Es importante pero llega tarde, dice Tlachinollan. A cuatro años y seis meses del desalojo a balazos de la Policía Federal de la iglesia de la colonia Tepeyac de Tlapa, el organismo acredita que se transgredieron los derechos humanos.
Chilpancingo, Guerrero, 5 de enero de 2019. A cuatro años y seis meses del desalojo a balazos de la Policía Federal de la iglesia de la colonia Tepeyac de Tlapa, donde fue asesinado el joven activista Antonio Vivar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación donde pide al gobernador Héctor Astudillo Flores y al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, un procedimiento legal en contra de 10 funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La recomendación 85/2018 va dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobierno del estado y a la Fiscalía, así como al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del procurador general de la República.
El organismo dice que luego de la investigación fue acreditado que con la actuación de las fuerzas de seguridad se transgredieron los derechos humanos, a la integridad personal y dignidad de las personas, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la inviolabilidad al domicilio, “uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de una de las víctimas y retención ilegal”.
De acuerdo con la narrativa de la CNDH la queja fue presentada entre el 6 y 8 de junio de 2015 por particulares y organizaciones de la sociedad civil por correo electrónico y vía telefónica, denunciaron que el 5 y 7 del mismo mes y año policías estatales, federales, granaderos y militares en diferentes momentos y lugares habían lesionado y detenido ilegalmente a un grupo de personas, y demandaron una “investigación que estableciera la verdad de los hechos”.
En ese desalojo con disparos de arma de fuego asesinado Antonio Vivar, quien murió en el hospital, otros más fueron heridos, fue cortada la energía eléctrica en el municipio, la Policía Federal irrumpió en la casa de una de las víctimas y en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), donde fueron detenidas arbitrariamente varias personas, entre ellas una menor de edad y uno de los detenidos fue torturado, se indica.
Debido a esta situación los pobladores de la cabecera de Tlapa reclamaron a los uniformados su actuación y retuvieron a 35 policías federales dentro de la capilla de la colonia Tepeyac, llegando al acuerdo de dejarlos en libertad cuando fueran liberadas las víctimas detenidas.
Sin embargo, la Policía Federal incumplió y el 7 de junio de 2015 reactivó la operación e ingresó a la colonia Tepeyac, ahí desalojó a los pobladores para liberar a los agentes haciendo uso de gases lacrimógenos y armas de fuego, lesionó a 17 personas y mató a otra.
La CNDH dice que “desaprueba los actos ilícitos cometidos por cualquier persona en contra de otra y, en particular contra las fuerzas del orden público, porque ninguna protesta o exigencia social justifica realizar conductas contrarias a derecho, como tampoco la autoridad debe excederse en el uso de la fuerza”.
En la recomendación se establece que el gobernador colabore en la queja que se inicie ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a fin de que inicie procedimiento administrativo contra 10 servidores públicos estatales involucrados.
Además que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se brinde la reparación integral del daño a una de las víctimas lesionadas, y que la Fiscalía diseñe e imparta en tres meses a partir de la aceptación de la Recomendación un curso integral dirigido al personal policial, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, misma recomendación a la Policía Federal.
Además se solicita al titular de la Sedena que colabore con la integración de la denuncia de hechos de la CNDH ante la PGR, y con la queja que interponga en la Visitaduría General de la Procuraduría y en el Órgano Interno en la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra del personal de la Policía Federal y agentes militares por la retención de las víctimas.
Al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del procurador general de la República, se le solicitó esclarecer la verdad de los hechos y en su caso determinar la responsabilidad penal que pudiera existir.
Iniciar la carpeta de investigación por la denuncia de una de las víctimas de tortura.
Además de investigar y deslindar las responsabilidades por la pérdida de dinero y pertenencias de cuatro de personas, atribuidos a la Policía Federal, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinde la reparación integral a los 14 agraviados y a los familiares de la víctima mortal.
El organismo dice que las lesiones que presentaron elementos de la Policía Federal deberán ser investigadas por la autoridad competente para deslindar responsabilidades.
Es importante la recomendación de la CNDH sobre Tlapa, pero llega tarde, dice Tlachinollan
Da cuenta del involucramiento de las autoridades estatales y federales, en exceso de fuerza, detenciones arbitrarias y “una ejecución extrajudicial, aunque ahí no se menciona”, expone Abel Barrera.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 85/2018 a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al gobierno del estado, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República (PGR) por las agresiones contra activistas del boicot electoral de junio de 2015 en Tlapa, “es importante aunque llega tarde, después de tres años”.
