Vidulfo Rosales Sierra
Desde hace 15 días la violencia azota las principales ciudades de Guerrero. Tan sólo el martes pasado, de acuerdo al recuento del periódico El Sur hubo cinco muertos: dos en un taller de motos de Chilpancingo, un niño de 15 años en Iguala, otro en Huitzuco y uno más en Tlapa. El miércoles hombres armados quemaron 12 vehículos en Acapulco a plena luz del día.
Da la impresión de que el estado de derecho ha sucumbido ante la ola delincuencial que desborda a las instituciones. Donde están los cientos de policías y militares. La Guardia Nacional del sexenio brilla por su ausencia. De qué sirven los modernos aparatos de inteligencia como los C5, los sistemas de espías con los que cuenta el Ejército, que hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las policías municipales. La clase política calla, la derecha conservadora que cuestiona las manifestaciones de organizaciones sociales de izquierda ahora guarda silencio cómplice ante la estela de muerte que deja el hampa.
¿Será verdad que el poder de fuego de la delincuencia es superior a las fuerzas del Estado? Lo dudo, los que estamos en el activismo somos testigos de la eficacia de las fuerzas de seguridad: intervienen los teléfonos y despliegan agentes encubiertos de tal forma que, desde la planeación, el traslado de los contingentes y la realización de una protesta social el Estado ya lo sabe. Eso les facilita el traslado de cientos de efectivos policiacos para reprimir y disuadirla de inmediato. ¿Por qué la eficacia no es la misma con los grupos delictivos?
El reciente informe del GIEI que coadyuvó en la investigación del caso Ayotzinapa ilustra el marco de permisibilidad con el que cuentan los grupos delictivos. En este caso el Ejército sabía cómo operaban en Iguala, la colusión que existía con policías y autoridades y nunca los frenaron.
El Ejército mexicano tiene perfectamente mapeados a los grupos delictivos que operan en la entidad, sabe quiénes son los cabecillas, el territorio donde actúan, cuál es su capacidad de fuego, los nexos que mantienen con policías, autoridades municipales, estatales y empresarios que lavan dinero. Así las cosas, no hay ningún impedimento para desmantelarlos, pero prefieren permitirles continuar con sus actividades ilícitas.
La delincuencia y su economía criminal es funcional a este modelo económico y formas de organización política por eso empresarios, Iglesia y Estado callan. Sólo cuando organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles protestan se escandalizan. Vociferan iracundos cuando se toman carreteras o casetas de peaje, llaman al establecimiento del orden, sin embargo, las muertes al por mayor nada les significa. Tan sólo en los hechos de violencia del martes pasado en Chilpancingo murieron jóvenes menores de 20 años y en Iguala un niño de 15 años, pero esos episodios de terror a nadie interpelan. El gobierno sigue en pasarelas y acciones frívolas y la clase política en su fiesta electoral, con discursos vacuos.
Los partidos políticos desde hace rato han prescindido de sus programas. Los aspirantes a un cargo público no tienen una formación política e ideológica y desconocen la administración pública y la actividad parlamentaria. Los partidos han envilecido la política al grado de que hoy priva un pragmatismo ramplón en las contiendas electorales, cualquiera puede ser presidente municipal, diputado e incluso gobernador con tal que tenga dinero para repartir. Las presidencias municipales tienen precio según la extensión e importancia política del municipio.
Por ello los partidos políticos le dan las candidaturas a quien tenga poder económico para hacer una campaña basada en el despliegue de espectaculares y la repartición de despensas, mangueras, pago de jaripeos, clausuras y fiestas patronales de los pueblos y pagar el voto el día de la jornada electoral.
Así pues, no son las ideas, el programa o la plataforma política la que cuenta en una contienda electoral. Los aspirantes no se tienen que preocupar por construir una propuesta política que recoja los problemas más sentidos de los municipios y el estado, por lo tanto, no importa recorrer los pueblos, dialogar con la gente para saber sus problemáticas, sólo tienen que conseguir dinero para repartir, de todas formas, lo recuperarán con creces. El presupuesto de los municipios es bastante para cubrir eso y más.
Aquí es donde los grupos delictivos que cuentan con cuantiosos recursos económicos financian las campañas, claro está, a cambio de compartir el gobierno y permitirles su libre accionar delictivo.
Bajo el paraguas de este entramado de complicidades, los grupos delictivos no incomodan a este modelo económico y político, por el contrario, se les permite operar. Para ellos las muertes son bajas necesarias, daños colaterales en las batallas que mantienen los grupos delictivos, al fin y al cabo, alguno de ellos ganará y tendrá el control de la plaza y con ese se harán los pactos, por esta razón ni la tecnología, ni los cuerpos policiacos y militares, ni el sistema de espía del Ejército detienen la violencia que despliegan los grupos del hampa.
Aunado a lo anterior, la debilidad del estado, su ausencia en la comunidad, en sus conflictos internos, la falta de acceso a la educación, salud, a la verdad y justicia, la indiferencia de la clase política respecto del sufrimiento de los pueblos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos propicia que los grupos delictivos llenen esos vacíos, se fortalezcan y rompan el tejido social con la violencia que despliegan una vez enraizados.
Por ello, es urgente un diálogo con los pueblos, organizaciones sociales y víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos permita transitar en dos rutas: 1. Relanzar la demanda histórica de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. La reforma constitucional nos permitirá sentar las bases para superar barreras estructurales de pobreza y marginación secular que padecemos, 2. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas tienen que encontrarse para analizar y discutir las rutas de justicia y búsqueda de sus seres queridos.
Con lo anterior no se solucionará de inmediato el problema de la violencia, pero se propicia la participación política, los pueblos encuentran un asidero de justicia y cerramos los espacios para evitar que los grupos delictivos sigan rompiendo el tejido social. No podemos esperar sentados a las autoridades y la clase política. Ellos andan en sus fiestas y negocios.
