Texto: Francisco Morales V./ Agencia Reforma/ Foto: Agencia Reforma
Ciudad de México, 20 de agosto de 2018. Para el antropólogo Diego Prieto, lo que se planteaba como un encargo de días podría convertirse, si nada cambia, en uno de ocho años completos.
Funcionario en el INAH desde 1991, Prieto ha sido coordinador Nacional de Antropología, secretario Técnico de la institución y, tras la renuncia de María Teresa Franco a la Dirección General, en agosto de 2016, encargado de despacho.
“Se suponía que eso iba a aplicar por unos cuantos días, así se me dijo; no más de un par de semanas, así se me comunicó; sin embargo, pues las cosas se fueron prolongando”, relata en entrevista.
Con la llegada de María Cristina García Cepeda a la titularidad de la Secretaría de Cultura (SC), Prieto fue nombrado director general, cargo en el que ha permanecido dos años.
Recientemente, Alejandra Frausto, presentada por Andrés Manuel López Obrador como la futura secretaria de Cultura, anunció su decisión de ratificarlo en el cargo.
Desde su despacho en Córdoba 45, en la colonia Roma, el antropólogo recuerda su llegada a una institución en tiempos complejos.
“Estábamos en la edificación apenas de la Secretaría de Cultura (SC). Era en noviembre de 2016 que se emite su reglamento y, en diciembre de ese mismo año, fallece el licenciado (Rafael) Tovar (antecesor de García Cepeda)”, recuerda.
Desde sus cargos de este sexenio, explica, ha buscado remediar lo que él percibía como un desentendimiento de los investigadores de la institución y, sobre todo, las complicaciones presupuestales arrastradas durante décadas.
“Hacia 2017, la disminución presupuestal en números gruesos fue de 465 millones, aparte del déficit que ya venimos arrastrando desde algún par de décadas, poco más de 20 años”, detalla.
Además de la creación de la SC, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido marcado por una disminución constante y progresiva al presupuesto para el sector cultural.
Con su nombramiento, Prieto anunció que buscaría que los recursos autogenerados del INAH, como la taquilla a sus zonas arqueológicas y museos, ayudarán a sanear las finanzas de la institución (Reforma 30/01/2017).
Según cifras de la dependencia, en 2017, el INAH logró acopiar un total de 685 millones de pesos en autogenerados, acción que implicó una reestructuración financiera llevada a cabo junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Lo que nos planteamos para el 2018 y 2019 es, precisamente, en primer término, ordenar la institución, empezar a revisar nuestras estructuras de personal, empezar a trabajar con Hacienda”, expone.
No obstante, es precisamente en el tema de los métodos de contratación del personal donde Prieto ha encontrado resistencia a su ratificación por parte de sectores de trabajadores, particularmente del movimiento denominado #YaPágameINAH.
De acuerdo con trabajadores contratados por los Capítulos 1000 y 3000 –esquemas por honorarios–, ellos realizan tareas esenciales para la institución, de la misma forma que los trabajadores de base, pero carecen de prestaciones básicas, seguro de gastos médicos y deben cumplir con horarios.
A lo anterior, Prieto revira: “Yo creo que hablar de Capítulo 3000 es como hablar de salario o aguinaldo, el Capítulo 3000 es una forma de pago, por honorarios. La forma de pago en sí no es ni buena ni mala, es una forma de cubrir mediante un honorario un servicio profesional”.
Según explica, la labor desempeñada por los empleados Capítulo 3000 es comparable con la de un dentista o un abogado, que realizan tareas específicas y son compensados por ellas.
“En el caso del INAH, efectivamente hay algunos profesionistas que prestan servicios específicos, puntuales, claramente mensurables, traducibles a un producto, a un entregable y eso se llama técnicamente Capítulo 3000”, zanja.
No obstante, planeta que esto es sujeto de revisión para la próxima administración. Durante la campaña, Alejandra Frausto aseguró que así sería.
Durante su gestión, asimismo, Prieto se vio enfrentado con la restauración del patrimonio cultural mueble e inmueble que se dañó durante los sismos del pasado septiembre. Éste, hasta ahora, se cuenta en más de 2 mil 300 inmuebles en 11 entidades de la República.
“Yo creo que ya, a la fecha, estaríamos concluyendo alrededor de cerca del 30 por ciento de los inmuebles que se dañaron, claro, fundamentalmente los que tuvieron daños menores”, estima.
De acuerdo con sus estimaciones, el presupuesto reunido a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y el cobro de los seguros contratados para los inmuebles alcanza para que cada monumento tenga un fondo, aunque habrá que procurar más recursos.
