Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar esta figura generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia, sostienen el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica, María Estela Ríos González, en un comunicado dirigido al máximo tribunal. “Se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita, no usarlo como pretexto para liberar a diestra y siniestra”, afirma el presidente López Obrador
Ciudad de México, 25 de agosto de 2022. Si la Suprema Corte de Justicia elimina la obligatoriedad legal de la prisión preventiva oficiosa, prácticamente expondrá a los jueces a la llamada ley de plata o plomo.
Lo anterior se desprende del pronunciamiento del Gobierno de México dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que le pide que mantenga la figura de prisión preventiva oficiosa, “tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
En un comunicado publicado desde la página de Presidencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, pidieron al máximo tribunal que en la discusión que sostendrá sobre este tema considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal
La postura de ambos funcionarios es resultado de una instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia mañanera, en la que consideró que la esencia de las modificaciones previstas por la SCJN “es que se busca impunidad y corrupción”.
“Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica, porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte: una es eliminar delitos considerados graves y otra, por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Hoy vamos a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esa reforma, pues que se sepa cuando menos de qué se trata, no ocultar nada”, dijo López Obrador en la conferencia.
“Y le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros”, añadió.
En el comunicado firmado por el titular de Segob y la consejera jurídica, se recuerda que la SCJN en próximos días resolverá dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008.
En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
“La Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias (cero impunidad), con pleno respeto a los derechos humanos”, añade el comunicado.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.
“Delitos de alta gravedad como ‘abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción —tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones—, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, de conformidad con nuestra Constitución implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión”, detalla el comunicado.
En ese contexto considera que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, concluye el comunicado.
La esencia del proyecto de la Corte es “buscar la impunidad y corrupción”, asegura AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el proyecto de la Suprema Corte que busca eliminar la prisión preventiva podría dar paso a la impunidad y la corrupción.
Tras anunciar que pidió al titular de Segob y a la consejera jurídica fijar una postura clara, consideró que “hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia, y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto”.
–¿Cuál es la esencia, presidente? –se le preguntó.
“La esencia es que se busca impunidad”, respondió.
–¿Corrupción?
“Y corrupción, claro, impunidad y corrupción”, remató López Obrador.
El mandatario insistió en que no debe ser pretexto para liberar a “diestra y siniestra”.
“Se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita, no usarlo como pretexto para liberar a diestra y siniestra, y además hay delitos graves”, expuso y agregó:
“¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, a la maestra Elba Esther y a otros los juzgaron o los acusaron de lavado de dinero, porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción; entonces, retorcían la ley porque lo que querían era encarcelarlos.
“Recuerdo cuando a un dirigente magisterial, un hombre humilde, lo detienen cuando querían imponer la mal llamada educativa. ¿Y de qué creen que lo acusan? De lavado de dinero.
“Entonces, se hicieron modificaciones constitucionales y ahora quieren dar marcha atrás a eso”, aseveró.
Reforma publicó que la SCJN se perfila a eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país, con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Conforme el proyecto, la SCJN dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga, sin importar el delito.
Con ello sólo existiría la prisión preventiva justificada, en la cual la Fiscalía tiene que dar pruebas para mantener al acusado en prisión.
“Sería un problema para la seguridad de las mujeres”, dice Sheinbaum
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado de preocupación ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva en el sistema judicial, y pidió que no se retire.
“Creo que sería un grave problema, no solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida.
“Muchas veces es a criterio del juez y la propuesta evidentemente de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si esta se elimina representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad, estoy convencida de ello”, consideró Sheinbaum.
Texto: Redacción y Agencia Reforma
