La población mestiza de San Luis Acatlán discrimina a la comunidad me’ phaa, denuncian y plantean incluso crear un nuevo municipio. Precisan que son 10 y no 13 millones los que demandan. En comunicado de prensa, afirma el gobierno del estado que ya interviene en el conflicto y señala que los pobladores incurrieron en delitos graves al irrumpir en la cabecera.
Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, Guerrero, 13 de junio de 2019. Más de mil habitantes de Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, se reunieron el mediodía de ayer y propusieron solicitar al Congreso local un juicio de procedencia para la revocación del mandato del presidente municipal Agustín Ricardo Morales, por discriminación a ese pueblo indígena Me phaa en la distribución del presupuesto del Ramo 33 relacionado con la obra pública.
En tanto el gobierno del estado informó que ya interviene en el conflicto a través de la secretaría de Gobierno y señaló que en la incursión de pobladores de Pueblo Hidalgo en la cabecera de San Luis Acatlán se incurrieron “en la comisión de delitos graves”.
En la asamblea, habitantes propusieron promover la creación de un nuevo municipio con cabecera en ese pueblo, por la marginación que sufren tanto por las autoridades municipales como por el pueblo mestizo de la cabecera municipal, argumentaron.
Mientras tanto, a las 4 de la tarde de ayer se cumplieron 48 horas de que fueron retenidos en la cabecera municipal el subdirector de seguridad Pública, Francisco Villar Morales y el director de Protección Civil, Javier Hernández Ramírez, así como siete policías municipales y tres trabajadores de Protección Civil.
Entre los policías municipales hay dos mujeres.
Pueblo Hidalgo es de población indígena Me Phaa (Tlapaneco), y se encuentra a aproximadamente una hora al noreste de la cabecera municipal y cuenta con aproximadamente 4 mil 500 habitantes.
Ayer se reunieron mas de mil hombres y mujeres adultos desde el mediodía en la cancha techada de la comisaría municipal, en espera de una respuesta del alcalde Ricardo Morales para reanudar el diálogo con respecto a su petición de la liberación de 10 millones de pesos para obras (el alcalde Ricardo Morales ha informado que piden 13 millones), sin embargo hasta las 2 de la tarde que concluyó la reunión no recibieron ninguna respuesta.
El secretario de la comisaría, Samuel Laureano Linares, declaró por separado a los medios de comunicación que tampoco ha intervenido el gobierno del estado para la liberación de los retenidos.
Antes de la asamblea de los pobladores el gobierno del Estado envió un boletín en el que aseguró que a través de la secretaría de Gobierno con las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, intervenía en la solución del conflicto con los habitantes de esa comunidad, “con el propósito de que se respete el Estado de Derecho y se asegure la gobernabilidad en el municipio”, lo que fue desmentido por las autoridades municipales de la localidad.
El secretario de la comisaría aseguró que ni por teléfono se habían comunicado con ellos las autoridades estatales y menos el alcalde.
En la reunión de ayer asistió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la delegación de Ometepec pero solamente a enterarse de la situación de los 12 retenidos, pero no hubo ninguna intervención de su parte.
Después de la asamblea, los representantes del pueblo encabezados por el comisario municipal Timoteo Paulino, presentaron a los medios de comunicación a los retenidos, “para desmentir” al alcalde Ricardo Morales quien declaró que algunos fueron sacados violentamente de sus casas y que fueron golpeados.
“Desde luego que el alcalde va a buscar la manera de justificarse, y de cómo hacer cambiar a la opinión pública, para que todos piensen que los malos somos nosotros”, dijo el secretario de la comisaría Laureano Linares.
También aseguró que los 12 detenidos están bien de salud “ de hechos platicamos con ellos, les dijimos que nos entendieran, y que reconocemos que ellos están siendo afectados, pero que es porque nosotros queremos que venga el presidente municipal, pero es una persona que no tiene sensibilidad como ser humano”, reprochó.
De los diez detenidos solo uno presentaba algunos golpes y escoriaciones en el rostro que recibió cuando “opuso resistencia” a la retención, dijo el subdirector de Seguridad Pública, Villar Morales.
Otro agente de tránsito que fue sacado de su casa porque cuando los habitantes de Pueblo Hidalgo se retiraban una de sus camionetas provocó un leve incidente de tránsito y que el presenció el caso y por temor se metió a su casa que está cerca y a donde fueron por él para llevárselo.
El subdirector de Seguridad Pública y el director de Protección Civil admitieron que fueron sacados de sus oficinas y no de sus casas.
Una mujer policía, dijo que cuando fueron retenidos recibieron empujones para subirlos por la fuerza a las camionetas en que los trasladaron a Pueblo Hidalgo.
Los dos funcionarios, siete policías y tres trabajadores de Protección Civil se encuentran confinados en un área de seguridad de la comisaría municipal de donde ayer fueron sacados para presentarlos a los medios de comunicación.
El secretario de la Comisaría municipal, Laureano Linares, informó en declaraciones a los reporteros que junto con las 12 personas se llevaron cuatro patrullas de la Policía Municipal y un vehículo de Tránsito municipal, así como 34 armas largas y siete cortas, además de los cartuchos que contenían las armas.
Ayer, los vehículos permanecían estacionados dentro de la cancha techada donde se realizó la asamblea.
El secretario de la comisaría insistió que esto todo se lo entregarán junto con los detenidos hasta que el presidente municipal responda a su demanda de la liberación de 10 millones de pesos para obras en la comunidad.
