A punta de fusil fue obligado a huir de su casa mientras observaba cómo autonombrados policías comunitarios se llevaron a uno de sus hijos, hirieron a otro y a su esposa, relata una de las víctimas.
Ciudad de México, 28 de agosto de 2019. Personas desplazadas por la violencia en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Zitlala y Eduardo Neri (Zumpango) en Guerrero, pidieron al Gobierno federal que envíe a la Guardia Nacional para poder regresar a sus comunidades.
Desde noviembre, habitantes de diferentes poblados de esos municipios fueron desplazados a balazos por hombres armados de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, y en febrero instalaron un plantón en la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.
Después de 38 días y con un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los pobladores regresaron a Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde están refugiados, pero desde entonces no han observado que las autoridades avancen en retomar el control de la región para regresar a sus casas.
“Se lo pido a López Obrador, que mande a la Guardia Nacional y retome de Casa Verde a Corralitos con la Guardia Nacional, no queremos a la Policía Comunitaria, yo les llamo narcopolicías comunitarios, sicarios”, clamó Bartolo Hernández Ortiz, de la comunidad de Tres Cruces, Eduardo Neri.
A punta de fusil, el señor fue obligado a huir de su casa mientras observaba cómo sujetos que autonombran policías comunitarios se llevaron a uno de sus hijos, hirieron a otro y a su esposa.
“Mi hijo. Yo quisiera que se desalojaran a esos canijos para irlo a buscar, para ir a informarme en los caminos a dónde lo tiraron, porque no se sabe nada, igual mi esposa, la tienen que operar”, comentó en conferencia de prensa.
Los desplazados, con ayuda del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, pidieron una audiencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo, y se dijeron decepcionados de que el Gobierno federal cancelara el diálogo con los grupos de autodefensa.
“”Representó una pequeña esperanza de que ahora sí se estaba trazando la ruta de seguridad para nuestro retorno a nuestras comunidades”, expresaron en un posicionamiento.
“Aunque no estemos de acuerdo en que ese grupo delincuencial que se ostenta como Policía Comunitaria quede en la impunidad después de todo el daño que han causado, la prioridad para nosotros es el regreso, pero nuestra esperanza se convirtió en coraje cuando el 24 de agosto nos enteramos que la misma Olga Sánchez declaró que el diálogo se suspendió”.
Texto y foto: Agencia Reforma
