Ciudad de México, 30 de septiembre de 2024. La futura presidenta de México Claudia Sheinbaum enfrentará un punto de inflexión al inicio de su mandato en la relación con Estados Unidos ante el fuerte impacto que las reformas constitucionales avaladas en el Congreso mexicano recientemente tienen en la relación comercial y de seguridad.
Al tiempo que EU vive una agria campaña por la Casa Blanca con disputas sobre temas como migración y aranceles, observadores temen que el aval de algunas de las 18 reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador marquen el inicio de un desacoplamiento entre los dos países.
“EU y México podrían estar en el camino hacia una desintegración gradual”, dijo a Grupo Reforma Kim Breier, subsecretaria de Estado para América Latina de EU durante la Presidencia de Donald Trump.
“Y la pregunta clave es si la presidenta Sheinbaum revertirá ese curso y renovará su compromiso con América del Norte y si el próximo presidente estadounidense hará lo mismo”, advirtió la ex subsecretaria.
Aunque otras reformas faltan por ser consideradas por el Congreso mexicano, la aprobación este septiembre de la reforma al Poder Judicial y de la reforma que hace permanente la militarización de la seguridad pública han provocado ya reacciones en Washington por sus impactos para la relación.
Un día tras la promulgación de la reforma al Poder Judicial, el Servicio de Investigación del Capitolio (CRS, en inglés) destacó en un informe las críticas prevalentes entre funcionarios, grupos empresariales y académicos de EU al “Plan C”.
“Al igual que López Obrador, Sheinbaum se ha molestado con las críticas de EU a las reformas judiciales de México, que podrían presagiar complicadas relaciones comerciales y obstaculizar la cooperación en materia de seguridad y Estado de Derecho”, afirmó el CRS en su reporte.
El impacto del “Plan C” en el T-MEC
Aunque la nueva presidenta de México tendrá que esperar tres meses y medio para la llegada de una nueva administración en la Casa Blanca con la que deberá convivir cuatro años, el inicio de la aprobación del llamado “Plan C” con la reforma al Poder Judicial en septiembre ha comenzado a replantear ya la relación.
Según con un reporte del Instituto México del Woodrow Wilson Centef, el aval a las reformas del “Plan C” significaría potenciales violaciones a por lo menos 15 artículos de siete capítulos del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC) de 2020.
Sólo semanas antes del aval a la reforma al Poder Judicial en México, y que según críticos amenaza la independencia judicial, un grupo de asociaciones del sector privado estadounidense de áreas que van desde la industria química hasta las manufacturas pasando por asociaciones de energía limpia expresaron su temor por el paquete.
“Dada la naturaleza rápida de este paquete de cambios constitucionales, le pedimos respetuosamente que plantee estas preocupaciones y recomiende al gobierno entrante de Sheinbaum un enfoque más lento y deliberativo”, escribieron los grupos al secretario de Estado Antony Blinken en una carta el 19 de agosto intentando influir.
Para los impulsores de la integración de México con EU iniciada con el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el éxito puede verse en cómo la inversión de EU en México pasó de 15 mil millones de dólares en 1993 a 130 mil millones en 2022 según datos del Departamento de Comercio.
Con buena parte del “Plan C” aún pendiente de ser aprobado por el Congreso mexicano, el aval de López Obrador y Sheinbaum a reformas que contravienen directamente el T-MEC se añadiría sin embargo al proteccionismo en EU al interior de los Partidos Demócrata y Republicano revelando quizá una nueva era.
“Desde el TLCAN, habíamos tenido un amplio consenso sobre integración, colaboración y responsabilidad compartida. En general, EU y México habían estado avanzando en la dirección de hacer más cosas juntos. Creo que lo que vemos ahora son grietas en ese consenso”, dice la ex subsecretaria Breier en entrevista.
Según un análisis del Wilson Center, tan solo la propuesta para eliminar órganos reguladores autónomos contenida como parte del “Plan C” -como la Comisión Federal de Competencia (COFECE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)- violentaría los Capítulos 2, 14 18, 21 y 22 del T-MEC.
De la misma forma, las iniciativas para prohibir el uso del maíz genéticamente modificado para siembra y consumo humano, la iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto y el fracking, así como para cambiar el régimen bajo el que se rige la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectarían también otros capítulos.
“No tengo ninguna duda de que este paquete de reformas va en contra del espíritu del T-MEC si no es que de su letra. Si México aprueba esta serie de reformas, ya sea ahora o en las primeras semanas o meses del mandato de la presidenta Sheinbaum, México estaría cambiando las reglas del acuerdo”, dijo Breier.
“Y lo que yo les diría es que estas son decisiones soberanas. Absolutamente, México puede tomar una decisión soberana para cambiar las reglas del juego. Pero cuando el gobierno de México decide hacerlo, yo diría que éste ha comenzado a renegociar los términos del T-MEC”.
En mitad de julio, el entrante secretario de Economía en el nuevo gobierno de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, había dicho que el proceso de revisión del T-MEC programado para 2026 entre los tres países sería limitado, pero el aval del “Plan C” pareciera estar empujando a una renegociación más amplia.
De entrada, un grupo de congresistas estadounidenses liderados por el demócrata Greg Stanton ya han planteado públicamente que tan sólo la reforma al Poder Judicial en México sería uno de los temas que afectaría el proceso de revisión programado para 2026, echando por la borda la expectativa de Ebrard.