Sin embargo se quejó que se habían cumplido 48 horas de que fueron retenidos sin que haya habido alguna reacción o intervención del alcalde Agustín Ricardo Morales, ni del gobierno del estado.
Debido a ello, los pobladores reaccionaron molestos durante la asamblea. Algunos propusieron pedir al Congreso local un juicio de procedencia para la revocación del mandato del alcalde por discriminación en el uso del presupuesto para obras del programa federal Ramo 33.
Otros pidieron a sus representantes reactivar su añeja petición de que se cree un nuevo municipio con cabecera en Pueblo Hidalgo, pues denunciaron que reiteradamente son marginados por los alcaldes y por la población mestiza de la cabecera municipal cuando van a realizar sus gestiones.
La asamblea terminó, sin embargo, sin acuerdos, pues según se dijo solamente fue de información y que será permanente hasta que haya la intervención del alcalde o del gobierno del estado para liberar a los retenidos.
Antes de la asamblea, el secretario de la comisaría Laureano Linares desmintió al alcalde Ricardo Morales que estén pidiendo 13 millones de pesos en efectivo, aclaró que sólo demandan 10 millones de pesos del Ramo 33, en obras para la comunidad.
Explicó que han propuesto, que entre la población y el ayuntamiento contraten las empresas que realicen las obras, y que su ejecución sea vigilada por el pueblo y el Ayuntamiento. La obra central que pide la localidad es la pavimentación de la calle principal, y de otras calles del interior de la localidad.
Laureano Linares, aseguró que en las administraciones municipales anteriores ya han trabajado de esa manera con los alcaldes con quienes se han coordinado para la ejecución de las obras, lo que no ha ocurrido con la presente administración.
Pueblo Hidalgo, fue uno de los pueblos que participó en la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), sin embargo el comisario municipal Timoteo Paulino informó que desde el 2005 y 2006 se retiraron porque vieron “algunas irregularidades”.
Sin embargo pobladores informaron que algunos de sus anexos sí pertenecen a la CRAC, pero que la Policía Comunitaria se ha mantenido al margen del reciente conflicto.
Ya interviene, dice el gobierno del estado
En un boletín, el gobierno del estado aseguró que ya interviene a través de la secretaría de Gobierno con las autoridades de San Luis Acatlán en la solución del conflicto con habitantes de la comunidad de Pueblo Hidalgo, “con el propósito de que se respete el Estado de Derecho y se asegure la gobernabilidad en el municipio”.
Agrega que participa “como consecuencia del acto de fuerza que realizaron pobladores de dicha localidad al tomar el inmueble del Ayuntamiento, retener a doce personas y sustraer armamento y equipo táctico, además de la destrucción de computadoras y mobiliario, se ha incurrido en la comisión de delitos graves”.
Refirió que el pasado 14 y 15 de marzo, el conflicto inició con la retención del presidente municipal y de varios integrantes de la comuna, lo que derivó en compromisos que contravienen a la norma al pretender el uso y manejo de recursos presupuestales para lograr la liberación.
“Ante la imposibilidad de la autoridad municipal para cumplir esos acuerdos, el día 29 de mayo los pobladores bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional a la altura de Marquelia por tres días, por lo que existió una contrapropuesta con los inconformes que en su momento aceptaron, sin embargo tampoco se cumplió”
Agregó que posteriormente, el lunes 10 de junio tomaron el inmueble del Ayuntamiento y al no encontrar al presidente municipal retuvieron a doce servidores públicos municipales y se apoderaron de patrullas y armamento de la policía.
“Por tal motivo, la autoridad municipal interpuso denuncias ante las autoridades competentes, por lo que se abrieron las carpetas de investigación respectivas”.
Dijo que el gobierno del estado “conmina” a las partes en el conflicto “a generar las condiciones para que se inicie de inmediato el diálogo que derive en la construcción de acuerdos con respeto a los derechos humanos y a la gobernabilidad, que evite conflictos en la región”.
A su vez, el ex candidato a la alcaldía de San Luis Acatlán por el partido Movimiento Ciudadano, Adair Hernández Martínez, negó estar detrás del movimiento y reprobó la retención de 12 trabajadores y la toma del Ayuntamiento en demanda de 13 millones de pesos del Ramo 33.
En conferencia de prensa dijo que los señalamientos que ha hecho en su contra el alcalde priista Agustín Ricardo Morales son falsas, y afirmó que el conflicto es por la falta de diálogo entre las partes, así como la soberbia del alcalde, “no es una cuestión de intransigencia de Pueblo Hidalgo, es la falta de oficio político y saber qué significa el servicio público”.
Por los señalamientos responsabilizó al alcalde de cualquier cosa que le llegue a pasar, y por ello interpondrá una denuncia por la difamación en su contra, porque algunos medios regionales lo han culpado directamente de la situación.
“No estoy detrás del movimiento o del conflicto que hoy se suscita entre el presidente municipal de San Luis Acatlán y Pueblo Hidalgo. Repruebo cualquier acto de violencia que se esté realizando, porque ningún acto justifica estas acciones de violencia. Hago un llamado respetuoso al gobernador Héctor Astudillo Flores para que se atienda de manera puntual este conflicto”.
El abogado de profesión dijo que no está viviendo en el municipio y que luego de las campañas del año pasado regresó a trabajar a la Facultad de Derecho en Chilpancingo. Insistió que el alcalde tergiversó la información para confundir a la población
Texto: Zacarías Cervantes / Jacob Morales/ Foto: Lenin Ocampo Torres
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