El Cemda incluye en su informe a los opositores a la presa La Parota, los pescadores de Nuevo Balsas contra la contaminación del río e indígenas na savi de Ayutla contra la tala de bosques.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Archivo El Sur
Chilpancingo, Guerrero. Guerrero ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional con más ataques a personas defensoras de derechos ambientales en la presente década, de acuerdo con los informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El estado fue primer lugar en 2011 y 2012, el cuarto entre 2014 y 2015 y es octavo entre 2016 y 2017.
La minería, proyectos hidroeléctricos y el despojo de tierras son las actividades por las que las personas defensoras de derechos ambientales en Guerrero han sufrido agresiones por parte de agentes del Estado, trabajadores de las empresas en conflicto y particulares o habitantes de una misma comunidad en disputa de tierras.
La organización no gubernamental (ONG) precisa que “las personas defensoras de los derechos humanos ambientales son aquellas que protegen y promueven los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y las define como tal las acciones que realizan para ello” aunque ellas mismas no se definan como tal.
En su último informe publicado en la primera semana de marzo, Cemda documentó 88 casos de ataques de julio de 2016 a diciembre de 2017, de los cuales cuatro ocurrieron en Guerrero, lo que lo ubica en octavo lugar en México.
Fueron ataques a 240 personas, 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas. Los 88 casos representan 110 agresiones de las cuales 18% son agresiones físicas, 16% criminalización y 15% homicidios.
El informe no abunda en los detalles, sólo menciona el mes, si la víctima es una persona, comunidad u ONG, tipo de proyecto, tipo de agresión y si el agresor fue el Estado, un particular, una comunidad o se desconoce la identidad.
El primero caso en Guerrero es la criminalización a una persona por parte del Estado debido a un proyecto hidroeléctrico en Acapulco en julio de 2016.
De acuerdo con una nota del 1 de agosto de 2016 de El Sur, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, señaló al asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y Gustavo Téliz, de contratar a gatilleros para asesinarlo. También denunció que el gobierno federal tenía una “campaña de terror” contra la organización.
En el informe de Cemda se señala que hubo 8 casos de ataques relacionados con proyectos hidroeléctricos en todo México. También se informa que el 36% de los agresores de todos los ataques documentados son autoridades del Estado mexicano, cifra que las ubica en primer lugar en tipo de agresores. 57% de éstos son estatales, 26% municipales y 17% federales.
El segundo caso documentado en Guerrero es la agresión física y desalojo forzoso a una persona por parte de un particular y del Estado debido a una actividad minera en Iguala en agosto de 2016.
De acuerdo con notas publicadas en El Sur en aquel mes los pescadores de Nuevo Balsas, Cocula, municipio colindante de Iguala, acusaban a la minera Media Luna de contaminar el río Balsas del cual dependen y amenazaban con tomar las instalaciones si no se resolvían sus demandas de indemnización y de dar empleo a trabajadores. El conflicto continúa hasta este año.
Cemda documentó 17 casos de minería. Los agresores que son clasificados como particulares representan el 14% de todos los perpetradores en el país.
El tercer caso en el estado es la intimidación hacia una comunidad por parte de una empresa debido a una actividad minera en Cocula en enero de 2017.
Se trata de los mismos actores que el caso anterior: pobladores de Nuevo Balsas y la minera Media Luna. De acuerdo con una nota de la edición del 31 de enero de 2017 de este periódico, el gobierno del estado intervino en el conflicto entre pobladores que bloquearon el acceso a la mina y trabajadores y civiles armados que pretendieron desalojarlos.
En el país se identificó que de todos los agresores, 10% corresponden a trabajadores de las empresas en conflicto.
El último caso de Guerrero en el informe es el hostigamiento hacia una comunidad por parte de personas de la misma comunidad u otra debido al despojo de tierra y/o territorio en Ayutla en julio de 2017.
De acuerdo con una nota de la edición de 5 de julio pasado de este periódico, indígenas de la comunidad na savi Rancho Ocoapa, Ayutla, junto a policías de la UPOEG, bloquearon el paso a una empresa maderera que tenía tres semanas de haber empezado a talar el bosque del núcleo agrario La Concordia con el permiso de su comisariado y el de Coapinola, pero sin el de Rancho Ocoapa. Los protestantes denunciaron que la empresa abrió una carretera ocasionando daño al medio ambiente.
En el informe de Cemda se señala que hubo 17 casos de despojo de tierras/territorio. Además se indica que el 16% de los agresores fueron personas de la misma comunidad u otra en conflicto.
En el documento también se menciona la visita a México del Relator de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 24 de enero de 2017. De acuerdo con Cemda, el Relator observó que en estados como Guerrero “la multiplicación de proyectos de desarrollo y el acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua y viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales”.
Cemda ha documentado 391 casos de ataques a personas defensoras de derechos ambientales en México del 2010 al 2017. En su anterior informe que cubre el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 sólo se indica un caso para Guerrero de 63 casos documentados.
Es una amenaza a una ONG y a una persona por parte de un agresor no identificado debido a una actividad minera en Iguala en julio de 2015.
