El secretario técnico de la Comverdad del caso Ayotzinapa, Félix Santana, dice que las comunicaciones con ese lugar y el Cisen desde el celular del normalista, después de que éste fuera torturado y asesinado en Iguala, no se mencionan en el informe difundido en agosto pasado porque era “preliminar”; la versión final sí “va a tener todos estos elementos que están en revisión todavía”. A la fecha, la información relacionada con el teléfono de Mondragón sigue en manos de la SEIDO y no ha sido incorporada a la unidad especial del caso de la FGR, por lo que aún no puede utilizarse en un proceso penal
Iván Ortiz y Fernando González* Corriente Alterna, Especial para El Sur
Ciudad de México, 23 de enero de 2023. Un día antes del 26 de septiembre, cuando 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, Julio César Mondragón había estrenado un teléfono celular. Era un LG L9 de color negro que le vendió su compañero Jorge Luis González Parral, uno de los normalistas desaparecidos.
Fue con ese celular que el estudiante Julio César Mondragón pudo describir en tiempo real los ataques armados de “la noche de Iguala” a su pareja, Marisa Mendoza. “Están disparando, amor”, le escribió antes de despedirse de ella y de su hija.
Además de los 43 desaparecidos, Julio César fue secuestrado y torturado hasta la muerte. Le fracturaron 40 huesos y, mientras se resistía a morir, le mutilaron un ojo y le desprendieron la piel del rostro. Tenía 22 años. La fotografía de su cadáver se hizo pública –y viral– la mañana del 27 de septiembre de 2014. Su cuerpo apareció en un camino de terracería. Su celular no estaba con él.
El teléfono sería usado en los meses posteriores para intercambiar mensajes con personas que se encontraban en el Campo Militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó el hallazgo.
Ocho años después, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ha vuelto a omitir esta línea de investigación en su informe presentado el 18 de agosto de 2022, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llegar a la verdad.
Esta omisión es más notoria porque el actual secretario técnico de la Covaj, Félix Santana, reveló desde 2016 la relación que existía entre el teléfono del normalista y el Campo Militar número 1.
El rastreo de un celular perdido
La pareja del normalista, Marisa Mendoza, denunció el 26 de agosto de 2015 la desaparición del celular ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Ese mismo día la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó los registros telefónicos para encontrar el aparato.
La compañía Telcel entregó una “sábana de llamadas” de 132 páginas. Este documento, obtenido por Corriente Alterna, contiene el registro de los mensajes, llamadas y uso de datos móviles del teléfono de Mondragón de julio de 2014 a septiembre de 2015. Para cada comunicación se señalaron las coordenadas de la antena más cercana como una ubicación aproximada.
La “sábana” revela que el número telefónico de Julio César Mondragón recibió 12 mensajes de texto entre octubre de 2014 y abril de 2015 provenientes del Campo Militar número 1, ubicado en Naucalpan, Estado de México, y del extinto Cisen, con sede en el sur de Ciudad de México. Se desconoce el contenido de los mensajes, pero todos fueron contestados por quien usaba el número del normalista.
Esta información sugiere la participación de miembros del Ejército en el asesinato del estudiante o, por lo menos, en la incautación de su teléfono. Otra posibilidad es que los asesinos tuvieran comunicación con integrantes de la Sedena y del Cisen.
El celular no sólo podría servir para dar con sus asesinos. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Julio César grabó el ataque en la calle Juan N. Álvarez, donde fueron desaparecidos 21 de los 43 normalistas.
Y aunque en 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la PGR localizar el dispositivo, dos años después la Procuraduría respondió que “el último momento en que el teléfono generó información fue (…) el 26 de septiembre de 2014”. Mentían: la “sábana de llamadas” –en posesión de la PGR– muestra que el chip del aparato registró comunicaciones hasta abril de 2015.
La CNDH señaló en su recomendación 15VG/2018, publicada el 28 noviembre de 2018, que la PGR no proporcionó ninguna información cuando le preguntó por las comunicaciones con el Campo Militar número 1 y el Cisen. Simplemente omitieron su existencia.
La guerra que aún nos ocultan
La SEIDO nunca hizo públicas las comunicaciones del teléfono robado. Éstas se conocieron gracias a Félix Santana Ángeles, exasesor del subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Santana tuvo acceso a la “sábana de llamadas” y publicó su contenido en el libro La guerra que nos ocultan, en coautoría con los periodistas Miguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz.
Santana fue secretario general de Morena en el Estado de México y, desde 2018, es el secretario técnico de la Covaj, creada por el presidente López Obrador para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.
En ese libro, Santana y sus colegas revelaron que, a las 18 horas con 58 minutos del 30 de septiembre de 2014, alguien extrajo el chip del teléfono del normalista para introducirlo en otro aparato y conectarse a internet desde este nuevo dispositivo, conservando la antigua línea. Un día antes, el cuerpo de Julio había regresado a la casa familiar en San Miguel Tecomatlán, Estado de México.
Como legislador, en 2015, Encinas denunció en el Senado que uno de los mayores vacíos en la investigación de la PGR sobre Ayotzinapa era el caso Mondragón y que la Procuraduría debería haber identificado a la persona que se quedó con su teléfono.
En una ocasión Alvarado y Santana llamaron a uno de esos números desde la oficina de Encinas, que consideraban un lugar seguro. “Temíamos que nos pudieran localizar –dice en entrevista Miguel Ángel Alvarado, uno de los autores del libro–. Los teléfonos podrían pertenecer a un narco o, peor, a un militar”.