El impacto del “Plan C” en la relación de seguridad
Al igual que en comercio, los efectos de las iniciativas del “Plan C” apoyadas por Sheinbaum también imprimirían un cambio en la relación de seguridad con EU, particularmente la reforma al Poder Judicial y la reforma para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El 22 de agosto, el actual embajador de EU en México, Ken Salazar, alertó de los riesgos de la elección popular de jueces contenida en la reforma al Poder Judicial como un riesgo para que los cárteles del narcotráfico pudieran aprovechar para presionar a jueces sin la experiencia necesaria.
“Desde una perspectiva de seguridad, existe una gran preocupación por la posibilidad de que grupos criminales influyan en el proceso electoral y, por ende, en los jueces que resulten electos. Habrá mucha atención a medida que avance el proceso”, dijo a Grupo Reforma Anthony Wayne, ex embajador de EU.
Iniciando con el republicano George W. Bush en 2008, diversas administraciones habían asimilado como una de sus prioridades, el fondeo del entrenamiento de operadores de la justicia en México -incluyendo jueces- y la construcción de infraestructura judicial para apoyar cambio de modelo hacia juicios orales de ese mismo año.
Ante los altos niveles de violencia criminal y narcotráfico, EU destinó por más de una década más de 3 mil 500 millones de dólares en ayuda a México de lo que sólo una fracción desde 2008 estuvo destinada para entrenar a cientos de jueces mexicanos así como la construcción de nueva infraestructura para juicios orales.
Coincidiendo con la llegada de Sheinbaum como nueva presidenta, la reforma para que los más de 120 mil miembros la Guardia Nacional sean trasladados al paraguas de la SEDENA, también deberá llevará a Washington a recalibrar la forma de cooperación anti-crimen con unos militares mexicanos fortalecidos.
“Las preocupaciones de EU sobre la estrategia de seguridad liderada por los militares de México y sus efectos sobre los derechos humanos podrían limitar la futura cooperación en materia de seguridad”, reconoce el reporte del CRS del sobre los retos que enfrentará la llegada de Sheinbaum.
Como ha ocurrido desde 2019 cuando López Obrador ordenó la creación de la Guardia Nacional, grupos de derechos humanos han sido exitosos en lograr que el Congreso de EU prohiba fondos para proyectos, equipamiento o entrenamiento para dicho cuerpo, al no estar de acuerdo en tener a militares en seguridad ciudadana.
Este año 2024, EU destinó 111 millones de dólares en ayuda bilateral a México pero ninguno de esos fondos han llegado a la Guardia Nacional por lo que observadores en Washington se preguntan si la administración Sheinbaum cabildeará para terminar con dicha prohibición de fondeo.
Aunque haya una comunicación militar-militar a través del Comando Norte del Pentágono, la Sedena y la Secretaría de Marina (SEMAR) tendrán más peso en áreas claves para la relación con EU como lo son el manejo de las aduanas y su papel en la contención migratorio.
“Mucho dependerá de la implementación, pero las reformas (en México) y la rapidez de su aprobación están enviando ahora señales de alerta brillantes a los empresarios, al Congreso (de EU) y a la gente de las agencias gubernamentales”, dijo a Grupo Reforma, el embajador estadounidense Wayne.
A pesar de la relación que las fuerzas armadas mexicanas tienen con agencias de EU para operativos específicos como arresto o la destrucción de algún laboratorio, la intensificación de la relación con la Guardia Nacional sólo podrá ocurrir si se persuade al Capitolio de eliminar los candados que lo impiden.
El fin de un equilibrio bilateral compartido
Desde su llegada al poder en 2018, la relación del gobierno de López Obrador tanto con la administración de Donald Trump como con la actual administración de Joe Biden ha estado fincada en su colaboración para controlar los masivos flujos de migrantes irregulares que llegan a la frontera entre México y EU.
Según lo describió Jared Kushner yerno del ex presidente Trump en su libro de memorias en 2022, el gobierno de López Obrador a través del entonces canciller Marcelo Ebrard habría aceptado desde 2018 un entendimiento para colaborar en control migratorio a cambio de dejar camino libre en prioridades domésticas.
Tan sólo en el año 2023, el gobierno de López Obrador registró un récord de aprehensiones de migrantes irregulares con un total de 782 mil, lo que significó un número histórico considerando que en 2018 apenas se registraban 113 mil arrestos según datos procesados por la Oficina de las Naciones Unidas para las migraciones (OIM).
Pero la aprobación de las reformas contenidas en el “Plan C” podrían significar, según expertos de la relación entrevistados, romper el equilibrio alcanzado por el gobierno de López Obrador ante la profundidad de los cambios potenciales de varias de las reformas.
“El verdadero riesgo que ya se está aquí, y es el gradual deterioro de la relación y desacoplamiento de la agenda México-EU, en sus principales ejes, comercio, migración y seguridad”, dijo a Grupo Reforma, Gerónimo Fernández, ex embajador mexicano en Washington durante la negociación del T-MEC.
“Los dos países nos estamos desviando rápido del objetivo de construir una relación de socios estratégicos para convertirnos más bien en socios incómodos”, añadió.
Texto y foto de archivo: Agencia Reforma
