Se entrega José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Iguala cuando la desaparición de los 43 normalistas. También están detenidos dos de sus subordinados. Esperan la notificación para conocer los delitos que se les imputan, dice el abogado de los padres Vidulfo Rosales
Ciudad de México y Tixtla, Guerrero, 17 de septiembre de 2022. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que fue detenido el general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario aseguró que “no va a haber impunidad” e indicó que fue detenido Rodríguez Pérez, que era el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se dio la desaparición de los estudiantes normalistas, además de otros dos integrantes del Ejército mexicano.
“Al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano. Hay tres detenidos, entre ellos, el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres detenidos, hay cuatro órdenes de aprehnsión y se seguirá informando al respecto” comentó Mejía Berdeja.
Tras la resolución de un juez penal de Tamaulipas que absuelve al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, del delito de secuestro por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes, el subsecretario adelantó que se impugnará dicha decisión.
“Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal. De tal suerte, que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios dando a entender que recuperaría su libertad”, mencionó el funcionario.
Mejía Berdeja añadió que la absolución la decretó un juez de procesos penales en el estado de Tamaulipasy anunció que contra este juez se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Mejía añadió que, con la absolución presentada, el juez en cuestión ha sentenciado 98 exoneraciones en primera instancia para personas que estuvieron involucradas en el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas.
“Vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos”, explicó.
Por su parte, el presidente de la República reafirmó que se presentaría la queja ante el Consejo de la Judicatura por las acciones del juez en cuestión.
“Tenemos diferencias con el Poder Judicial. Ahora mismo, se están expresando por la actitud del juez que ha dejado en libertad a presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Un juez, de esas cosas extrañas aunque sean legales”, afirmó López Obrador.
El general brigadier José Rodríguez Pérez, que tenía el rango de coronel cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas, era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y el 28 de septiembre de 2014 habló con una comisión de padres de los estudiantes desaparecidos que acudieron a preguntar por ellos a ese cuartel.
Rodríguez Pérez dijo que los jóvenes no se encontraban detenidos en ese lugar y que no tuvo conocimiento de lo ocurrido la noche del 26, que “sólo al final”.
Se entregó a la justicia militar por la acusación de complicidad con el grupo criminal Guerreros Unidos
El general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala y señalado de, presuntamente ordenar el asesinato de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se entregó a la justicia para afrontar la acusación de su supuesta complicidad con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Rodríguez es el primer general en activo que pisa la cárcel en el sexenio del presidente Andrés López Obrador.
Es uno de los 4 militares contra los que el pasado 19 de agosto se giraron órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada; los otros son sus subordinados, el sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Capitán José Martínez Crespo, preso desde fines del 2020.
Rodríguez se entregó el miércoles en la Ciudad de México, Mota en Guerrero y Pirita lo hizo el jueves en Ensenada, Baja California.
La Policía Federal Ministerial de la FGR ejecutó las órdenes de aprehensión y los internó en el Campo Militar Número 1.
El jueves a las 15:00 horas el general, el capitán y el sargento comparecieron vía videoconferencia ante Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, en la audiencia de declaración preparatoria. Los tres se reservaron su derecho a declarar y será a más tardar hasta el próximo miércoles cuando el juez defina si les dicta o no la formal prisión.
Para el capitán Martínez Crespo esta es la segunda causa penal en su contra, pues el 13 de noviembre de 2020 se entregó a las autoridades y fue procesado por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud. Desde entonces está preso en el Campo Militar.
Aunque el pasado 19 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) señaló que el general ordenó la ejecución de 6 de los normalistas, ninguno de los 4 militares fue acusado por el delito de homicidio.
La defensa de los 4 militares está a cargo de Alejandro Robledo Carretero, ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de César González Hernández y la defensoría pública militar.
“Yo conozco a Alejandro Encinas desde hace muchos años y lo respeto mucho, fuimos (sub) secretarios juntos en el gabinete del presidente López Obrador; en esta ocasión considero que no tiene la razón, que jurídicamente no le asiste la razón, que estamos convencidos de la inocencia de las Fuerzas Armadas”, dijo Robledo.