De acuerdo con notas de El Sur, en los meses previos a julio mineros y ejidatarios de Carrizalillo, en donde se ubicaba la mina Los Filos, denunciaron extorsiones por parte de grupos criminales después de recibir utilidades por la actividad minera de la empresa Gold Corp en esa zona. Un año después la empresa canadiense puso en venta la mina Los Filos.
En otro informe de la organización que abarca de mayo de 2014 a junio de 2015, Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con nueve casos de ataques de un total de 109 documentados en México. Siete están relacionados con un proyecto hidroeléctrico, uno con obras hidráulicas y otro con despojo de tierra.
Para este informe, la organización no da más detalles de los ataques que el mes, año, tipo de víctima y actividad o proyecto en conflicto.
Respecto a los ataques por un proyecto hidroeléctrico, se documenta agresiones en mayo, junio, julio y octubre de 2014, además de abril de 2015. Este periodo está relacionado con la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, el 17 de junio de 2014, uno de los 14 enjuiciamientos a defensores de derechos ambientales que Cemda documentó para ese informe.
Dicha detención se dio en un contexto de confrontación entre el Cecop, empresas gravilleras y el gobierno. En la edición del 13 de mayo de 2014 de este periódico se informó que unos 100 integrantes del Cecop llegaron a la gravillera Agregados de la Costa Chica para exigir que pare labores y que se deje de extraer el material del río Papagayo.
El 3 de junio el Cecop tomó la planta captadora de agua que abastece a la ciudad de Acapulco, Papagayo II, ubicada en la comunidad Salsipuedes para exigir la liberación del integrante de la organización, José Palma Torres y la cancelación de órdenes de aprehensión contra otros integrantes. La entregaron después de 24 horas y el 6 de junio José Palma fue liberado. El 17 de junio Suástegui fue detenido por policías ministeriales afuera de su casa en Acapulco.
En la edición del 29 de julio de este periódico también se informó que otros tres integrantes del Cecop fueron detenidos, acusados de tentativa de homicidio.
En octubre otra integrante de la organización fue detenida acusada de robo en contra del gravillero Humberto Marín, delito por el cual también se le acusó a Suástegui.
En la edición del 16 de noviembre de El Sur, se informó de una balacera entre miembros del Cecop y la gravillera Kimbar a las 2 de la tarde del día anterior que dejó un saldo de cuatro muertos. En un retén de la organización se le pidió a trabajadores de la gravillera que viajaban en dos camionetas que pararan porque iban a exceso de velocidad. Un conductor bajó, discutió con los integrantes del Cecop y disparó contra uno de ellos de nombre Salomón Hernández, lo que ocasionó la reacción de sus compañeros para repeler la agresión.
Finalmente, Marco Antonio Suástegui salió de la cárcel de La Unión el 21 de agosto de 2016.
Cemda señala en este informe que el agua es el recurso que está más en disputa en los conflictos socioambientales “debido a que la implementación de dichos proyectos atenta de muchas formas en contra de los derechos humanos de los habitantes al medio sano; en especial, por el despojo de sus recursos naturales y de u territorio.”
Respecto al caso de despojo de tierras, Cemda documentó el ataque en marzo de 2015 contra una persona.
De acuerdo con las notas de El Sur, se informó que el 14 de marzo de 2015 habitantes de la comunidad de Analco, del municipio Mártir de Cuilapan con cabecera en Apango, retuvieron a catorce habitantes de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, del municipio de Tepecoacuilco, tras un enfrentamientos entre las dos comunidades por un conflicto de tierras que dejó un saldo de dos muertos y dos heridos además de los detenidos. El tema se remonta a 1987 cuando los comuneros de San Agustín Oapan, del municipio de Tepecoacuilco pero que tiene como anexo a los de Analco, reclamaron 3130 hectáreas a San Miguel Tecuiciapan.
Los habitantes de las tres comunidades son indígenas nahuas que habitan en los márgenes del río Balsas, a una hora 20 minutos de la capital. El lunes 23 de marzo comenzarían los trabajos de reconocimiento de linderos además de la liberación de los detenidos.
La organización ambientalista documentó diez casos de despojo de tierras en México en ese periodo.
Para su primer informe que abarca de enero de 2013 a abril de 2014, la organización documentó un caso en Guerrero de los 82 casos en todo el país. Corresponden a proyectos eólicos 30 casos principalmente en Oaxaca, y 10 casos son para proyectos de minería y gasoductos respectivamente.
En este informe no da detalle sobre los casos más que el estado donde ocurrió.
Respecto a los años anteriores, Cemda informa que “los estados con más ataques a defensoras y defensores ambientales habían sido Guerrero y Oaxaca en el año 2011, mientras que en el 2012 fueron los estados de Chihuahua y Guerrero.”
Cemda recopila la información mediante la comunicación con otras ONG en el país, de la comunicación directa con agraviados, del trabajo mismo de la organización y de las notas periodísticas. Reconoce que el registro “no representa la totalidad de casos de ataques existentes en el país” debido a la poca difusión del tema.
(En la imagen de archivo: Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota en su participación en la reunión con El Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Foto Archivo El Sur-José Luis de la Cruz)
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