Mantuvo Javier Olea el pacto de impunidad para Zeferino y dejó en ceros el caso Chavarría, señala Martha Obezo
Emite el Congreso convocatoria para designar
al nuevo fiscal; saldrá lista de diez candidatos
Debaten sobre el papel de Javier Olea. Aunque la renuncia “es tardía, es positiva porque permitiría agilizar el esclarecimiento de múltiples asesinatos que se mantienen en la impunidad”, dice el perredista Perfecto Rosas. “Hizo el mejor y mayor de sus esfuerzos”, sostiene el priista Héctor Vicario.
Texto: Rosalba Ramírez García
Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo, Guerrero. El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la renuncia del fiscal general del estado y emitió la convocatoria para que “los profesionales del derecho” se puedan registrar, y elegir a quien lo suplirá.
En la convocatoria que emite el Congreso, los diputados elegirán a diez profesionales que cumplan con los requisitos. Esa lista será enviada al gobernador del estado, quien la remitirá al Poder Legislativo una terna de la cual saldrá el próximo fiscal.
De acuerdo con la convocatoria no podrán aspirar aquellos que halla sido titulares de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal o municipal, o representante popular federal o estatal, durante dos años previos a su designación. Ni aquellos que hallan sido dirigentes de algún partido político ni postulado para cargo de elección popular dentro de los tres años anteriores a su designación.
La Junta de Coordinación Política será el órgano encargado de recibir, cotejar, revisar e integrar expedientes; vigilar el debido cumplimiento en la entrega de la documentación necesaria establecida en la presente convocatoria; valorar los antecedentes curriculares de los aspirantes; en su caso, registrar a los aspirantes para ser titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y formular la propuesta de diez nombres al gobernador.
Las solicitudes de registro de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal General del Estado se recibirán a partir de hoy al 7 de mayo, con excepción de los días 28, 29 y 30 de abril, en la sede del Congreso local.
El Poder Legislativo tiene 20 días hábiles para designar al nuevo fiscal general del estado, una vez emitida la convocatoria para los profesionales del derecho, y que de una lista de diez se envíe al gobernador del estado y la remita a través de una terna y finalmente sea el pleno del Congreso quien designe al nuevo fiscal general del Estado, ya se sea hombre o mujer.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Vicario Castrejón puntualizó que el Congreso local tiene 20 días para llevar a cabo el proceso legislativo de acuerdo a lo que marca la ley orgánica. Sin embargo tratarán de designar al nuevo fiscal en menos tiempo ya que la Fiscalía no puede estar sin un titular legalmente nombrado.
A nombre de la fracción del PRD intervino el diputado Perfecto Rosas, quien dijo que la renuncia de Olea Peláez “deja a todos los guerrerenses un cúmulo de respuestas sin contestar, pero más aún, un número considerable de delitos sin resolver. Es un hecho innegable que el estado de Guerrero está atravesando por un periodo de violencia sin precedentes en nuestra historia, problemática a la que se suma la falta de efectividad de nuestras autoridades de procuración de justicia”.
Y que la renuncia del fiscal general puede ser “una gran oportunidad de enmendar el error de quienes lo designaron, para retomar con la responsabilidad que se merece y este Poder Legislativo designe a una persona que tenga verdadera vocación de servidor público, de ganas de dar resultados a los guerrerenses y de empeñar todos sus conocimientos y capacidades en beneficio de la institución de mayor responsabilidad en la procuración de justicia. Características de las que como se demostró carecía el licenciado Javier Olea Peláez”.
Dijo que para el grupo parlamentario del PRD aunque la renuncia “es tardía, es positiva porque consideramos que el cambio puede permitir agilizar el esclarecimiento de múltiples casos de asesinatos que mantienen en la impunidad a los culpables, y mencionó casos como el asesinato del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto que quedó sin esclarecer.
Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados del PRI, Héctor Vicario Castrejón, pidió que no se trate de obtener reflectores políticos condenando hechos “faltando a la verdad”.
“En Guerrero basta recordar cómo se recibió el gobierno, edificio quemados, carreteras bloqueadas, ingobernabilidad, y hoy Guerrero ha dejado de estar en los primeros lugares de violencia e inseguridad, por supuesto no podemos estar satisfechos con lo que se ha logrado, pero la ruta debe ser la participación de todos, abonando a la buena fe y buena intención para lograr el cargo que necesitamos los guerrerenses”.
Vicario Castrejón reprochó que “hablar de Ambrosio Soto no sé si quien me antecedió sabe dónde pasó ese homicidio, fue en Michoacán. En el caso de Demetrio hay detenidos y un proceso de investigación, en el caso de Roger Arellano están identificados y hay órdenes de aprehensión y en el caso de Armando Chavarría ocurrió en un gobierno perredista. No deben de venir a incriminar a un gobierno que con grandes esfuerzos trata de salir adelante. La renuncia es una buena oportunidad para la oxigenación de estas dependencias, de esta Fiscalía autónoma, a efecto de poder nosotros en coordinación con el ejecutivo, elegir a la o el mejor profesional de derecho que no solo cumpla con los requisitos constitucionales”.
