Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El miércoles 13 de mayo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan de Reactivación de actividades en el ámbito productivo, social y económico, para entrar a una nueva fase que denominó “el regreso a la nueva normalidad”. Por su parte, el secretario de salud el doctor Jorge Alcocer, comentó que estamos viviendo la etapa más critica de la pandemia, sin embargo, fue optimista al manifestar que “vamos por buen camino”. Explicó que el plan de reinicio de actividades será paulatino y que siempre se privilegiará la salud y la vida. En su turno, la secretaria de Economía Graciela Márquez resaltó que este plan de reapertura tiene que dar claridad, seguridad y certidumbre a los ciudadanos, a las empresas, así como a los gobiernos estatales y locales. Remarcó también que el plan tiene que ser gradual, ordenado y cauto, y se regirá por los principios de la economía moral y la eficiencia productiva.
El Plan tiene tres etapas: la primera inicia el 18 de mayo, con el proceso de reapertura de “los municipios de la Esperanza”, siendo 269 de ellos ubicados en 15 estados. Aunque este sábado 16, el subsecretario el doctor Hugo López-Gatell corrigió diciendo que son 324. Se trata de espacios donde no hay contagio y por lo mismo, en los próximos días (14 al 17 de mayo) se implementarían cercos sanitarios para protegerlos. A partir del 18 de mayo, se tendrá abierta la actividad escolar, el espacio público, laboral, de las personas vulnerables y las medidas que se tienen que tomar para salud pública y el trabajo. Estos municipios arrancarán sus actividades y los estarán monitoreando y acompañando con jornadas de salud para mantener su condición de demarcaciones sin contagio.
La segunda etapa será del 18 al 31 de mayo. Es de preparación para reiniciar los trabajos. Se elaborarán protocolos sanitarios con las empresas para el reinicio seguro de actividades; se capacitará al personal para seguridad en el ambiente laboral; se readecuarán los espacios y procesos productivos; y se instalarán filtros en los accesos a los espacios laborales.
La tercera etapa iniciará el primero de junio cuando termine la Jornada Nacional de Sana Distancia y operará con un sistema de semáforos por regiones. Se trata de un regreso a la “nueva normalidad” donde lo principal es seguir cuidándonos. Cuando el semáforo esté en rojo solo se podrán desempeñar actividades esenciales. Para el gobierno de la cuarta transformación, la minería, que es parte del modelo extractivista, es una actividad esencial, así como la construcción y la fabricación de unidades de transporte. A la industria automotriz le urge acelerar el paso ante la grave crisis que enfrenta y en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Ante este planteamiento de la apertura de los “municipios de la Esperanza”, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, expresó este domingo que “los 81 municipios del estado van a permanecer en la Sana Distancia y en #QuédateEnCasa, manteniendo el propio decreto ampliado hasta el 31 de mayo. Los temas de minería y construcción están en preparación para abrir al primero de junio. No vamos a regresar a clases este 18 de mayo. Ningún municipio de Guerrero regresará este lunes a la normalidad”. Los 12 municipios de Guerrero son Azoyú, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Cuajinicuilapa, Ometepec, Iliatenco, Marquelia, Juchitán, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Igualapa y Copala. Este último, fue reportado por la Secretaria de Salud, como un municipio con contagio, aunque ayer el subsecretario López-Gatell aclaró que no está.
Son evidentes las posturas divergentes que empiezan a manifestarse por parte de algunos gobernadores con relación al planteamiento anunciado por la secretaria de Economía, acerca de la primera etapa relacionada con la apertura de las actividades normales en los “municipios de la Esperanza”. Con respecto al estado de Guerrero, son seis municipios de la Costa Chica y cinco de la Montaña, que se encuentran dentro de los índices de mayor marginalidad. Hasta el momento desconocemos qué medidas implementaron, por parte del gobierno federal, para garantizar el cerco sanitario de estos municipios. Lo real es que se trata de localidades donde no hay personal médico, ni infraestructura hospitalaria, por lo mismo, es imposible que en esas comunidades se puedan detectar pacientes con síntomas del Covid-19. Además, en la Costa Chica y en la Montaña no hay laboratorios habilitados para hacer pruebas de PCR. Lo que sabemos es que solo en la ciudad de Tlapa hay un módulo de triage que revisa a los pacientes a través de la aplicación de un cuestionario de riesgo para identificar los síntomas. Por lo mismo, nada ni nadie nos asegura que en los 11 municipios no existen personas contagiadas. Por eso, es un gran riesgo que reinicien actividades los “municipios de la Esperanza”, porque no hay pruebas que indiquen que están libres de coronavirus.
