La Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Zona Sur detiene casos argumentando que faltan pruebas y testigos; todo con el propósito de ganar tiempo y resolverlos de manera política, asegura la especialista.
Acapulco, Guerrero, 22 de febrero de 2020. Las denuncias de acoso por parte de profesores dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se resuelven discrecionalmente entre funcionarios hombres que se protegen entre ellos mismos, señaló la académica Rosa Icela Ojeda Rivera.
La especialista en violencia de género afirmó, en entrevista con El Sur, que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Zona Sur ha parado casos de denuncias, argumentando que faltan pruebas y testigos; todo con el propósito de ganar tiempo y resolverlos de manera política.
Ante este escenario, se presentó un proyecto de Reglamento contra la Violencia de Género que será discutido en la próxima sesión del Consejo Universitario, para que quede clara la ruta que se debe seguirse en estas denuncias, informó.
Rodeada de decenas de libros sobre género, política e historia, que amurallan la oficina del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ovicom), ubicada dentro del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), Ojeda Rivera aseguró que hay profesores en la UAG que piden sexo a cambio de calificaciones, que son “actos de poder, una relación asimétrica de poder. Todavía se tiene la idea de que las mujeres ocupamos el ámbito público para trabajar por un tiempo, para ayudar, y cuando vamos a la universidad ‘mientras se casa’”.
Indicó que hay otro “modus operandi”, que consiste en que un profesor se aproveche de una alumna que tiene problemas extracurriculares, que “esté en una situación psicológica vulnerable”, por lo que le ofrece mejorar su calificación si tienen una relación sexual o amorosa fuera de la escuela.
La cultura homofóbica y machista persiste entre profesores y alumnos, con miradas “mórbidas, te barren con la mirada”, que incomodan a las estudiantes cuando pasan al frente del salón, pero que también viven las profesoras y administrativas.
A pesar de la “justificada crispación social”, por las víctimas Fátima e Ingrid, Ojeda Rivera aseguró que el reglamento no responde sólo a la coyuntura, sino a un camino largo, desde 2007, cuando se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como antecedente a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do para” de 1994, “es una tarea con mucho retraso”.
Informó que el problema de acoso y hostigamiento lo estudió antes de que fuera rector el fallecido Asencio Villegas Harrison, quien “alertó que esto era un problema grave en la universidad”.
Contó que cuando fue directora del IIEPA, en 2002, dos profesores se fueron por hostigamiento, pero en los últimos casos que ha atendido “se nos han ido de las manos, porque no hemos sido capaces de garantizar el derecho de las chicas, que han sido vulneradas por otros compañeros y profesores”.
Por esto, el Ovicom que coordina creó hace un año y medio un protocolo para la atención de la violencia en el ámbito universitario, el cual la comisión legislativa pidió convertirlo en el reglamento propuesto, que dibuja la ruta que deberá seguir una denuncia.
Se le comentó la nota de El Sur, del 25 de enero pasado, en la que la responsable del Área de Igualdad de Género en la Zona Sur de la UAG, Irery Krystal Rebollar de los Santos, informó que hay 15 quejas por acoso y tres de éstas fueron presentadas por alumnas contra profesores, por insinuaciones y/o invitaciones.
–¿Cómo se resuelven actualmente estos casos sin un reglamento?
–Se resuelven con buena voluntad y discrecionalidad. También cuando son casos públicos, entonces ya no tienen más de otra que (actuar). En algunas instancias, como las de Krystal (Rebollar), hay casos atorados porque como no hay un reglamento, un protocolo aprobado, es un poco a lo que la persona que está atendiendo se le ocurra que deba documentarse, para que vaya fortalecido el caso.
“Pero mientras eso ocurre, obviamente las personas que están en investigación no han dejado de trabajar, siguen moviéndose en los mismos centros de trabajo, como si no pasara nada. Es más, hay una actuación como de fratría de otros hombres, que los protegen y empieza a generarse un ambiente negativo”, dijo.
Agregó que esto va a cambiar con el reglamento, “se va acabar con la discrecionalidad, va a quedar claro qué es lo que se va a hacer, cuál es la ruta y poder resolverlo. Quizás también con este reglamento se pueda tomar una medida inmediata, como suspender a quien haya sido el agresor, para evitar esta mirada. Porque aun cuando están en investigación, le puedes preguntar a Krystal, los agresores siguen en el mismo centro (de trabajo), como si no pasara nada”.
“Entonces tú te imaginas a una chica que ya circuló su nombre, que ya se sabe que está siendo hostigada. Terminan sintiéndose mal con todo y que se guarden todas las medidas de secrecía que marca la norma general. Si se escapa el nombre, los hombres empiezan a hacer presión sobre ellas, y muchas veces las chicas deciden irse” de la escuela para evadir esta presión, afirmó.
Señaló al coordinador de Asuntos Jurídicos de la Zona Sur, Guadalupe Bollás Bernabé, de poner “cada vez más trabas, es decir, ‘aquí falta esto, no, aquí falta lo otro, faltan testigos, no, se trata de un caso político’”.
Lo acusó de “tener fama de misoginia”, de negociar los casos para ganar tiempo y luego arreglarlos políticamente. “El licenciado Bollas le ha parado los casos (a Krystal Rebollar) porque cada vez pide más requisitos”.
La propuesta de reglamento que compartió Ojeda Rivera, señala que la Dirección de Igualdad de Género será la encargada de atender a las víctimas de violencia de género, teniendo como auxiliares a los directores y consejos de unidad.
El artículo 23 dicta que el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario serán las instancias que emitirán las sentencias correspondientes.
Ojeda Rivera indicó que el propósito principal del reglamento es reconstruir una cultura, lo cual se logrará si también se da capacitación en el tema de la igualdad a los trabajadores, directores; particularmente a los responsables de velar por los derechos humanos de los universitarios, “que tienen una visión misógina y muy sesgada”.
Además, dijo, si hay “voluntad política” del rector, que ha mostrado “simpatía” al proyecto, los sindicatos y los consejeros, también deberían modificarse la Ley General y la Ley Orgánica, para armonizarse a estos nuevos tiempos y a las leyes de igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia.
En la actualidad, los ordenamientos universitarios carecen, incluso, de lenguaje incluyente, “sólo hay hombres, directores y demás”.
Aseguró que no todo es malo en la universidad, porque sí ha habido cambios, antes se felicitaba al profesor que se casaba con una alumna y ahora ya no es bien visto.
Además de la UAG, la Universidad de Sinaloa es otra institución que creó el año pasado dos mecanismos para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual.
Texto y foto: Ramón Gracida Gómez
Entérate más
