Otros cinco cadáveres están calcinados y tendrán que hacerles estudios para identificarlos. La CRAC-PF responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de la masacre en Chilapa porque con mucha anticipación pidió el resguardo del Ejército y la Guardia Nacional. En asamblea acuerda pedir a López Obrador que los visite, como lo hizo con la familia LeBarón.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de enero de 2020. Funcionarios del gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) entregaron a las 2 de la tarde de ayer cinco de los diez cuerpos de los músicos de Alcozacán, que fueron emboscados y asesinados la tarde del viernes en Mexcalcingo, municipio e Chilapa.
En el lugar de la emboscada del viernes en la tarde, agentes de la Fiscalía encontraron en el fondo de un barranco dos camionetas en las que se trasladaban los integrantes del grupo Sensación Musical, cada una con cinco cuerpos. Los cuerpos entregados ayer están en condiciones de ser reconocidos, pero los otros cinco quedaron irreconocibles debido a que fueron incinerados, y funcionarios estatales informaron a los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y a los familiares que serán entregados después de que se les practiquen los estudios para su plena identificación.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, informó que los cuerpos entregados corresponden a José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, y Antonio Mendoza Tolentino, quienes fueron identificados porque no estaban calcinados.
Agregó que faltan los cuerpos de otras cinco víctimas incineradas: Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño Chautla.
Mientras tanto, más de 2 mil indígenas de los 16 pueblos que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PF continuaron ayer por tercer día con el bloqueo en el crucero de Alcozacán, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
El coordinador David Sánchez Luna informó por teléfono que acordaron en asamblea mantenerse hasta que les entreguen los otros cinco cuerpos, y les resuelvan sus demandas, entre ellas el desmantelamiento y detención de los principales líderes del grupo delictivo de Los Ardillos a los que responsabilizan de la masacre.
Asimismo, la instalación de campamentos militares y de la Guardia Nacional en los cruceros del Jaguey y de Tula, de la carretera Chilapa-Hueycantenango, la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que tiene la Fiscalía en contra de policías comunitarios, así como apoyos diversos para quienes participan en el bloqueo, porque, según dijo Sánchez Luna, el responsable de que continúen allí es el gobierno por no resolverles sus demandas.
En su pliego petitorio incluyeron, asimismo, otras 23 demandas que habían planteado a los gobiernos federal y estatal desde el 5 de agosto del año pasado y que no han sido resueltas.
En un boletín, el gobierno del estado informó que la FGE entregó a sus familiares cinco de los diez cuerpos encontrados en el camino Mexcalzingo-Tlayelpan en el municipio de Chilapa de Álvarez.
“Igualmente, la institución ministerial dio a conocer que continúan desarrollándose las diligencias para la identificación y entrega de la totalidad de los cuerpos”, se dijo en el comunicado.
Agregó que personal de la Secretaría General de Gobierno mantiene comunicación con autoridades y deudos para la entrega de los cuerpos y el otorgamiento de apoyos para los gastos funerarios.
En el mismo boletín se informó que la Secretaría de Seguridad Pública informó que realizó hoy (ayer) sobrevuelos de reconocimiento por distintas localidades en la zona “en el que se constató un bloqueo en el punto conocido como Huitzapa por 300 personas aproximadamente”.
Sin embargo, este bloqueo no fue reconocido por la CRAC-PF. El coordinador Sánchez Luna dijo que el punto de Huitzapa no existe en la zona y que el bloqueo de la Coordinadora permanece en el crucero de Alcozacán. Aseguró que la mañana de ayer eran unas 2 mil personas y se incrementaron a 2 mil 500 por la tarde de ayer porque continuaron llegando pobladores de otras comunidades.
Reprochó que el gobierno del estado se ha venido conduciendo con mentiras y que es otra de las causas por las que no levantarán el bloqueo.
Denunció que el sábado el subsecretario Martín Maldonado del Moral les informó que a las 9 de la mañana iría a reunirse con ellos el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, y el fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para conocer sus demandas, pero que éstos no llegaron y que, por el contrario, al medio día en conferencia de prensa en Chilpancingo informaron que no había diálogo con ellos porque es una zona comunitaria.
Dijo que eso sólo fue un pretexto porque no existe ningún impedimento de ellos ni de la Ley para transitar hasta donde se encuentran esperándolos para dialogar respecto a sus demandas.
El sábado, el fiscal De los Santos informó en conferencia de prensa que la FGE no ha localizado pruebas, casquillos percutidos o indicios que permitan conocer las condiciones de la muerte de diez músicos.
