Chilpancingo, Guerrero, a 18 de diciembre de 2025.- La activista indígena de derechos humanos y exconsejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) Felícitas Martínez Solano consideró muy grave la violencia hacia las mujeres, y la inseguridad en general en todas las regiones de Guerrero debido a la omisión del Estado.
Consultada sobre los feminicidios del viernes en San Juan Bautista Coapala, en el municipio de Atlixtac, y otro en Chilpancingo el lunes, señaló que las autoridades tienen mucho trabajo de inteligencia para actuar con oportunidad.
“Las autoridades tienen una tecnología muy avanzada para rastrear muchos datos. Si nosotros desde la Policía Comunitaria podíamos coadyuvar y apoyar (con recursos limitados)”.
Sin embargo, observa con preocupación que sigue la violencia extrema en contra de las mujeres indígenas en zonas marginadas, donde el acceso a la salud y caminos es más difícil, así como a mujeres que están en la capital del estado y en Acapulco, el municipio de mayor actividad económica.
Pero cuando le ocurre algún incidente a un funcionario del gabinete estatal o federal “ahoritita se resuelve”, aseguró.
Distinto a los pueblos indígenas, que dijo, “primero no hablamos español, segundo, no sabemos a dónde vamos a acudir, y tercero no tenemos dinero para pagar un abogado. Ahí recae la insensibilidad del Estado y del sistema de impartición de justicia”.
Después de la presentación de la Memoria de los procesos electivos de autoridades municipales de Ayutla de los Libres y Ñuu Savi 2024, en el Tribunal Electoral del Estado, a donde acudió como asistente, recordó que entre febrero y marzo de 2026, el gobierno mexicano tendrá que informar a las instancias internacionales qué ha hecho en la atención de los pueblos indígenas, particularmente sobre el bienestar de las mujeres.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que la organización ha litigado unos 50 casos de feminicidio en los últimos 20 años, y que si acaso tres o cuatro se han castigado.
Consultado también en el TEE, a donde acudió como comentarista de la Memoria de los procesos electivos por sistemas normativos en Guerrero, explicó que la violencia feminicida continúa en ascenso en la región, como consecuencia del machismo arraigado y la falta de actuación de las autoridades.
Aseguró que el Estado no brinda protección a las mujeres que están en comunidades indígenas, que viven maltrato o incluso son asesinadas, como las dos mujeres de San Juan Bautista Coapala.
“En un ambiente de fiesta, donde hay alcohol, obviamente una persona borracha, fue en busca de las autoridades a su casa, en el camino vio a dos mujeres, que entendió que era su esposa o su familiar, y se fue contra ella, porque hay una concepción muy arraigada del poder machista que persiste no sólo en la montaña, sino en el estado. El hombre se asume con el derecho de acabar con una mujer, porque no hay consecuencias”.
Dijo que Tlachinollan llamó al MP para informar del doble feminicidio en San Juan Bautista Coapala, y la familia estuvo esperando todo el día siguiente porque no llegaban. Decían que estaban esperando la denuncia para intervenir.
“Las meras formalidades, cuando les dices que están muertas. Ese es el problema al que las víctimas indirectas se enfrentan, tienen que ir al MP. No van a ir, se van a quedar a enterrar a sus muertos”.
Añadió que “persiste la idea racista de que los pueblos indígenas soportan todo y que están en una etapa de barbarie y justifican que en la Montaña se matan porque sí”.
Enfatizó que las instituciones deben evitar que la violencia se normalice, para ello deben investigar y sancionar al feminicida. Aseguró que el MP nunca va a investigar y siempre dice que no hay pruebas, ni testigos. “Responsabilizan a la víctima que tiene miedo, que sufre una pérdida, y lo que menos quiere saber es de trámites burocráticos”.
Insistió en que la Fiscalía esté cercana a la gente, pero hay una serie de falencias institucionales que no se le pueden cargar a un MP de la Montaña que debe atender a los 19 municipios, sin recursos siquiera para gasolina.
Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
