Ciudad de México, 13 de febrero de 2021. Además de intervenir a la hora de designar al Fiscal General, el Senado de la República tendrá facultades para desahogar una eventual renuncia del titular de la FGR.
En videoconferencia con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, comunicó al funcionario que la iniciativa con la que se pretende reformar la Ley Orgánica de la dependencia había “sufrido modificaciones profundas”.
Además de reseñar que se había reforzado la independencia y autonomía técnica de los agentes del Ministerio Público de la Federación, Monreal explicó que en el artículo 24 del proyecto se incorpora “que el Senado de la República, así como tiene participación en la designación del Fiscal, también la tendrá en un caso de renuncia”.
Una eventual renuncia del Fiscal, se señala en el proyecto, deberá ser sometida, para su aceptación y aprobación de la Cámara alta, mediante el voto de las dos terceras partes de integrantes presentes.
La renuncia, detalló el senador, “solamente procederá por causas graves” y, como lo propone Morena, debería concederse “por una mayoría simple, no calificada”.
El anfitrión de la videoconferencia explicó, además, que se habían establecido los derechos de las víctimas, por lo que, entre las facultades de los agentes del Ministerio Público previstos en el artículo 40, se incorporaron elementos en favor de las víctimas: informar del delito y el derecho de designar a quien les dará asesoría jurídica conforme al proyecto.
Además, se dictaría, sin demora, en el caso de desapariciones, la orden de búsqueda y localización de personas desaparecidas cuando reciban denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con estos hechos.
La reforma resguarda los derechos de las víctimas, sostiene Ricardo Monreal
El más reciente proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República resguarda los derechos de las víctimas y robustece las atribuciones de esa dependencia para perseguir y sancionar el delito de desaparición de personas, sostuvo ayer Ricardo Monreal.
La bancada de Morena en el Senado presentó ayer al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, el documento de trabajo que, según el coordinador del grupo parlamentario, incluye “modificaciones profundas”.
Conforme al proyecto, se dictará “sin demora la orden de búsqueda y localización de personas desaparecidas cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos”.
De acuerdo con la descripción de los cambios que hizo Monreal al Fiscal General, en videoconferencia, en el proyecto habrían quedado establecidos los derechos de las víctimas, por lo que, entre otras facultades de los agentes de los agentes del Ministerio público -previstas en el artículo 40- se habían incorporado varios elementos en su defensa.
Entre otros, el de “informar a la víctima del delito o a la persona ofendida, desde el momento en que se presente o comparezca, sobre los derechos que le otorga la Constitución, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional”, amén de que tendrían el derecho de designar a quien les pueda ofrecer asesoría jurídica para su defensa.
“Dichas medidas de protección especial a favor de las víctimas, para la salvaguarda de sus derechos o bienes jurídicos en el marco de la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y las demás disposiciones legales aplicables, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas”, reseñó el senador Monreal.
Con base en el proyecto, por otra parte, el Senado tendrá facultades para desahogar una eventual renuncia del titular de la FGR.
La renuncia, detalló Monreal, “solamente procederá por causas graves”, y, como lo propone Morena, debería concederse “por una mayoría simple, no calificada”.
ONG ven falta de voluntad para erradicar la tortura en México
En México aún no existe la voluntad de reconocer a las víctimas de la tortura y erradicar esa práctica, señalaron organizaciones internacionales y nacionales.
“En la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”, advirtieron la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
Las organizaciones encabezaron una visita virtual de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de la ONU en 2019.
Helena Solà, consejera de la OMCT para América Latina, señaló que durante las entrevistas autoridades mexicanas indicaron que las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las que presume la erradicación de la tortura en México se han descontextualizado.
“Lo que está claro es que sigue habiendo disonancias, inclusive en la Administración federal. Si bien tenemos declaraciones muy claras en contra de la tortura, tiene que haber instrucciones que vinculen a todos los funcionarios públicos”, apuntó.
Texto: Staff / Agencia Reforma
