Familiares de víctimas plantearon una comisión de la verdad independiente, pero la propuesta de López Obrador es una Comisión Presidencial, que puede funcionar y tiene más fortaleza, considera la vicepresidenta de la Afadem. Para esta herida histórica “se necesita un mecanismo de justicia transicional”, opina el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
Chilpancingo, Guerrero, 14 de septiembre de 2021. El anuncio de una comisión presidencial para investigar casos de desaparición cometidos durante el periodo conocido como guerra sucia es esperanzador dice Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac, Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército en 1974, pero “muy limitada” si se hace como la del Caso Ayotzinapa, considera el abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
El 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su twitter: “Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia y reparación, memoria y no repetición”, luego de reunirse en Palacio Nacional con familiares y sobrevivientes de esa etapa.
El presidente nos pidió “que estemos ahí, que no lo dejemos solo para que esto pueda funcionar”: Tita Radilla
Consultada vía telefónica la luchadora social y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, dijo que el anuncio del presidente del decreto para la comisión fue “porque hemos estado trabajando con la Secretaría de Gobernación y algunas instituciones”.
Contó que en julio tuvieron su primera reunión con el presidente López Obrador y la segunda fue ese 30 de agosto, “está en toda la dispocisión, según lo ha manifestado, de esclarecer los hechos, lo que él (presidente) menciona ha sido propuesta nuestra de varios colectivos del país, que tenemos familiares desaparecidos desde aquel momento”.
Aseguró que la comisión no es sólo para las familias de desaparecidos, “sino que también hay sobrevivientes, personas que fueron víctimas de esa situación en aquellos momentos”.
“Nosostros tenemos mucho tiempo pidiendo una comisión de la verdad, pero ellos proponen una comisión presidencial, que creemos puede funcionar, nosotros pedimos la comisión de la verdad para que fuera independiente, pero creemos que esta comisión presidencial tiene más fortaleza porque son las instituciones las que determinan, las que deciden”, contó Tita Radilla.
Su expectativa es grande porque aseguró se “está trabajando para tener verdad, tener justicia, memoria, no repetición y pues la reparación integral del daño, tanto a las familias como a las comunidades”.
Dijo que el presidente les ha pedido que estén pendientes, “que estemos ahí, que no los dejemos solo para que esto pueda funcionar”.
“Nosotros queremos que haya voluntad del presidente para esclarecer los hechos, consideramos que por el tiempo transcurrido y las situaciones que se han dado de ocultar la verdad, vemos un poco dificil obtenerla”, añadió la defensora de derechos humanos.
Recalcó que “es importantísimo la situación de Guerrero particularmente de Atoyac, donde la represión fue terrible, entonces las familias quedaron destruidas, en situación de pobreza y el Estado tiene que responder por eso, porque no solamente los familaires fueron afectados sino toda la comunidad”.
Espera que la comisión dé “resultados favorables para nuestro municipio y podamos cambiar un poco la situación que se vive en Atoyac”.
Enfatizó que es necesario la creación de una fiscalía para el “esclarecimiento de estos hechos para procurar justicia a las víctimas”.
Y detalló que el presidente urgió a sus colaboradores para que pudieran trabajar lo antes posible, “yo creo que el decreto no tarda en salir”.
“Tenemos esperanza que esto tenga buen término, faltan dos años y medio (para terminar el sexenio) y esperemos que se continúe (la investigación)”, declaró Tita Radilla.
Eloy Cisneros: la guerra sucia es uno de los acontecimientos más negros en la historia
Para el luchador social Eloy Cisneros Guillén, “Guerrero fue donde más se padeció” la llamada guerra sucia, “uno de los acontecimiento más negros de la historia de Guerrero, por eso yo creo que no debe quedar en la impunidad tanta represión que vivimos”.
“En Guerrero las despariciones forzadas en los gobiernos de Irsael Nogueda Otero, donde empezaron, de Rubén Figueroa Figueroa, muchas familias que quedaron desamparadas, (porque) se llevaron a los padres de familia, a los abuelos, en otros casos a los jóvenes, ya jamás volvieron a aparecer, por eso es importante que se haga una investigación muy exhaustiva, muy objetiva”, dijo el profesor universitario, preso político en la época de la guerra sucia, fundador del PRD y uno de los dirigentes de Morena.
“Las desaparciones forzadas son delitos de lesa humanidad, que no preescriben y hay autores tanto materiales como intelectuales que debe aplicarseles la ley”, aseguró Cisneros Guillén.
Dijo que en la lucha por castigar a los ex presidentes, Luis Echeverría Álvarez, debe ser uno de ellos, “por la represión que se dio en su sexenio en Guerrero”.
