Texto: Apro / Prisma Internacional / Foto: Internet
Ciudad de México, 11 de abril de 2018. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) está metido en un embrollo legal en tribunales estadunidenses para recuperar al menos 190 millones de dólares que le prestó a una filial del italiano Gruppo Mossi & Ghisolfi (M&G).
La disputa se da en el contexto de la solicitud de bancarrota en octubre último de las empresas M&G Polymers USA, LLC, y M&G USA Corporation, dependientes del conglomerado italiano, al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras del estado de Delaware.
Si no proceden sus alegatos, Bancomext podría perder esos fondos, fruto de una relación bancaria de nueve años con el alicaído conglomerado, cuyo caso engrosa docenas de legajos judiciales.
Desde 2009, el banco prestó dinero a M&G Holding y M&G Polímeros, filiales de M&G, para financiar sus exportaciones de tereftalato de polietileno (PET) en forma de resina –utilizada en la producción de envases plásticos– y para proveerles de capital operativo a su planta en Altamira, Tamaulipas. Pero, según los documentos del caso consultados por apro, el grupo utilizó esos créditos para otros fines.
Por ello, Bancomext interpuso el pasado 7 de marzo una demanda contra M&G USA Corp. y sus filiales bajo la acusación de desvío fraudulento de unos 550 millones de dólares de plantas no deudoras en México para la construcción de un complejo plástico en Corpus Christi (Texas).
La querella ocurrió un día después de que el juez Brendan Shannon, de la Corte de Quiebras para el Distrito de Delaware, autorizó la revisión de transferencias transfronterizas de la empresa hacia sus filiales. Bancomext sospecha que tales movimientos confirmarían el desvío de recursos hacia las deudoras.
En el documento 1089, del caso 17-12307-BLS y de 32 páginas de extensión, el ente gubernamental acusa a los deudores de engaño fraudulento, complicidad para cometer fraudes, conspiración, transferencia fraudulenta y apropiación ilícita.
Para el banco, la magnitud del fraude es “masiva”. Ignorado por Bancomext, M&G Holding y M&G Polímeros “no tenían gobernanza corporativa y estaban bajo el control” de las acusadas, que a su vez ejercían control sobre ambas compañías para financiar sus operaciones.
Grupo M&G, basada en Tortona -en la noroccidental provincia de Alessandria-, fue creada en 1953 y es uno de los tres mayores fabricantes globales de PET.
La empresa posee plantas en Altamira y Suape (Brasil). M&G Polymers, basada en Appel Grove (Virginia Occidental), fue fundada en 1999 y es una subsidiaria de la italiana M&G Finanziaria S.p.A.
El grupo ganó 631 millones de dólares en 2017, menos que los 703 millones 383 mil del año previo.
El 24 de octubre pasado, M&G Polymers USA, LLC, presentó una solicitud de quiebra ante el tribunal de Delaware. El 30 de ese mismo mes, M&G USA Corporation y otras 11 filiales siguieron esa misma ruta.
Mal negocio
A finales de 2009, M&G Holding y sus filiales se acercaron a Bancomext y solicitaron una línea de crédito revolvente por 50 millones de dólares para financiar sus exportaciones.
El 31 de marzo de 2010, Bancomext y M&G Holding acordaron el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, cuyos fondos solo podían destinarse a financiar las exportaciones y una de cuyas cláusulas prevenía que la empresa usara los dividendos del crédito sin el consentimiento del prestatario. Esta provisión se basó en que el banco sabía que M&G Holding pertenecía a un grupo corporativo más grande y no quería que sus préstamos financiaran las operaciones de filiales no mexicanas.
El 27 de abril de 2012 las partes convinieron la primera enmienda al acuerdo de crédito revolvente para incrementar el monto a 70 millones. El 10 de octubre de 2013, pactaron otra enmienda, por la cual los fondos disponibles crecieron a 120 millones.
En 2015, las empresas mexicanas pidieron a Bancomext un empréstito adicional para M&G Polímeros por 70 millones para facilitarle capital de trabajo a esa compañía. El 3 de agosto de ese año, las partes rubricaron el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente.
El 8 de marzo de 2016, M&G Polímeros puso de garantía parte de su equipo para garantizar un nuevo crédito por 120 millones para M&G International, concedido por Inbursa.
