Agenda Ciudadana
Lorenzo Meyer
El inicio del tercer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es buen momento para examinar su fondo con algunos conceptos básicos de política.
La definición más aceptada del poder político es la capacidad de un actor –individual o colectivo– de imponer su voluntad sobre la de otro, ya sea por la aceptación más o menos voluntaria de este o por el uso del instrumento de última instancia: la fuerza.
A nivel nacional, el uso del poder se hace o debiera hacerse dentro de un marco de normas formales e informales constituido por varios niveles. El más inclusivo es el Estado que, a su vez, contiene tanto al régimen como al gobierno, las arenas clásicas para el desarrollo de los juegos del poder. Una característica de la coyuntura mexicana es el esfuerzo de AMLO por hacer del gobierno el principal, que no único, instrumento para transformar al muy corrupto y disfuncional régimen neoliberal, heredero, a su vez, del régimen autoritario postrevolucionario.
Una forma de comprender lo que implica dicha propuesta de llevar a cabo, desde el gobierno, una transformación del régimen político es visualizar a este como una compleja red de instituciones tejida a lo largo de los últimos cien años y a través de la cual se han moldeado y canalizado los intereses y conflictos de los actores gubernamentales y no gubernamentales que han constituido la esencia de la vida pública mexicana en ese largo período.
A partir de 1988, por lo precario de sus recursos de poder, por ciertos errores en su estrategia y por tener que jugar con dados cargados en su contra, la izquierda mexicana que optó por la vía electoral vio una y otra vez como concluían en fracasos sus intentos por ganar la Presidencia. Y es que por décadas simplemente no logró movilizar el apoyo social interno y externo suficiente para superar los muchos obstáculos legales e ilegales que a lo largo del tiempo habían erigido los beneficiarios de un sistema tan corrupto como antidemocrático. Ese arreglo, creado alrededor de una Presidencia sin contrapesos efectivos y un partido de Estado sostenido por cooptación y represión, echó profundas raíces al amparo de las diferentes etapas del régimen de la post Revolución Mexicana. En 2018 esa izquierda electoral no revolucionaria pudo lograr el respaldo social suficientemente para obligar a los deslegitimados defensores de status quo a rendir la plaza.
Ahora bien, lograr el control de un aparato de gobierno bastante maltrecho, no significó modificar al régimen. Hace dos años, y usando la terminología militar, el lopezobradorismo capturó la primera línea de defensa del viejo orden –el aparato gubernamental– pero no su segunda línea, la conformada por los intereses creados, básicamente, económicos y que constituye el verdadero corazón de la estructura de poder a modificar.
Ahora el objetivo es modificar la red de instituciones heredada. Modificar es un término adecuado, pues a diferencia de experiencias históricas pasadas aquí y en otros países, la meta de la fuerza encabezada por AMLO no es sustituir al capitalismo por su némesis, el comunismo. Su utopía es, por realista, muy modesta: moderar los innegables, por evidentes, excesos del capitalismo mexicano; el modelo no es Cuba sino un sistema “a la escandinava”, es decir, una economía de mercado pero donde un gobierno democrático defina en cada etapa el “proyecto nacional” y haga efectivas las ideas y derechos sociales de una Constitución que, en principio, se ha elaborado para dar forma a un régimen libre de corrupción y capaz de lograr una asignación socialmente justa de los recursos siempre escasos. Sólo así el Estado mexicano sería lo que hasta hoy no ha podido ser: la cúpula protectora de los intereses de la mayoría.
