Durante un año y sin contar con autorización judicial, funcionarios obtuvieron de compañías telefónicas registros y geolocalización de las comunicaciones de la abogada Ana Lorena Delgadillo, la experta forense Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati. También con el argumento de que se trataba de una investigación por “secuestro y delincuencia organizada”, solicitaron a la SRE documentación personal de las tres mujeres. Cuando ocurrió esa intromisión ilegal de la PGR, Doretti y Turati, en sus respectivas áreas, indagaban el caso Ayotzinapa
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021. Entre 2015 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) espió a una abogada, a una periodista y a una perita independiente que, desde sus respectivos ámbitos profesionales, estaban investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
En esa época, 196 personas fueron masacradas e inhumadas en por lo menos 48 fosas clandestinas. A la fecha, 10 años después, ninguna persona ha sido sentenciada por esos crímenes. Al contrario, por medio de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) la PGR invirtió recursos y aplicó herramientas invasivas para echar a andar una maquinaria de espionaje, criminalización e intimidación a quienes buscaban obtener verdad y justicia para las víctimas.
Los blancos fueron las familias de migrantes víctimas de la masacre; la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y defensora de familiares de las víctimas; la periodista Marcela Turati, autora de numerosos reportajes sobre las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas en México y cofundadora de Quinto Elemento Lab; y Mercedes Doretti, cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.
“Lo más grave y la tremenda impresión para nosotros fue encontrarnos en el mismo tomo (número 221) en donde se estaba investigando a la delincuencia organizada. Las víctimas, la perito independiente, la periodista y los defensores, nosotros, que lo que queríamos es la justicia para estos casos”, comentó Ana Lorena Delgadillo en la rueda de prensa que se realizó este miércoles en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la colonia San Rafael.
Delgadillo explicó que la SEIDO fundamentó esa investigación con base en la Ley de Delincuencia Organizada, una norma de excepción que se debería aplicar sólo en caso de delitos extremadamente graves.
Justificando que se trataba de una investigación de “secuestro y delincuencia organizada” y sin contar con autorización judicial, la PGR pidió de manera “extraurgente” que las compañías telefónicas entregaran sábanas de llamadas, mensajes y geolocalización. Además, solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores documentación personal de Doretti, Delgadillo y Turati, según aparece en uno de los tomos de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/197/2011 por la masacre de San Fernando.
“Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esta celeridad. Ojalá que cuando las familias tienen a un desaparecido y llevan los celulares, con esa celeridad hicieran las cosas”, reprochó.
“Lo duro es que esta es la maquinaria más pesada del Estado para que no tengamos desapariciones –continuó–. Ojalá que esta maquinaria se utilizara en contra de quienes cometen esas graves violaciones en contra de los derechos humanos y no en contra de quienes queremos trabajar con ellos. Las personas que nos investigaron y que hicieron los peritajes nos conocían, nos sentábamos en la mesa con ellos”.
El acceso al tomo 221 no ha sido sencillo: se obtuvo apenas el pasado 11 de mayo, después de ocho años de pelea jurídica, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 a favor de la Fundación para la Justicia. Aun así, la FJEDD todavía no ha recibido la totalidad de las copias de la averiguación previa; la información sigue siendo parcial y fragmentada.
Una investigación de este tipo es una intimidación y represalia en contra de particulares, pero también representa un ataque general a la democracia misma, a la libertad de expresión, al derecho de las víctimas a ser defendidas, manifestó la abogada. La actuación de la entonces SEIDO también manda un mensaje siniestro todas aquellas personas que intentan buscar a sus seres queridos desaparecidos, a las y los defensores de derechos humanos y a quienes, desde las fiscalías, tratan de obtener justicia.
“En 10 años no han podido investigar los crímenes en donde fueron ejecutados nuestros familiares, pero sí hubo una persecución perfecta de datos en tan poco tiempo en el caso de estas defensoras. Para que nosotros, las familias de Centroamérica, no tengamos acceso a la verdad. ¿Será que las autoridades mexicanas van a ayudar? ¡No creo!”, externó Bertila Parada, de origen salvadoreño y mamá de Carlos Alberto Osorio, una de las personas enterradas en las fosas clandestinas de San Fernando. Junto con ella, más familiares tomaron la palabra durante la conferencia de prensa para reiterar su respaldo al trabajo de Doretti, Delgadillo y Turati.
