METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Francisco Alejandro Leyva Aguilar desayunaba cerca de su casa cuando lo mataron. Era miércoles 22 de julio. En un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla –municipio conurbano de Oaxaca–, dos hombres se aproximaron en una motocicleta. Uno descendió, caminó hacia él y le disparó tres veces por la espalda. Las balas le alcanzaron el cuello y la cabeza. Así terminó la vida de un periodista que había pasado años hablando en público sobre los riesgos que corría y que incluso había dejado asentado quiénes, desde su perspectiva, debían responder si algo llegaba a sucederle.
Tenía alrededor de 60 años. Había sido director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) durante el gobierno de Alejandro Murat y, más recientemente, publicaba en redes sociales una columna llamada El zumbido del moscardón. El nombre describía bien tanto su método como el efecto que buscaba: volar alrededor del poder, hacer ruido, incomodar, detenerse una y otra vez sobre aquello que el discurso oficial prefería mantener cubierto. Hablaba de corrupción, inseguridad, delincuencia organizada y posibles vínculos entre autoridades y redes criminales. Sus señalamientos podían ser excesivos, discutibles o ásperos. Nada de eso disminuye un milímetro la obligación del Estado de garantizar su vida como a cada una y cada uno de los periodistas y comunicadores de Oaxaca.
La libertad de expresión no es una concesión personal que el poder otorga a quienes informan, ni depende de que las autoridades estén de acuerdo con lo que se publica. Es un derecho colectivo. Cada vez que un periodista investiga, pregunta, denuncia, rectifica o irrita a un gobernador, no actúa sólo en nombre propio: ejerce una función que pertenece a toda la comunidad. Por eso, cualquier amenaza, campaña de desprestigio, persecución judicial o ataque armado contra un comunicador no se agota en la persona agredida. Es también un ataque contra quienes tienen derecho a saber qué ocurre, cómo se ejerce el poder, quién se beneficia de él y qué se intenta ocultar. Las afirmaciones de un periodista se responden con datos, derecho de réplica y argumentos. Nunca colocándolo públicamente en la mira, como acostumbran los actuales gobiernos. Silenciar una voz es también reducir el campo de verdad disponible para todas y todos.
Alejandro Leyva llevaba tiempo diciendo que estaba en riesgo. Según la organización Artículo 19, después de ser exhibido en la sección gubernamental llamada Trapitos al sol, de Salomón Jara, recibió amenazas y hostigamiento digital. Presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y una denuncia por amenazas. La Defensoría desestimó su queja porque no encontró elementos para determinar posibles violaciones cometidas por autoridades estatales ni municipales. La Fiscalía General de la República se declaró incompetente. En noviembre de 2025, además, Artículo 19 documentó un procedimiento administrativo iniciado en su contra por hechos supuestamente ocurridos seis años antes, cuando dirigía la Cortv, y lo consideró una forma de acoso judicial.
Después del asesinato, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, declaró que durante esta administración no se habían registrado ataques provenientes del gobierno estatal contra periodistas. La frase revela una manera muy tramposa y ya sistematizada de la autollamada 4T de entender la responsabilidad pública. Un gobierno no queda exonerado sólo porque no se haya demostrado que uno de sus funcionarios apretó el gatillo. También responde por las condiciones que crea, por las amenazas que ignora, por la protección que no ofrece de manera confiable, por el uso del aparato público para hostigar voces incómodas y por la estigmatización que ejerce diariamente desde tribunas financiadas con dinero público.
La violencia contra la prensa rara vez comienza con un disparo. Comienza cuando desde el poder se divide a los periodistas entre buenos y malos, honestos y vendidos, aliados y enemigos. Cuando una conferencia oficial se utiliza para exhibir nombres, fotografías, números telefónicos, entorno privado, familiar y medios. Cuando una investigación periodística sobre inseguridad es presentada como una campaña opositora. Cuando el gobernante llama mentira a cualquier dato que contradiga su relato. Ese lenguaje no mata por sí solo, pero vuelve legítimo el desprecio contra quien informa, reduce el costo social de agredirlo y comunica a funcionarios, caciques, policías y grupos criminales que ciertas personas se encuentran fuera del círculo de protección.
El gobierno de Salomón Jara ya había sido advertido sobre esta conducta. En agosto de 2023, Artículo 19 condenó la estigmatización de la periodista Ángeles Nivón después de que ella publicara una columna sobre homicidios y feminicidios basada en cifras oficiales. Desde su conferencia, el gobernador habló del “tumor de la mentira” y de una guerra sucia; su secretario de Gobierno proyectó la publicación de la periodista para descalificarla. El mensaje no podía ser más claro: quien contradijera la narración oficial sobre la seguridad de Oaxaca sería tratado como adversario político.
Alejandro Leyva fue asesinado en el momento más rentable del calendario oficial. Mientras su familia velaba el cuerpo, Oaxaca estaba tapizada con los colores y la música de la Guelaguetza. El contraste se volvió todavía más brutal el sábado siguiente. Familiares y amigos de Leyva acudieron al parque El Llano para manifestarse pacíficamente durante el desfile de delegaciones. De acuerdo con su testimonio, personas vestidas de civil comenzaron a fotografiarlos y dos policías armados se colocaron frente a ellos. Más tarde, un grupo de unas treinta personas los rodeó y los obligó a retroceder. Había mujeres, menores de edad, adultos mayores y una mujer embarazada. El gobernador, que encabezaba el desfile, abandonó el recorrido antes de llegar al punto donde se encontraba la familia. Cuatro días después del asesinato, Salomón Jara no se había acercado personalmente a los deudos.
Durante 2025, el fotoperiodista mazateco David Peralta Betanzos sobrevivió a un intento de homicidio en Eloxochitlán de Flores Magón: mientras tomaba fotografías, intentaron atropellarlo dos veces y tuvo que lanzarse a un río para escapar. En México han sido asesinados 181 periodistas desde el año 2000 en posible relación con su trabajo, según Artículo 19. Alejandro Leyva fue el séptimo en lo que va de 2026 y el quinto en apenas seis semanas. Cada homicidio funciona como una forma de censura colectiva: no sólo elimina la voz de una persona, sino que envía una advertencia desde el poder a todos los demás.
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