La expectativa de los productores del estado es que la iniciativa presentada por el diputado federal Mario Delgado realmente beneficie a las comunidades campesinas que llevan décadas en el cultivo.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2019. El largo debate sobre la regulación del uso de mariguana reverdeció a principios de octubre con la iniciativa presentada por Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. La propuesta, enfocada en la elaboración de la Ley General para el Control de Cannabis, busca regular el cultivo, la producción, la distribución y la venta de esa planta psicoactiva en el país.
Para ello, se plantea la conformación de instituciones específicas: una comisión interinstitucional reguladora y, sobre todo, una empresa estatal encargada de controlar la comercialización de la cannabis: Cannsalud.
Asimismo, se incluyen modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con la finalidad de retirar el THC –tetrahidrocannabinol, el principal componente sicoactivo de la planta– de las sustancias sancionadas por las autoridades, permitir el “libre desarrollo de la personalidad” y despenalizar la siembra, cultivo y cosecha de la Cannabis sativa una vez que estas actividades sean autorizadas por la comisión reguladora.
La iniciativa de Delgado Carrillo está inspirada en la ley uruguaya, que fue la primera normativa a nivel mundial para regular producción, comercialización y venta de mariguana y sus derivados por parte del Estado.
Aprobada hace seis años, en diciembre de 2013, la legalización uruguaya de la cannabis prevé el autocultivo, autoriza los clubes de consumidores y establece que las farmacias puedan vender hasta 40 gramos de mariguana por persona al mes. La distribución de las licencias y las distintas actividades que giran en torno a la mariguana y sus derivados, son controladas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que depende del Ministerio de Salud Pública.
Regular para dejar de criminalizar a comunidades enteras
La iniciativa presentada por Mario Delgado en San Lázaro también prevé cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; fija una cuota adicional de 2 pesos por cada gramo de cannabis vendido en los productos.
Estipula que 25 por ciento de lo que se recaude por medio de este impuesto se invertirá en “programas sociales en los municipios y comunidades donde se haya realizado erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años, procurando apoyar a los campesinos que cultiven cannabis a fin de que participen en la producción y venta al mayoreo de cannabis conforme a la normatividad aplicable”.
Otro 20 por ciento de los recursos generados se destinarían a programas de prevención del consumo y al tratamiento de la dependencia a la mariguana.
Lo que más interesa a Omar González, agricultor guerrerense de mariguana y amapola, es que el proceso de regulación pueda realmente beneficiar a las comunidades campesinas que llevan décadas en el cultivo hasta ahora prohibido de ambas plantas.
“Tierra, aire y agua es lo que aquí nos sobra. Además, el clima nos favorece y podríamos producir una mariguana de buena calidad. Lo que hace falta es capacitarnos: ya tenemos el 50 por ciento de los conocimientos necesarios, deberíamos aprender los otros procesos de elaboración de cannabis, como el secado”, cuenta a El Sur en entrevista telefónica.
Originario de la comunidad Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo, actualmente Omar vive junto con otras 80 familias en la cabecera municipal, Chichihualco, donde se han refugiado pobladores de Filo de Caballos, Los Morros y Campo de Aviación, desplazados por la violencia del crimen organizado que azotó fuertemente la zona en noviembre del año pasado.
“Es necesario enfocarse en la pacificación de los lugares en donde se siembra: si no se enfrenta el tema de la seguridad en nuestras comunidades, esto no funcionaría –advierte–. Para que un proyecto como éste genere empleos y beneficios económicos tiene que haber un sistema de paz”.
Cortina de humo
“En estados como Guerrero, la política de guerra contra las drogas permite generar una cortina de humo en torno a situaciones de violencia sumamente complicadas y con muchos actores involucrados”, recalca para El Sur Amaya Ordorika Imaz, coordinadora de Incidencia de la asociación civil ReverdeSer Colectivo.
“Mediáticamente, lo que se cubre es la pelea entre narcos y con esa narrativa ya no se busca más explicación, se criminaliza a comunidades enteras y se les deja a la deriva”.
Para entender conflictos tan complejos es preciso dejar a un lado el discurso prohibicionista, afirma. Hay zonas en donde la violencia no se relaciona con los mercados ilícitos y depende de otros factores, como la extracción de recursos por parte de empresas transnacionales que operan legalmente.
“La aprobación de la ley no va a solucionar por arte de magia la situación de seguridad, ni mucho menos las disputas territoriales que se dan actualmente –reconoce–. Lo que sí puede hacer es liberar recursos estatales: en lugar de estar persiguiendo a personas usuarias, se podría investigar y sancionar a quien cometa violaciones a derechos humanos más severas o delitos con afectaciones a terceros”.
Omar González considera que para una regulación clara hay que preguntarse: “¿Quién va a comprar? ¿Quién va a sembrar? ¿Quiénes van a ser los encargados?”.
También, debe buscarse la manera en que el control sobre los cultivos no pase a las manos de grandes compañías y que las comunidades campesinas tengan que vender su producto a precios bajos o rentarse como trabajadores agrícolas en vez de ser dueños de su propia tierra.
A Omar le gustaría apostar por la creación de una cooperativa conformada por los desplazados, en donde los integrantes reciban un precio digno por la siembra y la cosecha.