El 15 de octubre de 2015, por la noche, marcaron al último teléfono que registró comunicación desde el Campo Militar número 1.
“Tras varios timbrazos levantaron la bocina y sólo se escuchaba una respiración relajada”, recuerda Santana en entrevista. La llamada duró tres minutos. No se pronunció una sola palabra. “Después, empezó a respirar medio raro y entonces nos colgó”, cuenta Miguel Ángel.
Años después, como secretario técnico, Félix Santana invitó a Miguel Ángel Alvarado a la Comisión de Ayotzinapa. “Era a mediados de febrero de 2019 y apenas estaban armando sus cuadros. Me dieron una oficina a las 12 del día. Félix me pidió que comenzara a sacar líneas de investigación”, recuerda Alvarado.
El periodista consideró pertinente seleccionar también las líneas de investigación sobre la participación del Ejército. “No, ésas no”, le respondieron dos integrantes de la Comisión. “Por la noche avisé que decidía no incorporarme y renuncié”.
El Choky, presunto asesino de Julio César
El 18 de agosto de 2022, se publicó el Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, una relatoría de hechos que, hasta el momento, sustituye oficialmente a la “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sobre el asesinato de Julio César Mondragón, el documento presenta una nueva versión de los hechos e información sobre su celular.
La Covaj reconoce que el número telefónico del estudiante fue utilizado los días posteriores a su asesinato y que el 30 de septiembre de 2014, fecha del cambio de chip, tuvo actividad desde un dispositivo diferente.
La versión sin testar del informe señala que el dueño de ese celular es Rodolfo N. Esta persona se comunicó dos semanas antes y después de “la noche de Iguala” con dos sicarios de Guerreros Unidos: El Gaby y El Choky; este último, según la Covaj, es el presunto asesino.
La Comisión afirma que Rodolfo N. también mantuvo comunicaciones directas con Eduardo N., uno de los cuatro militares relacionados con el caso Ayotzinapa, actualmente presos en el Campo Militar número 1 por delincuencia organizada.
No obstante, el gobierno federal vuelve a omitir las comunicaciones con el Campo Militar número 1 y el Cisen, pese a que estas llamadas están registradas en la sábana que usó la Covaj para su informe.
En entrevista desde su oficina en la Segob, Félix Santana afirma que la Comisión está examinando la información de la sábana de llamadas, a partir de la cual logró identificar a Rodolfo N. y sus comunicaciones con sicarios.
–¿Qué clase de seguimiento se le dará a esta información? –se le pregunta.
–Está por confirmarse si también existió contacto con las fuerzas armadas. Nosotros aseguramos que las antenas donde hay contacto son las que están en el Campo Militar número 1 y en el Cisen. Pero requiere ser corroborado.
–¿Cuál es la razón por la cual las comunicaciones con el Campo Militar número 1 y el Cisen no se mencionan en el informe de la Covaj?
–Es un informe preliminar. El informe final va a tener todos estos elementos que están en revisión todavía. Se están haciendo los análisis correspondientes y sería irresponsable decir más allá de lo que nos ha constado hasta el momento.
El secretario técnico de la Covaj añade que la información relacionada con el teléfono de Mondragón sigue en manos de la SEIDO y no ha sido incorporada a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fis-calía General de la República (FGR). Eso significa que aún no puede utilizarse en un proceso penal.
“Con el anterior fiscal, Omar [Gómez Trejo], habíamos acordado la necesidad de judicializar los contenidos de La guerra que nos ocultan. Pero es una fase que todavía no se ha desarrollado”, concluye.
Deslindar responsabilidades
La Covaj, en su informe, apunta a un posible responsable del asesinato de Mondragón: Eduardo N., El Choky. Según la versión sin testar del documento, el supuesto sicario de Guerreros Unidos torturó al estudiante por iniciativa propia para impresionar a su jefe, El Negro, personaje cuya identidad es desconocida y no se menciona en ninguna de las distintas investigaciones en torno al caso Ayotzinapa.
Esta versión se basa en la serie de capturas de pantalla de presuntas conversaciones vía WhatsApp entre miembros de Guerreros Unidos que se encuentran en controversia, debido a que el pasado 31 de octubre el GIEI concluyó que no era posible confirmar su autenticidad ni ser consideradas como pruebas en un proceso judicial.
Por otra parte, el documento reporta el fallecimiento de El Choky en 2016, pero la Covaj sospecha que podría estar vivo. “La única evidencia que se tiene es la hebilla de su pantalón. Entonces, no se tiene claridad en que esté muerto”, dice Santana.
Los familiares de Mondragón han denunciado que el asesinato y tortura de Julio César se encuentra en un limbo y que se pretende, con la línea investigación actual, deslindar de responsabilidad a militares y funcionarios.
No sería la primera vez. Una de las versiones de los hechos que se han construido a lo largo de los años, desarrollada por la FGR y basada en las declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Mondragón a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, El Comandante Pérez y La Minsa.
Ramiro Alvarado Sánchez, La Minsa, y Lorenzo Bello Hernández, El Comandante Pérez, tienen orden de aprehensión desde agosto de 2022, acusados de la tortura y homicidio de Julio César, según informaron los diarios El País y Reforma.
A la fecha, estos elementos no sólo no han sido capturados. Corriente Alterna descubrió, a través de información pública en Declaranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que tanto Alvarado como Bello siguieron desempeñándose como policías hasta, al menos, junio de 2022.
Así lo revelan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de los años 2020, 2021, 2022 y los reportes de sueldos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero obtenidos para este reportaje.
* Estudiantes de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM
