El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció que PGR está dificultando acceso a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Texto: Agencia Reforma y EFE / Foto: Jessica Torres Barrera, archivo El Sur
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018. La Procuraduría General de la República (PGR) está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció este martes que personal de la CNDH, que pide acceso a los documentos, es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar, y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que ésta no es la ventanilla, nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, agregó el ombudsman nacional, entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
González Pérez dijo que se refería, por ejemplo, a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa.
El pasado 12 de abril, el periódico Reforma reveló conversaciones grabadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos, que operaban en Chicago, discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
…Y condena la violencia política
El ombudsman nacional también condenó la violencia política, en cualquier forma que se exprese, y advirtió que el proceso electoral está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre grupos de la sociedad.
“Los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división”, agregó el Presidente de la CNDH.
Como había hecho previamente al presentar su informe en otros foros, González Pérez reiteró la alerta sobre la “normalización del horror” ante la violencia generalizada en varias regiones del país, reflejo de la descomposición institucional y social.
Pero, el titular de la CNDH agregó un mensaje sobre las elecciones de julio.
“México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”, expresó.
Entrevistado al final del evento, González Pérez pidió dejar atrás los discursos de odio que dividen y polarizan, y dijo que su mensaje contra la violencia política fue “para todos los sectores”.
En cuanto a la actividad de la CNDH ante la Corte, el ombudsman destacó que, entre 2014 y 2017, ese órgano promovió 34 acciones de inconstitucionalidad para pedir al máximo tribunal la invalidez de leyes, sobre todo locales, pero también federales como la polémica Ley de Seguridad Interior.
Del conjunto de nueve acciones que se resolvieron (en 2017), en 7 casos se declaró la inconstitucionalidad total o parcial de diversas disposiciones normativas que, desde la óptica de este organismo nacional, violentaban o propiciaban que se afectaran derechos fundamentales”, agregó González.
Por ello, demandó que las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.
Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, “para que las mexicanas y mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización”.
Al presentar el informe ante el pleno de la SCJN, hizo un llamado a las autoridades a respetar la institucionalidad democrática mediante el impulso al reconocimiento de la ley.
“Solo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace”, agregó.
Indicó que es preocupante que la ciudadanía “normalice” el horror, que denota un Estado de derecho débil con amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley.
En este entorno tan complejo, puntualizó, durante 2017 hubo 218mil 695 personas que recurrieron al organismo para denunciar su caso.
El próximo 1 de julio se renovarán más de 3.400 cargos, entre ellos los de presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México.
Un total de 90 políticos han sido asesinados desde el pasado 8 de septiembre en México, cuando arrancó el proceso electoral, convirtiendo estos comicios no solo en los más grandes de la historia del país, sino también en los más violentos.