“Rubén Figueroa tuvo la mano negra en contra de los luchadores sociales, en contra incluso de la población en general que no tenía nada que ver con la guerrilla ni con la lucha social, porque simplemente al que se le ponía en gana detenían y le creaban delitos”, recordó.
“Celebro, felicito al presidente de la República que esté buscando terminar con la impuniadad, una práctica de muchos años y de muchos gobiernos”, manifestó el luchador social.
Sin embargo, dijo es necesario que esta comisión tenga tiempo y los recusos económicos necesarios para que hagan su trabajo, cosa que no se dio a la Comisión de la Verdad que se instauró en el estado.
Da Rosa María Gómez antecendentes de la comisión
La militante de izquierda vinculada a los organismos defensores de los derechos humanos, Rosa María Gómez Saavedra, contó que en Guerrero han existido dos comisiones similares: la Fiscalía Especia-lizada para los Movimientos Socia-les y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad (Com-verdad), esta última “fue integrada por guerrerenses, por sobrevivientes de la guerra sucia, algunos de ellos, como José Enrique González Ruiz, que dejaron un informe muy importante de su trabajo”.
La Comverdad presentó su informe final el 15 de octubre de 2014, y además de González Ruiz los comisionados fueron Hilda Navarrete Gorjón, Pilar Noriega García, Nicomedes Fuentes García y Arquímedes Morales Carranza.
Rosa María Gómez explicó que hace más de 30 años, tras apoyar al Frente Nacional contra la Represión y el Comité de Familiares de Desaparecidos Políticos le permitió “conocer a muchos familiares en la sierra de Atoyac y en todos ellos un factor denominador es la gran ausencia de justicia”.
“Más que crear una comisión, Gobernación debería rescatar estos dos trabajos que se hicieron con anterioridad, para no revictimizar a las víctimas indirectas”, comentó.
Recalcó que el Estado debería crear políticas de reparación, porque muchos de los familiares están “muriendo en una situación de pobreza extrema y con un problema grave de salud”.
Destacó que sería importante retomar las resoluciones de la Comverdad que se hizo en el estado, al igual que debe existir “seguimiento muy puntual” con los desaparecidos de este siglo, que son “los que más se han incrementado”.
Aseguró que las denuncias en las fiscalías no prosperan, “ya no se investiga, ya es un número más”.
“Lo que se debería trabajar es detener las desapariciones, detener a los culpables cuando se tiene conocimiento de ellos”, agregó.
Gómez Saavedra cree que la comisión anunciada por el presidente “estaría de más”, “cuando ya hay antecendetes de estructura y lo que se debería de hacer por parte de la fiscalía y la Secretaría de Gobernación es armar una respuesta a la exigencia que hay de miles de familiares de desaparecidos”.
“A los familiares (de las víctimas de la guerra sucia) les han preguntado no una sino muchas veces, hay informacion de organismos internacionales”, aseguró.
Reprochó que es “un problema lacerante que tiene nuestro país”, y el presidente debe comprometerse con las respuesta, “no pasarle la estafeta a una nueva comisión”.
Comisión como la de Ayotzinapa es poco recomendable, dice Vidulfo
El abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, opinó: “si se va a crear una comisión para investigar la guerra sucia como la Comisión de Ayotzinapa, me parece muy limitada”.
Planteó que para esta herida histórica “se necesita un mecanismo de justicia transicional”, “que a través de un decreto se pudiera crear una comisión independiente, con expertos que pudieran investigar las causas políticas, históricas, sociales y económicas que condujeron al movimiento social en los años setenta y la represión que desencadenó”.
Dijo que la comisión para Ayotzinapa “se diseñó para resolver un caso muy concreto y para el caso de la guerra sucia estamos hablando de cientos de desapariciones cometidos en distintas fe-chas, en distintas formas, tiene que ser una investigación mucho más compleja”.
“Sería muy desafortunado crear una comisión de esa naturaleza, no resolvería el grave problema de la guerra sucia, no resolvería los cientos de desaparecidos, torturados y de otras graves violaciones que se cometieron en esos años y máxime si no tiene una fiscalía que la acompañe”, añadió Rosales Sierra.
Ejemplificó que la comisión del Caso Ayotzinapa está integrada por la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda, “¿cuándo Hacienda se ha preocupado por el caso?”, “el único que le dedica tiempo completo es Alejandro Encinas”.
Recomendó que la comisión que deben pedir los familiares al presidente debería ser “encabezada por expertos independientes”, como ha ocurrido en Chile, Argentina, Guatemala o El Salvador.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena/ Foto: Lenin Ocampo Torres
