Tras dos semanas de reuniones con colectivos de víctimas y visitas a exhumaciones ayer fue presentada una primera evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada. Buscan en El Veladero a un joven desaparecido por policías en Acapulco en 2018. Marchan familiares de Emiliano Zapata y de víctimas en Chilapa
Ciudad de México, y Acapulco y Chilapa, Guerrero, 27 de noviembre de 2021. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó este viernes su visita a México, luego de 11 días en los que cuatro de sus integrantes recorrieron 13 estados –Guerrero, entre ellos– y tuvieron decenas de reuniones con autoridades, colectivos de víctimas y organizaciones civiles.
Asimismo, acompañaron exhumaciones y jornadas de búsqueda –en Morelos, Coahuila y Estado de México–, además de visitar penales federales, estatales y de migrantes con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
El día 15 de este mes llegaron al país y la mañana de ayer, en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los cuatro miembros del CED presentaron sus observaciones preliminares antes de partir. El informe final con los resultados de sus investigaciones será discutido y adoptado por el pleno del Comité entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022.
“El Comité resalta la importancia de que México haya aceptado esta visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacionales”, enfatizó Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité.
Desde 2013 –con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto–, esta instancia de la ONU había solicitado en más de una ocasión que se le dejara ingresar al país. Sin embargo, y a pesar de que ya para entonces México había ratificado la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, no se le permitió.
Ahora, casi 10 años más tarde y con una crisis humanitaria cada día más preocupante, el CED confirmó que las desapariciones forzadas son generalizadas en buena parte del territorio mexicano y se dan en un entorno de impunidad y revictimización.
“Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, comentó Villa Quintana.
La desaparición forzada, subrayó, no afecta sólo a las víctimas sino que a toda la sociedad mexicana y, en su conjunto, a la humanidad entera.
De acuerdo con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, si se comprueba que “la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
La aplicación del artículo 34 es una medida que varios colectivos y organismos exigen –y han solicitado en las reuniones que sostuvieron con el CED en días pasados– en cuanto representaría un resultado tangible: una sanción al Estado mexicano, de las visitas a México de instancias internacionales como el CED.
Interrogados al respecto por la prensa presente, los miembros del CED no aseguraron si esta medida podría efectivamente aplicarse tras su visita a México.
“El Comité aspira responder con claridad y de manera abierta todas las inquietudes. El Comité es muy consciente de las atribuciones que tiene y quiere hacer uso responsable de las mismas para promover el efectivo cumplimiento de la Convención; sería muy prematuro que al momento en que estamos cerrando esta visita al país, cuatro de las 10 personas que integramos el Comité, aún sin haber adoptado el informe derivado de la visita, tengamos una respuesta sobre el ejercicio de cualquier otra atribución prevista en la Convención”, precisó Villa Quintana.
Participación de agentes del Estado de todos niveles
La visita del CED confirmó que, en distintas regiones del país, las desapariciones forzadas son efectuadas gracias a la connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A este patrón, se suma otro: la comisión de desapariciones forzadas por agentes de todos los niveles del Estado.
Villa Quintana informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hasta ahora en México hay 95 mil 121 personas desaparecidas; más de un centenar de ellas habría desaparecido durante las dos semanas de estancia del CED.
En tiempos recientes, y más durante el desarrollo de la pandemia de Covid-19, quienes más desaparecen son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Las personas migrantes son otro grupo extremadamente vulnerable e invisibilizado.
La presidenta de la CED resaltó algunos avances legislativos e institucionales producidos en los últimos años. Entre éstos, la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas. Reconoció la relevancia del Protocolo Homologado de Búsqueda y la recién constituida Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia por Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965-1990. No obstante, sin una operación efectiva, la lucha en contra de la desaparición forzada no podrá generar avances importantes y la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos” seguirá atravesando al país de norte a sur.
Villa Quintana añadió que, aún siendo un instrumento valioso, el Protocolo Homologado de Búsqueda todavía requiere ser mejorado para funcionar realmente como un “instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
“Las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades –relató–. Nos han señalado que día a día en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances. Nos han expresado con vehemencia su dolor y que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos”.
Un drama humano indescriptible
Cada desaparición forzada es un drama indescriptible, sin embargo esta herida social se ha atendido sobre todo desde un enfoque de seguridad. Esta perspectiva es inadecuada y deja de lado la impunidad estructural y casi absoluta que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, apuntó la funcionaria de la ONU.
Por otra parte, “es necesario romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia”, expresó.
“Los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis, cuya más cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega, sólo agravan esta situación”
La experta internacional hizo un llamado para que se adopten las medidas de reparación integral a las víctimas, con enfoque de género y multicultural, y para que se le brinde atención prioritaria a los hijos e hijas de las personas desaparecidas, una población básicamente olvidada en el país.
Otro de los aspectos preocupantes que se mencionó, tiene que ver con la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares, y con la seguridad de quienes se involucran en las búsquedas –víctimas, sus defensoras e incluso algunos funcionarios—, ya que arriesgan sus vidas, como lo confirman numerosos asesinatos ocurridos en los últimos años.
