Eduardo Pérez Haro
Para Jaime de la Mora
Los debates no inciden como en elecciones anteriores y la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura independiente aún no refleja hacia donde se mueven las predilecciones de sus simpatizantes, pero, en cualquier caso, no alcanzan a modificar las tendencias. Las preferencias del voto, hasta ahora, no registran cambios sustantivos. El hartazgo frente a los partidos tradicionales sigue siendo la premisa y factor preponderante en las intenciones de voto. López Obrador es ya, virtualmente, el ganador y las únicas maneras de competirlo o desplazarlo de tal condición sería la alianza del PAN-PRD con el PRI y el fraude, pero no parecen ser opción, la ruptura entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto para ellos está sobrepuesta y el tamaño de la ventaja de AMLO técnicamente no da margen para el fraude bajo ninguna fórmula.
El acceso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república se perfila como un hecho que podría abrir posibilidades de cambio en la política, en la economía y en la sociedad, pero los cambios necesarios para responder a la agenda social no se suceden por el sólo hecho de haber voluntad y buena fe del nuevo Titular del Ejecutivo Federal. Que haya esa disposición e intencionalidad siempre será mejor que no tenerla, pero el margen de maniobra responde a la fuerza y capacidad organizativa que las sociedades de base tengan y así, para marcar el rumbo y el camino, pues de lo contrario los cambios pueden quedar en la superficie sin tocar el fondo, dirigirse en sentido equivocado o no hacerse.
La ciencia de la conciencia no está en la disposición y la intención sino en la correcta interrelación-traducción que precisa la demanda social para procesar su concreción bajo las reglas de funcionamiento del sistema y el particular entramado de la realidad económica, política, social y cultural de México y su específica inserción y circunstancia en el sistema-mundo–globalizado. Un asunto que no se cubre, no se muestra ni se discute en los actos de proselitismo ni en los eventos mediáticos de las campañas porque se asume que no rinde votos, y por tanto, a la discusión de contenidos del proyecto de gobierno, no se le conceden mayormente otros espacios, pero tendremos que ver y discutir en algún momento, antes de que sea tarde. Los votos son lo más importante de la elección, no lo vamos a discutir, pero si la participación social organizada es el fundamento del margen de maniobra del gobernante, es su fuerza de dirección y su bastión de implementación entonces la interrelación-discusión se torna asunto principal.
En la sociedad de mercado (hoy por hoy, prácticamente no hay otra), los cambios sustantivos están cifrados por la capacidad de producción y comercio, y, ciertamente, la realidad no se agota en ello, pero sin ello lo demás no vuela. De manera que la premisa del desarrollo no se funda, esencialmente, como podría suponerse, en la acción distributiva del Estado-gobierno porque no es ahí donde se sucede la actividad productiva y de comercio. Ello no significa que el Estado-gobierno esté de más, su acción es de especial relevancia en las dimensiones de la cultura, la legislación, la seguridad, la mediación de intereses, pero, sin duda, una tarea muy importante también está frente a la economía para el desarrollo, efectivamente, no todo es economía en la organización social y su reproducción, pero la economía es asunto que usa el mayor tiempo de la vida activa de la gente y el Estado-gobierno no puede limitarse a las líneas de ayuda sin hacerse cargo de la rectoría, no de los negocios, pero si del patrón de acumulación o de crecimiento y desarrollo económico. Consecuentemente, hablamos de sociedades de base como factor económico preponderante. No hay economía sin sociedad ni sociedad sin economía. Este es el quid de la economía política, y en ello va la acción del Estado-gobierno.
En los planteamientos expresados directamente de asesores y vistos en materiales de divulgación de Morena-AMLO o afines (Pejenomics abremaslosojos.mx) se reconoce un esquema de ahorro y reasignación del gasto público sin cambios fiscales recaudatorios y la ampliación e incrementos de ayuda social a la vez que aclaraciones xxxx de cara al sector empresarial y el propósito de mayor competencia bancaria, fondos mixtos para infraestructura, aumento y diversificación de exportaciones, cero deuda y baja inflación, turismo y programas universales que incentivaran el consumo y las economías regionales. Todo suena aparentemente bien, pero cabe preguntarse ¿qué hay entonces de las medidas para el desarrollo de las capacidades de producción y comercio? ¿qué hay del “cambio de modelo”?, pues en esto que se dice sin rubor alguno, sencillamente no hay ninguna novedad, todo es “eficiencia de la administración pública”.
Nadie está en desacuerdo por la austeridad y mejor racionalidad del gasto público, y nadie ve mal que se ahorre para aumentar la ayuda social, mucho menos que se combata la corrupción, pero en ello no descansa la posibilidad del desarrollo que esencialmente vendría del cambio en ¿qué se produce?, ¿cuánto se produce? ¿cómo se produce? y ¿para quién se produce? y no tanto por lo que se hace sino por lo que no se hace, tampoco se reconocen los esquemas para la desestructuración de los monopolios en la financiación y el comercio que inhiben los accesos a medianos y pequeños productores de la economía urbana y rural y la diversificación con el que habríamos de cambiar hacia una mejor condición nacional y de la ocupación-ingreso de los trabajadores, a la vez de contar con una condición para inscribirnos de mejor manera en la economía mundi@l.
El Estado-gobierno no puede desparramarse en ofrecer un poco de todo para todos, ni en el discurso, no sólo porque no le alcanza ni se pude quedar bien con todos sino porque no se trata de eso. Abatir las desigualdades y desequilibrios, asegurar un mayor dinamismo en el crecimiento bajo esquemas de mayor nivel y alcance en la distribución del ingreso producto del trabajo y contrarrestar la dependencia con Estados Unidos, implica definiciones y compromisos con los trabajadores y la inversión, amén del fortalecimiento de la política social.
Se precisa puntualidad de acuerdos respectivos que se consagren en la ley y la reglamentación, alrededor de la infraestructura de producción y comercio como bienes públicos debidamente articulados con los sectores y segmentos sociales organizados; y no sólo un porcentaje presupuestal, compromisos de profundidad en la educación y la calificación de la fuerza de trabajo con derechos de gratuidad y economías de contrato con el sector inversor; revoluciones en las formas de organización del trabajo para la productividad indexada con ingresos y derechos de seguridad social y pensiones jubilatorias sobre líneas de suficiencia en línea base, integración de redes de valor apalancadas con subsidios a costos incrementales por factores de mejoramiento de la productividad; capital de riesgo por innovación de productos y de procesos productivos y de gestión comercial dentro y fuera de México a la vez que esquemas de asociación de capitales sociales y privados en condiciones de proporcionalidad respectiva de los dividendos y nada de “cero deuda externa”, en todo caso transferencia de financiamiento externo, que es tres veces más barato que el crédito nacional, a pequeños y medianos productores organizados.
El desarrollo socioeconómico es una cuestión concreta que tiene rumbo y parámetros, que tiene referentes y vías alternas que cuentan con una experiencia y crítica de los que no se debe de hacer, insistir o repetir, técnicamente sabemos por dónde y se hace con los trabajadores y sí, con los inversores, pero siempre con los trabajadores que son los que mueven la fábrica o la oficina por más automatizada o fragmentada que se presente. El cambio no puede ser un esquema de austeridad que no discute con el neoliberalismo y el pasado que en su devenir nos tiene ante la exigencia del cambio. El equilibrio de las finanzas públicas es el eje ordenador del Consenso de Washington. El cambio implica redefinir el qué y el cómo, o no habrá cambio verdadero. (Continúa).
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