Y espera que los campesinos mariguaneros dejen de ser estigmatizados. En Estados Unidos y Canadá, resalta, quienes producen cannabis son considerados empresarios, mientras que en México se les persigue como si fueran narcotraficantes.
Acercarse a los campesinos
Asesora en el proceso de redacción de la ley para legalizar la cannabis en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay entre 2012 y 2013, Laura Blanco rescata como uno de los logros más importantes es el que las licencias de cultivo fueran gratuitas y los clubes canábicos se reconocieran como asociaciones sin fines de lucro libres de impuestos.
“Somos la legalización más hippie del planeta –dice en entrevista–, esto nos diferencia de Estados Unidos: en Washington llegaron a poner tantos impuestos que la gente regresó al mercado negro. En Uruguay esto no se da porque en las farmacias la cannabis se vende a un precio más barato o igual que el del mercado negro, además tiene un nivel superior de THC que el prensado paraguayo”.
Para países productores como México, Colombia o Paraguay, la especialista sugiere regular la planta cannabis empezando con la producción y después el consumo. La habilitación de licencias para producir facilitaría la regulación de otros rubros, además de representar una manera eficaz de neutralizar al mercado negro.
“El camino adecuado es acercarse al campesinado, que es el sector social que tiene años de producir. Pero hay que ofrecer a los campesinos un sistema social al cual acceder, proveer sus familias con un seguro médico, darles un salario acorde a lo que producen. De esta manera podrían no depender de un cártel y manejarse por la oferta y la demanda. Esto implicaría un cambio de mentalidad en la sociedad”.
El mercado en México no es como el de Uruguay
“A Uruguay le tomó mucho tiempo empezar, por el nivel de control estatal con que se manejó el proceso de regulación”, comenta Amaya Ordorika Imaz, quien insiste en la importancia de tomar el pulso de la realidad mexicana en este caso.
Más allá de la producción campesina, subraya, en México existen pequeños grupos de personas o empresas que comercializan distintos productos de cannabis; manejan marcas, se comunican y hacen promoción a través de las redes sociales.
“Pensar que el Estado mexicano va a poder mediar y controlar todo un negocio es no entender lo que ya está sucediendo en la producción nacional –advierte Ordorika Imaz–. Hay que trabajar para construir un mercado regulado en donde toda esa gente que ya está participando tenga un espacio dentro de la legalidad”.
La excesiva burocratización del proceso de regulación, añade, puede generar escollos. En Uruguay, eso se vio reflejado sobre todo en la venta de cannabis en las farmacias, medida que se tardó tres años en ser operativa desde la aprobación de la ley.
El uso medicinal, una de las repercusiones positivas
Rosina Yemini, cofundadora de El Piso, el primer club canábico de Uruguay, menciona por separado otro límite de la regulación en la cantidad de plantas que puede disponer cada autocultivador. El autocultivo permite la posesión de hasta seis plantas hembras –la misma cantidad prevista en la iniciativa del diputado de Morena– y la cosecha de un máximo de 480 gramos al año.
“Está bien limitar la cantidad de la cosecha, pero fijar en seis el número de plantas no tiene mucho sentido. Es un factor que debería medirse de otra manera”, dice en entrevista con El Sur.
“Por ejemplo, puede depender del espacio que tengo para cultivar: si vivo en un departamento pequeño me conviene poner un indoor pequeño, con muchas pequeñas plantitas, y sacar mis 480 gramos en cultivos cíclicos”, explica.
A pesar de estos aspectos, la regulación ha beneficiado a los consumidores, pues ha contribuido a su descriminalización. Yemini cuenta que ahora muy rara vez recibe críticas por consumir y que entre colegas de trabajo ya no es un tabú declararse fumador de cannabis.
El uso medicinal de cannabis ha tenido una repercusión positiva en Uruguay, sobre todo entre la población mayor que está descubriendo en los aceites ricos en CBD –cannabidiol– una solución para los dolores crónicos. La seguridad sobre lo que se consume es otro beneficio aportado por la regulación.
“¡Ojalá hubieran existido farmacias en comprar cuando yo tenía 18 años y me tenía que meter a barrios peligrosos para poder conseguir un porro! —bromea Rosina–. La también ex activista de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), afirma sentirse mucho más segura después de la legalización: la mejoría no se ha dado sólo en términos de acceso al producto, sino de calidad y de nivel sanitario.
Antes de que el cannabis fuera despenalizado, lo que más se consumía en Uruguay era lo que más circulaba en el mercado negro: el “prensado paraguayo”. Hechos de hojas, flores, palo, semillas comprimidas y almacenadas, los bloquecitos del prensado tendían a descomponerse y generar altos niveles de amoniaco. Además de contener un nivel de THC muy bajo, éste presentaba un mayor riesgo de causar cáncer pulmonar debido a químicos aplicados en su procesamiento.
Ahora, asegura Rosina, en las calles ya no se percibe aquel olor ácido, parecido al de los orines, del prensado paraguayo; su lugar lo ocupa el aroma de las flores de cannabis autocultivadas.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Carlos Alberto Carbajal
