“Nadie, ni siquiera el Presidente o el fiscal general, puede exculpar a nadie ahorita”, resalta el experto en derechos humanos. Lo que viene en la carta de AMLO es “una exculpación completamente fuera del marco legal”, señala. Constituye “un retroceso en el caso” y da impunidad a las fuerzas armadas, “históricamente protegidas respecto a los abusos y atrocidades que han cometido”, dice. Confía en que la futura presidenta Claudia Sheinbaum sea distinta porque viene de la lucha social. El Estado “debe aprender de lo sucedido porque Ayotzinapa va a seguir vivo muchos años más”, advierte
El Sur / Ciudad de México, 27 de julio de 2024. El informe del caso Ayotzinapa firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigido a las mamás y papás de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014 es, no un afán, sino un claro intento de deslindar al Ejército mexicano del caso, afirma el especialista en justicia y derechos humanos Carlos Pérez Vázquez.
El director del Centro por un Recurso Efectivo analiza en entrevista con El Sur el reporte personal sobre el caso que el presidente saliente ha proporcionado a los familiares de los estudiantes desaparecidos, el cual, por un lado reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y la fabricación de la “verdad histórica” y, por otro, insiste en que las acusaciones en contra del Ejército como perpetrador del hecho sólo buscan debilitar a la institución militar.
El documento, que López Obrador entregó de forma privada a principios de este mes, “deja de lado algo que satisfaga a los padres y madres de Ayotzinapa, quienes son víctimas también de lo que pasó esa noche horrible”, señala Pérez Vázquez.
Según el presidente, defensores de derechos humanos, órganos internacionales como la OEA, el gobierno de Estados Unidos, opositores y medios de comunicación pretenden “debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”, el Ejército, “como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.
“Me llama mucho la atención –dice Pérez Vázquez– la validación del presidente de lo que en su momento hizo la PGR y lo que está haciendo ahora la Fiscalía General de la República: da por bueno todo el trabajo que ese órgano ha hecho. Un órgano que se transformó en autónomo en estos años, con Ayotzinapa en la panza, por decirlo de alguna manera”.
–Han pasado casi 10 años y la FGR no ha resuelto el caso.
–Y la verdad es que el trabajo de esa instancia en este caso emblemático, ejemplar, tan importante para la historia y el desarrollo del sistema de justicia en México, se convirtió en un trabajo a todas luces insatisfactorio. No hay respuesta, no hay justicia –enfatiza el ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
“Como siempre en el sistema de procuración de justicia mexicano –continúa–, lo que importaba era tener grandes nombres en la cárcel, que todavía no están sentenciados en definitiva, como el exprocurador (Jesús) Murillo Karam, o Gualberto Ramírez, que está también en prisión sin sentencia. Pero dejando a un lado esto, lo importante era, es saber qué pasó con los muchachos, dónde están o dónde están los cuerpos, en todo caso, y los motivos: por qué sucedió lo que sucedió. Las madres y padres quieren saber qué pasó con sus hijos”.
“Acto ofensivo para los familiares”
En el reporte, López Obrador indica que “se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacio-nal, con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente fue el Ejército”.
–En el reporte se reitera que no hay pruebas en contra del Ejército.
–Es muy grave políticamente, pero también es muy grave jurídicamente, porque los procedimientos no están cerrados. Tú no puedes decir ahorita que no hay ningún tipo de involucramiento del Ejército. Hay procesados y hemos sabido por las noticias que han ido levantando las prisiones preventivas de los soldados que habían sido apresados. Todos, además, han sido detenidos en el Campo Militar no. 1, cuando cometieron delitos contra civiles, no contra otros militares o en funciones castrenses, pero, bueno, el hecho es que esos procesos siguen abiertos.
Añade que “nadie, ni siquiera el presidente o el fiscal general, puede exculpar a nadie ahorita, porque justamente no hay certeza” y calificó de “atrocidad, una barbaridad”, que no haya sentencias definitivas. Es decir, después de 10 años “José Luis Abarca sigue peleando su caso y está en la cárcel por delincuencia organizada, no por la desaparición forzada”.
–¿Es una exculpación a destiempo?
–Y muy lamentable: una exculpación completamente fuera del marco legal de quienes pudieron haber sido actores y perpetradores en el caso. Eso se tiene que señalar en una investigación seria de la Fiscalía General de la República, a la cual siga un juicio justo, imparcial, objetivo, que a la fecha no se ha dado. ¿Cómo sabe el presidente que no hay pruebas? En efecto, parece más bien un acto político, una declaración política para blindar reputacionalmente al Ejército.
–En el reporte el presidente menciona a la DEA, a Genaro García Luna, a Felipe Calderón y hasta a Anabel Hernández.
