Es uno de los estados con más ejecuciones extrajudiciales: “una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano”, dice. Participa con familiares de víctimas en el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, ayer en Chilpancingo.
Texto: Alina Navarrete Fernández / Foto: Jessica Torres
Chilpancingo, Guerrero, 15 de agosto de 2018. En Guerrero hay un “narco Estado, porque ya no se distingue en dónde termina el Estado y en dónde empieza el crimen organizado, está todo revuelto”, expuso la presidenta del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos de América (National Lawyers Guild en inglés), Natasha Lycia Ora Bannan, quien fungió como jurado en las audiencias del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que se llevó a cabo ayer en esta ciudad.
El Tribunal Internacional de Conciencia es un tribunal de justicia simbólica que se creó en 2010 y se rige mediante principios éticos e históricos, se distingue por su independencia, autoridad moral y equilibrio, cuenta con la participación de defensores de derechos humanos, abogados, organizaciones sociales y activistas.
Una de las acciones principales del tribunal es mediática, con la capacidad de incidir a favor de las víctimas de violencia institucional y de grupos delictivos que por su gravedad y carácter sistemático podrían caber en la definición de crímenes de lesa humanidad, según los estatutos del Tratado de Roma firmado por México.
Este año el tribunal organizó una serie de audiencias en Puebla, Estado de México y Guerrero que comenzaron el 10 de agosto y concluirán el 20 en la Ciudad de México, con una conferencia de prensa en la que los jurados presentarán conclusiones al respecto de los casos de represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y la defensa del agua y el territorio.
Ayer se llevó a cabo la audiencia Masacres y ejecuciones extrajudiciales en la impunidad en las instalaciones del ex seminario Padre Humberto Osorio, en la avenida Gobernadores. Ahí la integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, expuso el caso de la matanza de Aguas Blancas y las ejecuciones de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel, las viudas del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares y del dirigente de la Unión de Campesinos Emiliano Zapata (UCEZ) Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez, reclamaron la justicia que las autoridades les niegan.
La hija del ex presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante del Grupo Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández Hernández habló de la lucha social de su padre durante su vida hasta el 14 de octubre de 2017 cuando fue asesinado en Chilapa junto a su esposa, su suegra y su chofer, “el único legado que tengo de mi padre es su lucha”.
Según las referencias del tribunal, Guerrero es uno de los estados donde ocurren más ejecuciones extrajudiciales que el organismo define como una estrategia de represión política en México, le siguen Michoacán y Oaxaca. El año pasado hubo 481 ejecuciones extrajudiciales en el país “como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano”.
En la audiencia participó el sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Lucio de la Cruz Villa, quien fue torturado y perdió la pierna derecha, estuvo dos años sin caminar y 10 en prisión acusado de delitos que “el gobierno fabricó”, pero no por eso dejó de participar en la lucha social para exigir justicia y no calló, todavía continúa denunciando lo que sufrió a manos del Estado.
Los abogados José Manuel Reyes Camero y Enrique González Ruiz con la secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP) Guerrero, María Elena Hernández Márquez participaron como fiscales durante la audiencia.
Consultada al respecto de la situación de Guerrero en cuanto al acceso a la justicia, Natasha Lycia Ora dijo que los organizadores del tribunal visitaron el estado hace dos años para establecer contacto con las víctimas y organizar las audiencias que se concretaron este año, en comparación consideró que “no hay ningún avance, estancado total sino se ha dado un paso atrás”.
“Son las mismas historias, las mismas caras aterrorizadas de la gente, no hay ningún avance, al contrario me parece que hay mucha más complicidad del Estado que realmente es un narco Estado, ya no se distingue en dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado, está todo revuelto y eso es según los mismos guerrerenses”, expresó.
Señaló que en Guerrero no hay “ninguna diferencia” entre el crimen organizado, la delincuencia común y el gobierno.
Informó que el tribunal elaborará una serie de conclusiones de acuerdo a los casos que se expusieron en las audiencias y con ellas, recomendaciones para que el Estado mexicano haga justicia en cada uno de ellos.
