaló también que no hay protocolos ni guía para la interrupción del embarazo, para determinar si se realiza por medicamento o con intervención quirúrgica, lo que ha prevalecido son los objetores de conciencia que toman decisiones morales”.
Denunció la omisión del Poder legislativo de reformar el Código Penal del estado de Guerrero, un obstáculo para el acceso a los servicios de salud para muchas mujeres y niñas que pocas veces trascienden a los medios de comunicación.
“El Congreso tiene la oportunidad de despenalizar el aborto para reparar este agravio, y comenzar a construir la política pública de atención a las víctimas en el sector salud.
“No puede retrasar más la reforma para comenzar cambio de paradigma. Justo ayer (martes) que anunciaron parlamento de mujeres para conmemorar el Día de las Mujeres mexicanas”. Exigió que dejen “los festejos y comiencen a garantizar derechos de las mujeres y de las niñas y sobre todo el de las víctimas”.
Del Poder judicial, dijo que debe intervenir también de manera efectiva en el acceso a la justicia, como el DIF y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), además de las Comisión de Asuntos Indígenas, que sólo han observado con normalidad estas todas las violentas.
No han cambiado realidades en la Montaña, admite Nadia Maciel
En diez años recorriendo Acatepec y otros municipios de la Montaña, la feminista indígena Nadia Maciel Paulino, indicó que encontró abuso sexual, violación, matrimonios forzados e incesto, y pese a pláticas y talleres de sensibilización en las comunidades reconoció que “no han cambiado las realidades”.
Explicó que “aunque las mujeres viven la violencia, se le criminaliza por ‘tirar un bebé’, en ocasiones autoridades comunitarias buscan casa por casa a la mujer que abortó.
Subrayó que, sin importar usos y costumbres, la violencia a las mujeres toca a todas las sociedades.
En el caso de comunidades indígenas, “he conocido a personas que dicen ‘ya basta, no se vale que me violen’; a lo mejor son pocas las que se atreven a hablar, pero están interesadas en hacer un cambio, porque los agresores son familiares cercanos”.
De la resiliencia de las mujeres indígenas a violencia, aclaró que tienen mecanismos de defensa diferentes a la cultura occidental, “en una comunidad sumisa, alejada, donde han educado a las mujeres a obedecer al marido, donde casi matan a una mujer en su comunidad, y la población deja pasar con normalidad”.
Destacó casos con el de la niña de Acatepec que tuvo la fortuna de ser acompañada de otras mujeres, y la mayoría ya no regresa a su comunidad porque son estigmatizadas, “deben tener mucho valor y acompañamiento de otras mujeres, no es una situación fácil”.
Remarcó que las violaciones están muy normalizadas en diversas sociedades que justifican los abusos del novio del marido, y en las menores edad “es obviamente violencia sexual extrema, se aprovechan de la situación y ejercen el poder que tienen los mayores”.
Texto: Lourdes Chávez