Es más peligroso indagar un crimen que cometerlo
La periodista Marcela Turati, autora de muchos textos que pusieron al descubierto las fallas en la investigación policiaca y en la identificación y manejo de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de San Fernando, dijo que no sólo se trata del uso de Pegasus –el software de espionaje desarrollado por la firma cibernética israelí NSO– sino que estamos frente a un aparato complejo que tiene la finalidad de acosar judicialmente, censurar, intimidar y coartar la libertad de expresión.
“Es un intento de golpe al periodismo de investigación, en un país en donde hablar cuesta la vida”, expuso Turati y puso énfasis en otro aspecto preocupante del espionaje de la PGR: al entrometerse en sus comunicaciones personales, la PGR también violó la privacidad de sus fuentes y quebró la confianza que habían puesto en la periodista.
Del expediente del caso –que la actual Fiscalía General de la República todavía mantiene abierto– estaban enterados los altos mandos de la Procuraduría. La información llegaba al subprocurador Gustavo Salas y al titular del área de Secuestros, Gualberto Ramírez, hoy investigado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“El periodismo es un intento de una comisión de la verdad en tiempo real: donde no hay periodismo, es más fácil que se den masacres, desapariciones, torturas. Donde no hay periodismo la vida está en riesgo. Por esto la defensa del periodismo es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia”, insistió Turati.
A nivel mundial, México figura como el país más mortífero para periodistas en 2021, recordó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quien también participó en la rueda de prensa. Asimismo, añadió, el país ostenta el triste récord de más periodistas desaparecidos y asesinados, y el de la mayor impunidad que envuelve esos crímenes.
“Imagínense el shock que tienen periodistas que, como Marcela Turati, se dedican a la investigación de desaparición forzada, de fosas clandestinas, de investigaciones fallidas por la falta de voluntad por parte de las autoridades, y terminan siendo investigados ellos mismos por la propia autoridad”.
Hechos como este, indicó Hootsen, son evidencia de que la criminalización de los periodistas prevalece, así como sucedió en sexenios pasados. “Hoy queda bastante claro que la máxima instancia de justicia en México (FGR) es una de las principales que criminaliza a la prensa en el país. Es escalofriante. ¿Cómo los periodistas pueden garantizar a sus propias fuentes que pueden hacer investigaciones sin que corran peligro de ser criminalizadas también?”, lamentó el representante de CPJ. “¿Por qué no se ha cerrado esta investigación? ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador para garantizar que no vuelva a pasar?”.
Criminalizar a un forense por hacer su trabajo
La perita independiente Mercedes Doretti, cuya presencia en la conferencia fue virtual, recordó que en agosto de 2015 el Equipo Argentino de Antropología Forense tuvo acceso amplio a la averiguación previa 197/2011. Gracias a la información contenida en el expediente , los expertos pudieron generar alrededor de 50 identificaciones a lo largo de un año, además de hallar numerosas irregularidades en casi todos los casos.
A raíz de eso, el EAAF solicitó al Ministerio Público que revisara el área de asuntos internos de la PGR.
En ese tiempo, el EAAF también hacía análisis de las evidencias recogidas en el basurero de Cocula en 2014 y a la redacción del informe correspondiente que se hizo público en 2016. Tras las amenazas que recibieron por su labor en torno al caso Ayotzinapa, los forenses independientes pidieron ser incluidos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
“Los forenses somos técnicos. Si tenemos disidencia con otro equipo pericial solicitamos una junta de peritos, no los acusamos de crimen organizado”, afirmó Doretti. “Es terriblemente desilusionante que los mecanismos que plantea la ley para la resolución de la disidencia técnico-forense se haya sustituido por la criminalización de los técnicos forenses”.
La perito tachó de “ilegal” la investigación orquestada por la PGR, ya que constituyó una violación a la libertad de prensa, al derecho a la representación legal y a una investigación forense independiente, un derecho que la legislación mexicana garantiza a las familias de las víctimas.
“Mostrar irregularidades sirve no sólo para que se investigue sino también para que se reformen las instituciones forenses y del Ministerio Público, y ayudar a la recuperación de su credibilidad. Cada vez que en lugar de reformar se criminaliza, se pierde una oportunidad única de aprender de los errores y colocar nuevas buenas prácticas en su lugar para salir de la enorme crisis forense que afecta México”, explicó.
También advirtió que este hostigamiento judicial sin fundamento en contra del EAAF le envía un mensaje a todos los forenses de México, sean independientes o que trabajen para alguna instancia del Estado.
“Esta denuncia pública que hacemos hoy no es fácil pero está dedicada a todos los defensores, a todas las familias de personas desaparecidas, y, en mi caso, a todos los forenses: que nunca más un forense sea criminalizado por estar haciendo su trabajo”.
Texto: Caterina Morbiato
