Es una clara contravención al texto constitucional, del principio de reserva de ley, de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público, declaran en su reunión nacional den Acapulco.
Texto: Karla Galarce Sosa / Foto: Carlos Alberto Carbajal
Acapulco, Guerrero, 22 de junio de 2018. Procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad por la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa en Iguala, y aseguraron que ese órgano se “excedió” en sus atribuciones.
En un pronunciamiento en un salón del hotel Princess del Acapulco Diamante, donde se desarrolla la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los encargados de la procuración de justicia en las entidades mencionaron que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, “es una clara contravención al texto constitucional”.
“Vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”, cita el texto que el fiscal general de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget leyó ante reporteros.
Carrancá Bourget dijo que no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución.
“No cabe una interpretación pro persona, pues la resolución del Tribunal Colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”, indicó.
Lo anterior, continuó, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que establece la Constitución General de la República, los tratados internacionales y los ordenamientos legales a favor de los imputados, así como de las víctimas y ofendidos de los delitos.
Al final dijo que “la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia reitera su compromiso con el pleno respeto al orden jurídico y a los derechos humanos en la actuación del Ministerio Público”.
En sesión de preguntas y respuestas el fiscal general del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez quien también estuvo en la conferencia, mencionó que “hubo un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que toma, no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y la verdad”, y será la Procuraduría General de la República la que determine si existe o no todavía un recurso.
Reiteró que un Tribunal Colegiado no es la autoridad facultada para determinar y coordinar una comisión de la verdad, ni tampoco puede, eventualmente, dar atribuciones de investigación a esa comisión.
“Como ha quedado señalado en el pronunciamiento, hay una afectación a todo el orden constitucional, el planteamiento que se está haciendo es que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien otorga facultades al ministerio público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos”, explicó.
El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado resolvió que la PGR no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el órgano del Poder Judicial de Federación determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados, fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.
Además, los magistrados advirtieron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
Como se informó en éstas páginas el Tribunal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo sería creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala y las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidos.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