Dijo que ahora las autoridades deben cumplir que no se repitan los hechos y se reparen los daños a las familias agraviadas, se investigue y proceda penalmente contra los involucrados en el asesinato del activista Antonio Vivar Díaz, en toda su dimensión, y con eso se honre su memoria, el apoyo en su búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “porque él estaba desarmado, no le encontraron ningún indicio de alguna droga o bebidas embriagantes o que estuviera armado o disparara”.
Además de hablar de alguien que velaba por las personas, que se solidarizó con los ocho detenidos, entre ellos un menor de edad que de manera injustificada fueron trasladados al batallón en Tlapa y de ahí a Acapulco.
Agregó que analizarán la recomendación para tener claros los alcances y compartirla con los agraviados para poder formalizar una postura pública, sobre todo de la familia de Vivar Díaz, para así hablar con las autoridades para que den cumplimiento y en verdad atiendan los planteamientos de los afectados y que estos se sientan escuchados, se reparen los daños y su honorabilidad.
Detalló que la recomendación da cuenta del involucramiento de las autoridades estatales y federales, donde lamentablemente hubo exceso de fuerza, detenciones arbitrarias y “una ejecución extrajudicial, aunque ahí no se menciona, para nosotros sí la hubo por el ataque directo contra Toño”.
“La CNDH no pudo argumentarla por falta de elementos, de pruebas suficientes, pero hubo una agresión directa por parte de la Policía Federal”, remarcó.
Dijo que la situación fue grave por el contexto de agresión en que se dieron las cosas con la intervención de grupos de choque afiliados a partidos políticos para hacer el trabajo sucio a los federales, a las autoridades estatales y municipales en la agresión a las voces que se oponían al proceso electoral.
Mencionó que eso se enmarcó en graves violaciones a los derechos humanos por la agresión sistemática del 1 al 7 de junio que se llevó en Tlapa bajo el nombre de Operativo Tierra Caliente, en que asignaron un gran número de agentes federales que se acuartelaron en el batallón para reaccionar ante cualquier circunstancia en el proceso electoral.
Dijo que fue un exceso la participación de policías federales, militares, estatales y de otras corporaciones municipales en diversos momentos. Aunado a eso la conformación de grupos de choque para la confrontación contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.
“Fue una acción de la Marina, Sedena, Policía Federal contra un movimiento que había resistido y mostrado su malestar con la toma del Ayuntamiento por días, no eran un peligro para la jornada electoral, bastaba monitorear su comportamiento y no usar la fuerza letal contra ellos porque fueron agresiones y desalojos contra integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), se detuvieron a personas de manera premeditada y se actuó contra dirigentes como Antonio”.
“En el análisis de la CNDH vemos que las instituciones de seguridad se usan para reprimir y usar su fuerza letal para atacar los movimientos de malestar, de protesta que fueron generados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.
Expuso continúan las acciones de los partidos políticos y sus candidatos en la compra o coacción de votos fomentando grupos que actúan fuera de la ley, y que se justifican ante un modelo de democracia débil que no representa a los ciudadanos.
Reiteró que la recomendación muestra cómo actúan los policías, de manera irregular, por lo que se tienen que profesionalizar y capacitar y se debe investigar al responsable de asesinar a Antonio Vivar.
La CNDH identificó detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y allanamiento de morada durante el boicot electoral de junio de 2015 y en los ataques en que fue asesinado Antonio Vivar, quien resguardaba la iglesia de la Colonia Tepeyac donde pobladores retuvieron a 35 policías federales.
En el municipio hubo un corte de energía eléctrica así como la irrupción de policías federales en las oficinas de la CETEG y en casas particulares, donde vecinos fueron detenidos.
A la PGR se le solicitó continuar la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa con la finalidad de esclarecer los hechos violentos.
Así como deslindar responsabilidades que correspondan en el caso de la pérdida de dinero y pertenencias de cuatro de las víctimas, atribuible a elementos de la PF.
Al secretario de Seguridad se le pide que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde reparación integral a los 14 agraviados y a los familiares del activista asesinado.
Texto: Jacob Morales Antonio / Carmen González Benicio