En la conferencia de prensa estuvo también el secretario de Seguridad Pública David Portillo Menchaca, y el fiscal aseguró que ambos acudieron al sitio del siniestro para realizar diversas diligencias y dar seguridad a la zona, donde localizaron dos camionetas, tipo redilas, ambas siniestradas y una de ellas calcinada.
Detalló que en los vehículos se encontraron cinco cuerpos en cada uno; cinco de ellos totalmente calcinados y que el pasado sábado, trabajadores de Protección Civil, agentes ministeriales y peritos realizaron el levantamiento de cinco cuerpos localizados en uno de los dos vehículos, que se encontró volcada en una barranca de más de 100 metros de profundidad. Los otros cinco que se encontraron en la camioneta calcinada habían sido levantados desde el viernes.
Informó que la carpeta de investigación se abrió por el delito de homicidio y lo que resulte.
Agregó que la FGE realiza la búsqueda de indicios, datos de prueba o casquillos percutidos de arma de fuego en la zona, sin que al momento (el sábado) se hayan localizado. Asimismo sostuvo que personal de las FGE, Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional brindan seguridad a la zona.
Cuando los reporteros le preguntaron por la denuncia de la CRAC-PF en el sentido de que los responsables son integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos, el funcionario respondió que continúan las investigaciones.
Con respecto a las demandas que plantean los miembros de la CRAC-PF que bloquean la carretera Chilapa-Hueycantenango, en el crucero de Alcozacán, el fiscal declaró que no hay diálogo, “con estas personas porque es una zona de influencia comunitaria, que están organizadas por la ley 701 y hay seguridad por parte de estas personas, lo importante ahorita es avanzar en las investigaciones del hecho y las peticiones para que se les pueda apoyar”, destacó.
Ayer, más de 2 mil indígenas, según el coordinador Sánchez Luna, de las 16 comunidades que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PC continuaron por tercer día con el bloqueo.
El coordinador Sánchez Luna informó que a las 2 de la tarde acudieron allí Jorge Miranda Huesca de la Dirección de Gobernación estatal y un agente del Ministerio Público de nombre Joaquín, quienes entregaron a los familiares los cuerpos de cinco de los 10 músicos asesinados la tarde del viernes.
Declaró que antes recibió una llamada del subsecretario Maldonado del Moral quien le informó que los otros cinco serán entregados después de que se les realice los estudios para su identificación, debido a que son los que fueron incinerados.
El coordinador de la CRAC-PF responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de la masacre de los 10 indígenas, pues dijo que con mucha anticipación estuvo alertando de la violencia que se vive en esa zona y que pidió el resguardo del Ejército y la Guardia Nacional y no le hicieron caso.
Informó que en asamblea por la tarde las autoridades de las 16 comunidades que pertenecen al sistema de la CRAC-PF acordaron mantener el bloqueo hasta que reciban los otros cinco cuerpos.
Incluyeron otras demandas como el desmantelamiento y la detención de los líderes del grupo delictivo de Los Ardillos, a los que responsabilizaron de la masacre, También piden la instalación de campamentos militares en los cruceros de Tula y El Jaguey en donde operan los integrantes del grupo criminal, denunció.
Exigen, además, la libertad del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes y la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que tiene la FGE en contra de policías comunitarios y autoridades de la CRAC-PF.
Informó que en la asamblea de la tarde de ayer acordaron pedir una visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Reprochó que si el presidente fue a Bavispe, Sonora, a visitar a la familia LeBarón, por qué no habría de ir a Alcozacán donde mantienen el bloqueo, a platicar con los familiares de los 10 indígenas nahuas asesinados.
También acordaron incluir en sus demandas un pliego petitorio que entregaron a los gobiernos federal y estatal el 5 de agosto pasado que contiene peticiones como la creación de un nuevo municipio de los pueblos indígenas nahuas.
Además demendan la construcción de la Casa de Justicia y la asignación de un presupuesto para su mantenimiento y operativos dentro del territorio comunitario, vehículos, equipo y uniformes para la Policía Comunitaria.
La instalación de un cajero automático dentro del territorio comunitario para que puedan cobrar los programas sociales y las remesas que les envían sus familiares de Estados Unidos, la instalación de sistemas de comunicación y una antena para la cobertura de telefonía celular y de Internet.
Texto: Zacarías Cervantes y María Aviléz Rodríguez / Foto: El Sur
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