Los mismos datos que se tienen sobre el número de personas fallecidas por Covid-19, sigue con la curva ascendente con 5 mil 177 defunciones a nivel nacional, superando el número de muertos que tuvo China. Por su parte, el gobernador informó que en solo dos días han ocurrido 15 fallecimientos en el estado, lo que refleja que la nueva normalidad no compagina con los datos duros de la realidad. Se requiere más bien una atención especial a los municipios que supuestamente no están contagiados, en primer lugar, para brindarles la atención médica que requieren, en segundo término, habilitar módulos de triage en las cabeceras municipales para tener un mejor diagnóstico de lo que está sucediendo en estos lugares. Hay registros de personas que han presentado estos síntomas, sin embargo, es complicado que puedan desplazarse a Tlapa o Chilpancingo para hacer mínimamente la revisión médica.
Con esta problemática que puede agravarse en las próximas semanas de mayo y junio, el escenario parece complicarse más con el acuerdo presidencial firmado el 11 de mayo, por el cual el presidente de la República dispone que las fuerzas armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Lamentablemente dicho acuerdo vuelve al modelo de militarización del país que se intentó afianzar en las administraciones pasadas, provocando graves violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en la impunidad. Este acuerdo extralimita las facultades de las fuerzas armadas, al señalar que puedan participar en actividades de prevención del delito, control migratorio, detenciones, preservación y procesamiento de escenas del crimen, entre otras, en todo el territorio mexicano. Tampoco existe subordinación de las fuerzas armadas a los controles civiles, además las faculta para que ejerzan sus propios mecanismos de supervisión y control interno, es decir, que el mismo Ejército se encargará de vigilarse. En el acuerdo no existen mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas.
En momentos en que la pandemia se encuentra en el pico de los contagios, resulta sumamente grave la publicación de este acuerdo. En los hechos se traduce en un mensaje perturbador, porque se privilegia el uso de la fuerza y se le apuesta al encubrimiento de las acciones violentas del Ejército. Es un acuerdo que en lugar de fortalecer a los cuerpos de seguridad da mayores facultades al Ejército para restablecer la legalidad con el uso de la fuerza. Los casos de tortura, de desaparición forzada y de tortura sexual cometidos por elementos del Ejército en el estado de Guerrero, que fueron juzgados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden reeditarse con este acuerdo presidencial.
El regreso a la normalidad dista mucho de la crítica situación que se vive en el país y en el estado. No solo la pandemia sigue causando estragos con un gran número de fallecimientos y con los centros hospitalarios llenos de pacientes intubados, sino por la violencia imparable que sigue increpando a las fuerzas del Estado. El quebranto económico es una realidad que empieza a generar malestar entre los diferentes sectores de la población.
El anuncio de la nueva política económica en los tiempos del coronavirus, que presentó el 15 de mayo el presidente de la república, esta planteado con mucho optimismo. Al querer establecer un Estado de bienestar igualitario y fraterno, y al propugnar que el Estado es y será garante de derechos que son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. Se propone construir la modernidad desde abajo, entre todos y si excluir a nadie. Reitera que está haciendo realidad el apotegma de Juárez: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Para el presidente, el regreso a la nueva normalidad debe de “ir acompañado de la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por su gobierno, y poner atención en todo aquello que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos”.
Dentro de los programas prioritarios que anuncia en su nueva política centrada en los ejes de democracia, justicia, honestidad y austeridad, además de sus programas estrellas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Becas para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, también están el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto general Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas.
El regreso a una nueva normalidad presenta muchos desafíos, sobre todo ante la recesión económica que golpeará fuertemente a la población pobre de México. Más allá de los 622 mil 556 millones de pesos que se destinarán a los programas sociales y a los proyectos prioritarios, es difícil vislumbrar una respuesta acorde a las demandas más sentidas de una sociedad marcada por la desigualdad y por la amenaza de una mayor polarización marcada por la militarización y la violencia delincuencial.