La acusación contra Rodríguez Pérez proviene de testigo protegido
La acusación contra el general brigadier José Rodríguez Pérez de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, proviene del testigo protegido Juan, el mismo que ha declarado que sobornó a militares, funcionarios y policías federales, estatales y municipales para que protegieran a Guerreros Unidos.
El ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala se entregó el jueves, igual que sus subordinados, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
“De él proviene (la acusación), pero con muchas imprecisiones, con muchas contradicciones, con una imputación muy vaga, en fin, con una serie de elementos jurídicos que la hacen más que dudosa”, dijo el abogado Alejandro Robledo, quien encabeza la defensa de 4 militares implicados en el caso, además del general y sus subordinados, del capitán José Martínez Crespo, preso desde fines del 2020.
“Dice todo como muy vago, como que se da a entender muchas cosas y no se especifica, pero el derecho penal no da para ambigüedades. Si algo debes tener en el derecho penal es certeza. Es de las cosas que tenemos que demostrar”, señaló.
Cuando el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe del Caso Iguala, señaló que el entonces jefe del 27 Batallón de Infantería habría instruido ultimar a los estudiantes, quienes permanecieron con vida cuatro días, tras los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014.
Pero no dijo que la fuente de esa imputación era el testigo protegido Juan, un nombre clave que la FGR le dio a Gilberto López Astudillo El Gil, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, según fuentes federales.
Juan ha dicho a la Fiscalía que los elementos de los Batallones 27 y 41 de Infantería, con sede en Iguala, recibían al mes entre 60 y 120 mil pesos por protección, que incluía transportar en vehículos militares droga y armas para Guerreros Unidos.
Menciona que un general podía costarles 5 millones de pesos al mes, aunque no identifica a alguno que recibiera ese dinero.
El testigo también asegura que Rafael Hernández Nieto, quien en 2014 era comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador de Guerrero Seguro, era quien supuestamente recibía el pago de la nómina de sus subordinados.
En sus primeros testimonios no especificó quién era el militar que cobraba los sobornos para el 27 Batallón.
Juan también implica con Guerreros Unidos al entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; a Pablo Jasso y Eliohenay Salvador Martínez, elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, así como al ex procurador de justicia estatal, Iñaki Blanco.
Debe seguir la detención de militares responsables de la desaparición de los normalistas: Vidulfo
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, anunció que solicitará a las autoridades información qué delito imputan al ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, general José Rodríguez Pérez, que se entregó el miércoles a las autoridades.
El general José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala señalado de ordenar el asesinato de 6 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se entregó el miércoles a las autoridades y fue encarcelado.
Este jueves se llevó a cabo el Foro La Opacidad de las Fuerzas Armadas en la jornada nacional de lucha que organizaron los padres y madres de los 43 normalistas, en el auditorio de la Normal de Ayotzinapa en Tixtla.
En su participación, Rosales Sierra mencionó que la orden de aprehensión contra el general Rodríguez Pérez era una de las que estaban pendientes e hizo un llamado a que se siga actuando penalmente contra los militares que tengan responsabilidad, “la posición de los padres es que q uien la debe la pague, por los actos de desaparición deben de responder”.
“La detención del general José Rodríguez Pérez es un hecho, fue ayer (miércoles), él se entregó, está declarando con un juez, no tenemos más detalle, no nos notificaron de forma legal, nos confirmaron las autoridades. Vamos a esperar qué delitos y las causas de la detención, no podemos decir una postura, están las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse y se ejecutó una, que se avance en esa dirección para esclarecer este hecho”, expresó.
El miércoles un juez federal absolvió al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque consideró que no existen evidencias de su plena responsabilidad, pero continuará preso en el Penal del Altiplano.
El abogado de los padres pidió al Poder Judicial de la Federación que revise la sentencia, por la cual un juez federal absolvió al ex alcalde de Iguala y a 19 policías municipales, para que se esclarezca el caso de los normalistas desaparecidos.
Rosales Sierra precisó que ellos no serán liberados porque enfrentan otros problemas federales y explicó que un juez de federal los absolvió porque la mayoría de la pruebas en esa acusación fueron obtenidas con tortura e irregularidades “como lo conocemos de la verdad histórica”.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Luis Blancas/Foto: Tomada de Internet