En junio último, los acusados hicieron que las filiales mexicanas solicitaran otro empréstito por 50 millones. Entre el 6 de junio y el 5 de septiembre de 2017, las corporaciones mexicanas retiraron los 190 millones de las líneas de crédito revolventes. En los primeros cinco días de septiembre y justo antes de parar la planta en Altamira, esas empresas sacaron 70 millones del fondo de M&G Holding, de los cuales 30 millones fueron retirados el mismo día del cierre de la fábrica, por falta de liquidez para comprar materia prima.
Cuando representantes de Bancomext inspeccionaron la planta en los días subsiguientes, se asombraron de descubrir que los dividendos de los empréstitos y el efectivo de las compañías mexicanas habían desaparecido, dejándolas en la insolvencia y sin capital suficiente para operar.
En una reunión a finales de octubre último, Bancomext pidió saber qué había pasado con los réditos de los préstamos y las garantías. Dennis Stogsdill, director financiero de las acusadas, respondió que el dinero había sido transferido a éstas, que no había forma de recuperarlo y que el banco debía considerarlo “perdido y seguir adelante”.
El documento 31, de 120 páginas, de largo y fechado el 25 de enero último, enlista transferencias entre M&G Polymers USA, LLC, y M&G Polímeros por 559 millones 714 mil 397 dólares entre octubre de 2016 y septiembre del año siguiente.
A Bancomext le interesa el examen de los movimientos transfronterizos para determinar si la compañía movió dinero incorrectamente entre jurisdicciones, en quebranto de las estipulaciones de los contratos crediticios.
Llaman la atención los pagos que las empresas quebradas han hecho a sus asesores legales y financieros previamente a la declaración de bancarrota.
Por ejemplo, desembolsaron cuatro millones 237 mil 407 dólares al despacho Alvarez&Marsal de Nueva York, su asesor financiero, entre el 13 de septiembre y el 30 de octubre de 2017, mientras que la filial italiana de esa firma recibió un millón 376 mil 638 del 27 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017.
Por su parte, el despacho Jones Day, asesor legal para la reestructuración de deudas, recibió cuatro millones 408 mil 845 dólares del 31 de agosto al 30 de octubre de 2017.
Además, a Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, asesor legal para la reestructuración de compromisos financieros, le entregó 200 mil dólares el 11 de septiembre de 2017.
Adicionalmente, el banco de inversión Rothschild Inc. cobró 301 mil 164 dólares en dos pagos del 10 de mayo y 13 de septiembre de 2017 y Prime Clerk, asesor administrativo, 50 mil el 12 de septiembre de 2017.
Intento de recuperación
Las empresas quebradas propusieron el 2 de marzo pasado la instauración de un fondo por 350 millones 149 mil 728 dólares para cubrir el reclamo de los acreedores, reserva que es “inadecuada”, a criterio de Bancomext, pues el banco no recibe las protecciones equivalentes a las de otros acreedores por la venta de activos.
Por ello, el banco gubernamental solicitó a la corte rechazar esa petición y, en cambio, establecer una reserva separada por al menos 190 millones de dólares y en la cual debe ser incluido como beneficiario, según consta en el documento 1184, del 16 de marzo y de ocho páginas de largo.
Pero el juez Shannon resolvió el 28 de marzo que podía proceder la venta de la planta texana, por mil millones de dólares, a pesar de las objeciones de Bancomext.
Previamente, el magistrado avaló el 1 de febrero a M&G la venta de una instalación de M&G Polymers USA LLC en Virginia Occidental a una filial de la taiwanesa Far Eastern New Century, que ganó una subasta por la planta por 33 millones 500 mil dólares. Aún no está claro si Bancomext puede reclamar parte de esos fondos para cubrir los empréstitos concedidos.
Iniciada en 2013 y aun sin concluir, esa instalación, situada dentro del puerto de Corpus Christi, cuenta con una capacidad instalada de dos millones de toneladas anuales de plásticos y competiría directamente con la planta de Altamira.
Los 20 mayores acreedores no asegurados totalizan reclamos por 106 millones 790 mil 966 dólares, de los cuales la petroquímica Indorama Ventures encabeza el listado con 56 millones 696 mil 440 dólares. Le siguen Shell Chemical LP -19 millones 983 mil 563- y los bancos italianos Unicredit S.p.A. -15 millones 700 mil- y Banca Monte dei Paschi di Siena SpA -10 millones-.
El documento 30, del 25 de enero y de 162 páginas, enlista deudas con Inbursa por 448 millones 603 mil 686 dólares y con Banorte, por 79 millones 539 mil 226 dólares, como garante del crédito revolvente.
Las acusadas reportaron en octubre último deudas por mil 700 millones de dólares, entre proveedores de materia prima, prestatarios de servicios y prestamistas.