–Obviamente tiene una motivación política. Yo no entiendo cuál es el cálculo, porque no parece que vaya a tener un efecto muy positivo. Yo lo veo como un acto bastante ofensivo para las madres y padres, casi insultante. El reporte del presidente por qué tiene que hablar de los temas que le obsesionan a él. Sí es un asunto que fundamentalmente preocupa a los padres y a las madres que necesitan verdad. Además, el reporte lo que hace es dinamitar la confianza, porque ataca abiertamente a quienes han sido sus aliados históricos. Me refiero a la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Centro Miguel Agustín Pro (Prodh). A los abogados. Todos los aliados de los familiares son atacados frontalmente por el presidente”.
El GIEI nos enseñó a investigar atrocidades
La carta también es “un retroceso respecto a un gran avance que habíamos tenido”, remarca Pérez Vázquez. “Refleja el retroceso que el caso Ayotzinapa experimentó en este sexenio. ¿A qué me refiero? Para mí la presencia del GIEI ha sido una de las mejores cosas que le pasó a la procuración de justicia en la historia moderna del país. Ellos llegaron y nos enseñaron, en los años de Enrique Peña Nieto, al principio de su trabajo, una nueva forma de investigar las atrocidades y las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros no teníamos ni siquiera un borrador metodológico de algo similar por la forma ancestral de investigar y procurar justicia de nuestras procuradurías y fiscalías. Vino el GIEI a enseñarnos a investigar atrocidades. Son cátedras de cómo se debe investigar un delito.
Para Pérez Vázquez, la carta parece que “menosprecia” al GIEI “o ni siquiera le da el peso histórico, político, jurídico que debe tener. Y eso es un retroceso mayúsculo, a cambio de proteger, seguir blindando con impunidad a las fuerzas armadas, que históricamente han sido siempre protegidas de los abusos y atrocidades que todos sabemos que han cometido a lo largo de la historia reciente del país”.
Error, crear una comisión para la verdad desde el gobierno
–El informe firmado por el presidente insiste en que hay una campaña en contra del Ejército, pero también dice que sí hay que cumplir con el compromiso de encontrar a los estudiantes y esclarecer qué fue lo que ocurrió.
–Lo mejor hubiera sido dejar abierto el asunto. Política y moralmente hubiera sido menos dañino patear el bote. Pero creo que el presidente se puso una camisa de fuerza al establecer la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Él quería tener control absoluto. Incluso lo ha dicho: “Esto está bajo mi supervisión directa”, pero cómo que está bajo su supervisión directa si aquí están metidos ministerios públicos que tienen autonomía. Es la ley. Están involucrados jueces locales, federales, que también tienen autonomía, de acuerdo con la Constitución, respecto al presidente. Cómo es posible que él dijera que esto va a salir bien porque está bajo su supervisión directa si él no tiene jurídicamente vela en el entierro. Nunca la debió haber tenido.
Puntaliza el abogado: “Fue un error, me parece, crear la comisión de la verdad tal como él la creó, es decir, en el seno de la Secretaría de Gobernación y controlada políticamente por la misma porque, como sabemos, una comisión de la verdad requiere y necesita independencia, autonomía plena del poder político para poder realizar un trabajo objetivo contundente, absolutamente profesional. Como el GIEI lo hizo.
“Resulta muy extraño escuchar al presidente decir que le perdió la confianza al GIEI. No se trata de que le tenga confianza el presidente al GIEI, sino que éste tenía que hacer su trabajo como modelo de instancia investigadora, sin tener que rendir cuentas a nadie y mucho menos caerle bien a nadie. Ahí hay una clara falta de comprensión de cómo funcionan estos mecanismos de justicia transicional o cómo deberían de funcionar”.
Sheinbaum podría hacerlo distinto
Pérez Vázquez considera que el GIEI funcionó bien cuando “no se metieron con él, cuando lo dejaron trabajar. Habría que volver a un modelo similar. Yo creo que eso es lo que van a pedir, por ejemplo, las madres y padres de los normalistas desaparecidos: un modelo totalmente independiente del gobierno, pues esto (lo de ahora) no funciona y ha sido absolutamente decepcionante. No sería extraño que ellos lo pidan”.
El especialista confía en el próximo mandato de la virtual presidenta electa. “Siempre intento ser lo más optimista posible y creo que la doctora Claudia Sheinbaum puede ser distinta en este caso. Puede ser distinta por su pasado, por la estirpe a la que pertenece de lucha social. Lo que defendió en su juventud. La orientación política de origen. Creo que puede tener una empatía, una cercanía intelectual y de lógica con casos como los de Ayotzinapa.
“Si sumamos esa posibilidad al aprendizaje, necesariamente el Estado tiene que aprender de lo que sucedió porque, insisto, Ayotzinapa está vivo. No es un asunto muerto, histórico. Está vivo y va a seguir vivo por muchos años más y el gobierno entrante tendrá que tomarlo como una prioridad y un asunto muy serio a resolver para enmendar esta etapa ya no sólo de desconcierto sino de desencanto”.
Texto: Guillermo Rivera