Buscan colectivos en la Panorámica a un joven desaparecido por policías en 2018
Integrantes de cinco colectivos de búsqueda del país, en apoyo a la señora Socorro Gil, llevan a cabo acciones de localización del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, el día 5 de diciembre del 2018.
La búsqueda comenzó a las 10 de la mañana en la colonia Panorámica, ubicada en la parte alta de Acapulco y culminó a las 3 de la tarde.
Las organizaciones, representadas por mujeres en su mayoría, buscaron presuntos puntos de fosas clandestinas, y los bomberos ayudaron en excavar o retirar maleza.
Policías ministeriales resguardaron el lugar y otros agentes buscaron indicios con perros entrenados.
La búsqueda se hizo de 10 a 50 metros de la última casa de la colonia referida, en los terrenos del parque nacional El Veladero.
En declaraciones, la señora Socorro Gil Guzmán manifestó que a casi tres años de la desaparición de su hijo en la cancha frente al edificio de la CROM en la avenida Costera apenas hubo una acción de búsqueda.
Insistió y responsabilizó a los policías municipales durante el gobierno de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo por la desaparición de su hijo, “ellos se los llevaron, así lo cuentan los testigos”.
Se quejó que su familia fue desplazada por la violencia de Acapulco y se tuvo que ir a vivir a la Ciudad de México, porque aseguró que fue víctima de amenazas y extorsión.
Relató que la búsqueda de su hijo solamente fue ayer en la colonia Panorámica, y que fue en ese lugar, porque hubo una llamada anónima, “que según mi hijo está enterrado en este lugar”.
Contó que mediante la Red de Enlaces Nacionales tuvo contacto con los diferentes colectivos, que llevan a cabo acciones de búsqueda en el estado de Morelos.
“Hasta ahorita se ha hecho una búsqueda para su hijo, yo sufrí amenazas, extorsiones, nunca hubo respuesta por parte de las autoridades”, denunció.
Pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno ampliar la búsqueda de su hijo, porque sostuvo que un día no alcanza.
Afirmó que primero ella inició con su familia la búsqueda de su hijo en diferentes parte de Acapulco, incluso, dijo que el ex secretario de Seguridad Pública, Raúl Giovanni Olguin, le asignaba policías municipales.
Pero, “no se planeaba la búsqueda, yo salía sola y a veces acompañada por mi hija, le soy honesta, en su momento me daba miedo salir con los policías, porque me preguntaba si los policías se llevaron a mi hijo y con ellos voy a buscar, al rato, que me asegura que no me iban a matar”.
Exigió a las autoridades apoyar a los familiares de personas desaparecidas porque aseguró que no dan el apoyo necesario, “no debiéramos estar pasando por esta situación, que hagan algo para que esto se termine, no es justo que las madres sigamos llorando”.
“Quiero hablarle con el corazón en la mano quién tiene a mi hijo que se lo llevó y que sabe dónde está, que de toque el corazón que me diga que hizo con mi hijo esa noche”, expresó.
Los colectivos que participaron en la búsqueda fueron Unión de Familias Resilientes, Buscando sus Corazones Morelos, Colectivo en Busca de Nuestros Desaparecidos en Navolato, Colectivo Una Luz en el Camino, Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y Unidas Siempre Buscando.
En la búsqueda apoyaron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda y bomberos municipales.
Marchan familiares de Zapata y de víctimas en Chilapa; piden atención a afectados
Familiares de víctimas y descendientes del luchador agrario Emiliano Zapata, marcharon para exigir al gobierno de Evelyn Salgado, postulada por Morena, atención a las víctimas de la violencia.
La manifestación fue parte de la conmemoración por el séptimo aniversario del asesinato de cinco empresarios, entre ellos, dos hermanos del coordinador y fundador del Colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Participó Jorge Zapata González, nieto; Benjamín Zapata Amaro, bisnieto; y Nadia Sonia Salazar, quienes desde Anenecuilco, Morelos, se unieron a la lucha por la búsqueda de desaparecidos en la Montaña de Guerrero.
Portaron una lona que decía: “El que no tenga miedo, que venga a Chilapa a luchar”.
El colectivo Siempre Vivos calcula que hay un promedio de 500 personas desaparecidas en 10 años.
La marcha inició al mediodía de este viernes. Partió del memorial de víctimas, en el crucero de la comunidad de Tecoyutla, hacia el zócalo de la ciudad.
Más de 50 manifestantes recorrieron alrededor de 1 kilómetro y medio, desde el memorial de víctimas, ubicado en el crucero a la Universidad Tecnológica, hasta la plaza cívica de la ciudad.
Su principal exigencia fue tener una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado.
En la plaza central tomaron el micrófono dos descendientes del general Emiliano Zapata, quienes expresaron que el primer filtro de la sociedad es la familia cercana, al enseñar valores y al no permitir robar a las nuevas generaciones.
Los descendientes de Emiliano Zapata, abiertamente opositores al gobierno del presidente de la República, pidieron a la sociedad unirse para enfrentar los delitos que siguen permeando en la sociedad local y estatal.
Texto: Caterina Morbiato, Argenis Salmerón y Luis Daniel Nava / Foto: Agencia Reforma