Y defendió a Olea Peláez: “Javier Olea sabía de derecho, no debemos dejar de reconocer que hizo el mejor y mayor de sus esfuerzos y ojalá que quien venga llegue con el suficiente consenso de las y los diputados para realizar su trabajo y no tengamos que vulnerar a tan importante institución. Yo creo que es importante que se fije postura, pero hay maneras, hay formas en que éstas se deben expresar y no en detrimento de las mismas instituciones”.
Ratifican a magistradas
El pleno del Congreso local ratificó los nombramientos de Virginia López Valencia y Martha Elena Arce García, como las magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (Junta local de Conciliación y Arbitraje) quienes tuvieron el voto mayoritario del pleno.
Con 34 a favor 0 en contra y 2 obtenciones, el pleno del Congreso local ratificó el nombramiento de Martha Elena Arce García al cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, quien deberá desempeñar adscrita a la sala superior del citado órgano jurisdiccional.
También fue ratificado el nombramiento de Virginia López Valencia, con 36 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, quien deberá desempeñar adscrita a la sala superior del citado órgano jurisdiccional. Ambas ratificaciones fueron expedidas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Otros temas
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso exhortar a los ayuntamientos de la entidad para que apliquen las acciones, programas y propuestas que coadyuven a la cultura de la paz y la no violencia en sus territorios.
Asimismo, se aprobó el dictamen que deja sin efecto las licencias indefinidas de Luis Enrique Pachuca Carmona, Mario Villano Merino y Antonio Covarrubias Rivera, y se les tiene por reincorporados al cargo y funciones de regidores del municipio de Ometepec, Malinaltepec y Atoyac, respectivamente.
En tanto que la diputada Celia Quiroz Vargas presentó un exhorto a las secretarías estatales para que implementen “políticas transversales en beneficio de la niñez guerrerense, presentando las acciones y los resultados en sus respectivos informes anuales”.
(En la imagen: Diputados votan para aprobar la renuncia al cargo del fiscal general del estado de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez y para emitir la convocatoria para seleccionar al nuevo titular. Foto: Jessica Torres Barrera)
Obezo: mantuvo Olea el pacto de impunidad
para Zeferino y dejó en ceros el caso Chavarría
Recuperó la línea que señalaba a presuntos miembros del ERPI, misma que volvió a ser rechazada por el juez, denuncia la viuda del diputado.
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero. En ceros, sin ningún avance, y congelado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dejó el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez el caso del asesinato del diputado local del PRD Armando Chavarría Barrera, declaró su viuda, Martha Obezo Cázares.
Informó que el TSJ no sabe qué hacer con el expediente porque el juez de Primera Instancia del Ramo Penal Leoncio Molina, negó nuevamente las órdenes de aprehensión contra los supuestos asesinos materiales, que según la línea que retomó el ahora ex fiscal son del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Consultada ayer con respecto a cómo el ex fiscal dejó el caso del asesinato de su esposo, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Armando Chavarría, asesinado el 20 de agosto del 2009, Obezo declaró que “lo dejó como al principio, sin ningún avance, y trabado en el TSJ”.
Añadió que actualmente no saben qué hacer con el expediente en el TSJ a donde fue turnado por el ahora ex fiscal, quien concluyó con la misma línea de investigación que había sido desechada desde el 2010 y 2011 por un juzgado federal y por el Tribunal Colegiado de Circuito, en referencia a la hipótesis que señala a miembros del ERPI.
La viuda dijo que el fiscal Olea retomó esa línea a pesar de que no existe sustento en la investigación y aun así la consignó ante al juez Leoncio Molina, “a pesar de que un expediente así, que contiene tantos vacíos y múltiples violaciones al debido proceso no podía ser consignado”, declaró.
Añadió que fue por esa causa que el juez Molina negó nuevamente las órdenes de aprehensión “y con eso se desechó literalmente esa línea”, pero dijo que el expediente permanece en el TSJ, pero sin ningún avance como al inicio.
Informó que recientemente le enviaron una notificación en el sentido de que aún están estudiando el expediente “y yo, en realidad, no sé qué vayan a hacer con él, yo esperaba que la segunda sala ratificara la resolución del juez, pero no han hecho eso y simplemente están dejando pasar el tiempo”, manifestó Obeso.
La viuda de Chavarría, opinó que el estancamiento del caso seguramente obedece a “los pactos inconfesables y de impunidad” y que no cree que la investigación no avance por falta de capacidad.
“Yo creo que en esta administración quisieron sellar ese pacto de impunidad para no tocar a quien ha sido señalado como responsable intelectual del asesinato”, expuso en referencia al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, actual candidato del PT a alcalde de Acapulco en cuyo periodo fue asesinado Chavarría.
Obeso se quejó que han pasado ocho procuradores y un fiscal, y cuatro gobernadores con el actual y el caso sigue como al principio, “nunca como ahora se había llegado a niveles de impunidad como los que estamos viviendo”, denunció.
En este contexto, opinó que la renuncia de Oléa se debe más a un cálculo político que al interés de recuperar la Fiscalía para ponerla al servicio de la sociedad, “están las elecciones en puerta y por eso lo remueven, porque ya está muy desgastado, muy cuestionado, porque no ha resuelto ningún caso, los casos comunes, y menos los de impacto social alto como éste”.
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Páginas 2 a 5
