Acapulco, Guerrero, a 5 de marzo de 2026.- En medio de un fuerte resguardo de policías y agentes de la Guardia Nacional, el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo entregó a familiares los cuerpos del comisionado de obras públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y del trabajador Francisco Bonilla Muñoz, del gobierno por usos y costumbres de Ayutla de los Libres, asesinados el martes en la noche.
En tanto, la Honorable Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los Libres, que encabeza Elizabeth Calixto Leyva, exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación minuciosa, transparente y sin omisiones para dar con el paradero de los responsables del asesinato de dos de sus integrantes y garantizar justicia.
En un comunicado aseguró que los integrantes del Consejo Municipal Comunitario no guardarán silencio ante el “acto atroz”, y que su voz será levantada con firmeza para exigir justicia y seguridad para el pueblo de Ayutla.
Ayer alrededor de la 1 de la tarde, los cuerpos del comisionado de obras públicas, Tomás Augusto Lozano, y del contador público Francisco Bonilla, del gobierno comunitario de Ayutla de los Libres, asesinados la noche del martes, fueron entregados a familiares.
La diligencia se realizó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, que fue resguardado fuertemente por policías ministeriales y agentes de la Guardia Nacional.
Los familiares iniciaron el trámite desde la mañana de ayer miércoles. A la 1 de la tarde los cuerpos fueron entregados para ser llevados a una funeraria y posteriormente fueron llevados hacia los municipios de Ayutla de los Libres y Ometepec, de donde eran originarios los asesinados.
El doble homicidio ocurrió el martes alrededor de las 7 de la noche, de acuerdo con reportes de la policía.
El funcionario y un trabajador del gobierno municipal comunitario de Ayutla fueron emboscados y rafagueados con armas de alto calibre, en el tramo de la carretera Tierra Colorada-Ayutla, en la comunidad de Omitlán, municipio de Juan R. Escudero.
Eran parte de una caravana que regresaba de una jornada de trabajo en la capital del estado.
“Nuestros compañeros habían acudido a la ciudad de Chilpancingo a una reunión de trabajo y se encontraban de regreso a nuestro municipio cuando ocurrió esta irreparable tragedia”, dijo la Casa de los Pueblos en un comunicado.
El asesinato se cometió un día después de que la directora de Salud del Ayuntamiento de Atlixtac, Jéssica Macedonio Saldaña y su asistente particular Fulgencio Salgado Sánchez, fueron interceptados y asesinados a balazos de armas de alto calibre en la carretera federal Tlapa-Chilapa, antes de llegar a la comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa de Álvarez.
El doble asesinato de dos integrantes de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de los Libres, se perpetró en el contexto de las hostilidades y enfrentamientos armados entre las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en alianza con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, y la organización criminal Los Ardillos con presencia en los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco.
Por la tarde, la Casa de los Pueblos de Ayutla emitió un comunicado oficial en el que exige justicia.
“La Honorable Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los Libres, así como todo el personal que la integra, expresa su más enérgica condena y profunda indignación por los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en las inmediaciones del puente Omitlán, donde fueron cobardemente privados de la vida nuestros compañeros el Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, quien se desempeñaba como Director de Obras Públicas, y el C.P. Francisco Bonilla Muñoz, servidor público comprometido con una importante labor dentro de nuestra institución”.
Agrega que ambos se distinguieron por conducirse con ética, profesionalismo y un firme compromiso con el servicio al pueblo.
“Hoy, la tristeza, el coraje y la impotencia embargan a nuestra institución y a toda la comunidad. No solo hemos perdido a dos servidores públicos ejemplares, sino a dos seres humanos valiosos, cuya entrega y responsabilidad eran reflejo del compromiso que caracteriza a quienes trabajan por el bienestar de nuestro municipio”.
La institución exigió al gobierno federal de Claudia Sheinbaum y al gobierno estatal de Evelyn Salgado el esclarecimiento inmediato y puntual de los hechos.
“Demandamos una investigación minuciosa, transparente y sin omisiones, que permita dar con el paradero de los responsables y garantizar que se haga justicia”.
Demandaron a las autoridades implementar acciones concretas y efectivas para salvaguardar la integridad y la vida de todas las personas que transitan por las carreteras de la región para evitar que un acontecimiento tan doloroso y condenable vuelva a repetirse.
Autoridades de 85 pueblos exigen justicia para los funcionarios de Ayutla asesinados
Autoridades y pueblos de comunidades del municipio de Ayutla y de la Montaña, así como el Consejo Indígena y Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigieron justicia y condenaron el asesinato de los dos funcionarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla la tarde noche del martes.
