El lugar, al lado de un albergue para niñas y niños indígenas, será para atender a indígenas en problemas jurídicos y de salud relacionados con la violencia contra las mujeres. Es un punto de la sentencia de la Corte Interamericana para resarcir parte del daño a la mujer me’phaa que fue violada por militares hace casi 20 años
Ayutla, Guerrero, 27 de julio de 2021. Casi 20 años después de que soldados del Ejército violaron de manera tumultuaria a la mujer me’phaa Inés Fernández Ortega, el próximo viernes el gobierno federal le entregará para que administre un Albergue-Centro Comunitario en Ayutla, como parte de la reparación del daño ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en su sentencia del 30 de agosto de 2010.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García advirtió que una violación tumultuaria no tiene reparación, pero con el cumplimiento de la sentencia se busca resarcir el daño que se cometió en contra de la dirigente indígena y de la comunidad.
Inés fue víctima de los soldados del Ejército el 22 de marzo de 2002.
El antecedente inmediato –relató el defensor– es la masacre perpetrada por el Ejército en El Charco, comunidad de este municipio, donde el 7 de junio de 1998 fueron ejecutados por efectivos del Ejército 11 indígenas que se encontraban en una asamblea donde también participaron guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). A raíz de ese hecho, para reprimir a los pueblos ante la presencia de esa organización guerrillera, se “militariza Ayutla y Acatepec”.
Tlachinollan acompañó a Inés a la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia que, “con mucha dificultad se le recibió, se le hizo el examen ginecológico con mucha dificultad, y la Fiscalía hace que se le pierde la prueba, era una situación complicada porque prevalecía el fuero militar. Mediante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la Fiscalía recibe la denuncia y manda la averiguación previa al fuero militar”.
Ya en manos de los militares, éstos “hacen su investigación a su modo, violando derechos humanos, violando el debido proceso y determina que no hay tal, dice ‘Inés Fernández, eres una mentirosa, nadie te violó, no pasó nada’”.
La lucha de Inés por encontrar justicia siguió, con la asesoría de Tlachinollan agotó todas las instancias jurídicas en el país, interpuso un juicio de amparo y una demanda de garantías ante un juez federal que desechó la demanda.
Entonces acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se castigara a los soldados que la violaron. El Estado mexicano respondió que no tenía responsabilidad, pero ante las contundentes pruebas del abuso, el organismo internacional remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el 7 de mayo de 2009.
En el año 2010 la Coidh determina que el Estado mexicano es responsable de la violación tumultuaria.
Como reparación del daño, la Corte establece que en Ayutla debe de haber una agente especializada en delitos sexuales y violencia familiar, que la Secretaría de Salud tiene que dar terapia psicológica y seguimiento a los pacientes.
Además establece que debido a que los hijos de las familias me’phaa de comunidades bajan a la cabecera municipal de Ayutla a estudiar, “y ahí sufren discriminación, son prácticamente esclavizados por la gente mestiza en Ayutla porque los tienen en su casa, los explotan, los hacen trabajar a cambio de un espacio para dormir, entonces la Corte ordena al Estado mexicano que garantice que estos niños puedan tener un lugar para llegar y se les garantice la educación”.
El Albergue y Centro Comunitario de Ayutla
Como parte de la reparación comunitaria ordenada por la Coidh se construyó el Centro Comunitario de Desarrollo para la Mujer Indígena de Ayutla y Albergue para Niños y Niñas, al que el abogado y la gente de Ayutla se refieren como Albergue-Centro Comunitario, “se empieza a construir en 2013, se termina en 2016 pero el Estado alega que no tiene recursos para echarlo a andar, queda abandonado y hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador es que sigue el proceso, y parece que ya va a cumplir”.
Este año se volvió a remodelar y el próximo viernes va a ser entregado a Inés Fernández Ortega y a un grupo de mujeres me’phaa para que lo administren y entre en funcionamiento.
Las instalaciones están relucientes, son dos grandes edificios en los que hay baños comunitarios, habitaciones, comedor, cocina, oficinas y unas recién pintadas canchas de basquetbol.
En el lugar están apilados colchones, literas, sillones, sillas, libreros y archiveros que aún no se han acomodado.
Cuenta con un amplio patio y está completamente amurallado, al momento de la visita este lunes el edificio era resguardado por cuatro agentes de la Guardia Municipal Comunitaria, que es la policía de la Casa de los Pueblos.
El abogado Rogelio Téliz informó que las instalaciones tendrán dos funciones, alojar a niños y niñas de las comunidades indígenas y un centro comunitario para atender cuestiones jurídicas, de salud y de violencia intrafamiliar y comunitarias, con dos abogadas, una sicóloga, una enfermera, una doctora y una trabajadora social para atender a las mujeres víctimas de violencia familiar para canalizarlas a las instancias para el castigo y reparación del daño.
El albergue va a ser administrado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) mediante sus programas, y la parte del Centro Comunitario por Inés y su equipo.
Podrá albergar 45 niños y 45 niñas indígenas y dará atención a todos los que acudan a la asesoría, “no hay límite, cualquier persona de las comunidades indígenas podrá acudir”.
Los gastos corren por el Estado mexicano, los tres niveles de gobierno tendrán que resolverlo, la Corte mandató la reparación y el Estado tiene que resolver.
“Tiene que funcionar porque es una sentencia, no está haciendo un favor el Estado mexicano y se tiene que cumplir, si no tiene graves repercusiones, México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), si no cumple va a ser sancionado”.
Se preguntó al defensor de derechos humanos quién acudirá a la inauguración este viernes, y contestó, “se menciona que viene Adelfo Regino del INPI, Alejandro Encinas y quizás López Obrador, pero no está confirmado”.
“Este espacio es por la sentencia de la Corte Interamericana, no es cualquier albergue del INPI, tiene cierta especialidad porque es en respuesta a graves violaciones a los derechos humanos, es un precedente para que el Estado evite generar graves violaciones a los derechos humanos, y es un precedente de que continúa la lucha”.
Texto y fotos: Rosendo Betancourt Radilla