Tomás Augusto Lozano Analco y Francisco Bonilla, coordinador de la Comisión de Obras y contador público, respectivamente, fueron asesinados a las 7 de la noche del martes, en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.
“Exigimos justicia para las víctimas”, pidieron en un comunicado la mañana de ayer autoridades municipales, ejidales y comunales de 85 pueblos y comunidades del municipio de Ayutla, de la montaña y Costa Chica del estado, así como el Cipog-EZ, que condenaron el asesinato de los dos funcionarios municipales.
En su documento responsabilizan al grupo delictivo de Los Ardillos y señalan directamente a Daniel Rosas Martínez, “quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada”, refieren en su escrito.
Asimismo, responsabilizan a los tres órdenes de gobierno “por permitir la expansión de esta organización criminal” y señalan que el Estado mexicano “ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos de ese grupo delictivo, “mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”.
Las autoridades comunitarias y el Cipog-EZ piden a las autoridades desarticular a las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación y que se sancione a los responsables de estos crímenes”.
En su postura, convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.
En su escrito, denuncian “la complicidad directa de autoridades locales con Los Ardillos, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna”.
Dicen que la expansión territorial de Los Ardillos, así como su control de municipios y carreteras, “ocurre con el permiso y la complicidad del Estado frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad”.
Denuncian que en lugar de desarticular a Los Ardillos, funcionarios del gobierno federal y estatal “se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida”.
En su recuento, refieren que el grupo delictivo es responsable del asesinato de 70 integrantes del Cipog-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías ciudadanos de El Cortijo, “todos estos crímenes que siguen impunes”.
Agregan, además, que el mismo grupo delictivo ha asesinado, torturado y desaparecido a menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres.
“En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar”.
Indican que esta ola de violencia no es nueva, “forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años”.
“Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”, denuncian.
Concluyen que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso, desprecia “y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria, mientras protege a los criminales que nos matan”.
Exigen justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crímenes”.
Finalmente convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.
Organizaciones del país piden el cese de los actos de violencia contra el Cipog-EZ
A siete años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de Tepetixtla, Coyuca de Benítez, e integrantes del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, denunciaron que la “verdad y justicia” en su caso no llega.
Mediante un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, las agrupaciones exigieron, también, el cese de las “agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia” en contra del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), por parte del “grupo paramilitar los Ardillos y sus patrocinadores políticos y económicos”.
Samir Flores fue privado de su libertad y después encontrado asesinado el 20 de febrero del 2019, sin que, de acuerdo con las agrupaciones sociales, se haya hecho justicia.
“Exigimos justicia a siete años sin Samir Flores Soberanes pero la verdad y la justicia no llegan. Pesada ausencia en nuestros corazones. Siete años llenos de indiferencia, de mentiras, de tretas, de dilaciones, de encubrimientos desde el poder”, denunciaron las agrupaciones en su comunicado.
Recordaron que apenas el 16 de febrero pasado se inició el juicio contra Javier, el Temalaco, cinco años después de su detención.
“Es el único detenido como probable autor material del asesinato de Samir Flores y su juicio fue aplazado más de cuatro veces. No se ve que investiguen quién ordenó su muerte”.
Derivado de ello denuncian que no se sabe quiénes son él o los autores intelectuales, y que las autoridades “quieren reducir todo a la búsqueda de un autor material. Todo apunta a que nos tratan de engañar con otro teatro”.
Piden que se investiguen a Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona “y hasta el que en su campaña electoral prometió (y no cumplió) que no permitiría que en la tierra de Zapata se implantara el Megaproyecto Integral Morelos, Andrés Manuel López Obrador”.
Cuestionan, “dónde está la congruencia de los que muy seguido usan la palabra ‘justicia’ o slogans publicitarios como ‘por el bien de todos, primero los pobres”.
Reprochan que, por el contrario, con el Plan México, “nos muestran un panorama de más contaminación, más despojo en nuestros pueblos, más extracción de nuestros recursos, más riquezas para unos cuantos, más dependencia norteamericana, más violencia para ver quién o quiénes se quedan con las ganancias generadas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos”.
Las agrupaciones advierten que no van a claudicar, “seguiremos exigiendo justicia con el ejemplo de vida y lucha que Samir dejó entre nosotros”.
Exigen que “cesen las agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia contra las poblaciones integradas en el Cipog-EZ, “por parte del grupo paramilitar los Ardillos y sus patrocinadores políticos y económicos”.
Redacción/ Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
