Ejido Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, Guerrero, a 30 de diciembre de 2025.- En este ejido los pobladores se encuentran atrincherados ante una “inminente” incursión del grupo criminal La Familia Michoacana, que pretende entrar a la comunidad.
Durante años, en ese poblado han sufrido desplazamientos forzados, enfrentamientos y el olvido gubernamental en salud, educación y caminos. Hoy de nueva cuenta se sienten amenazados, pero aseguran que defenderán su territorio si las autoridades federales y estales no intervienen en la pacificación de la zona.
Desde el mes de octubre los habitantes de ese ejido enclavado en la sierra de Coyuca de Catalán denunciaron en redes sociales que el grupo delincuencial que opera en la región Tierra Caliente del estado pretendió incursionar en el territorio en varias ocasiones, incluso en uno de los enfrentamientos contra pobladores encontraron un cadáver con vestimenta militar y fornituras. Además, algunos cuadernos con nombres de los presuntos sicarios que participaron en la operación.
En un recorrido de varios reporteros por la zona el fin de semana y una conferencia que ofrecieron en una de las trincheras, los campesinos pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo seguridad en la región porque no es su tarea andar amados, “pero a falta de seguridad lo tienen que hacer”.
En una de las trincheras de la comunidad Hacienda de Dolores perteneciente al núcleo agrario, el líder visible Javier Hernández Peñaloza informó a los medios que sacaron sus armas para salvaguardar la integridad de cada familia, “porque de lo contrario si no lo hacemos y estos compas llegan, pueden atacar a cualquier familia o a cualquier persona, es lo que no queremos”.
“Nosotros no somos, en primer lugar, aptos para este tipo de cosas, entonces precisamente por eso desde el primer momento hemos demandado la seguridad en la zona, porque nosotros no somos quiénes para estar haciendo funciones de seguridad, no somos parte de alguna dependencia de gobierno, pero a falta de seguridad pues tenemos que hacerlo desgraciadamente”, lamentó.
Justificó el uso de las armas como autodefensa, pero si el gobierno federal, el Ejército y la Guardia Nacional les brindan seguridad las guardarían.
“Porque si hay seguridad en la zona, si se garantiza la paz, no tenemos por qué andar armados, legalmente no nos dedicamos a esto, no me dedico a robar, nadie de aquí se dedica a robar, a asaltar, a secuestrar o a delinquir con armas, desgraciadamente son para la defensa personal”, argumentó durante la plática.
En ese punto se encuentra una trinchera de rocas cobijada bajo la sombra de un amate y desde donde se mira el horizonte de la sierra hacia los caminos que comunican a la ciudad de Coyuca de Catalán.
“Son puntos que tomamos para evitar los vuelos de drones que ocupan para atacar con bombas a las comunidades”, comentó un poblador.
El lugar es resguardado por decenas de jóvenes y adultos que son de las comunidades El Pescado, Hacienda de Dolores, Los Órganos, El Saibal, La Sierrita, Los Gachupines y la Saiba María que dejaron sus cosechas para estar en las trincheras.
“Ahorita la población, en este caso los hombres, están haciendo rondines de seguridad, entonces dejar de hacerlo para dedicarnos a nuestra labor se vuelve también contraproducente porque puede ser que en este caso estas personas (la FM) aprovechen y puedan atacarnos, por eso necesitamos que se garantice la paz de la zona para poder llevar a cabo nuestras actividades”, pidió Javier Hernández.
El grupo criminal se expande con la explotación de la minería
La versión de algunos pobladores es de que el grupo delincuencial quiere apoderare principalmente del ejido y de la ruta que es la principal salida de Tierra Caliente a la Costa Grande.
Además del interés de la explotación de recursos naturales y minerales que hay en la zona y hasta el momento no han sido explotados.
“La Familia Michoacana se ha extendido con la minería porque es uno de los sistemas o fuentes de ingreso donde ellos están completamente financiando todos sus movimientos, incluso ha habido sanciones de parte de Estados Unidos hacia los hermanos Hurtado Olascoaga (líderes de esa organización criminal), porque están explotando minas, extrayendo uranio, entonces apropiarse de la sierra es un avance grandísimo para ellos por la explotación de minas y recursos naturales”, dijo el dirigente del ejido.
Guajes de Ayala tiene una extensión de más de 18 mil hectáreas, de las cuales una cuarta parte es de explotación maderable y cuenta con grandes veneros en sus montañas.
Hasta hace unos años la zona era controlada por la FM pero fue expulsada en el mes de junio luego de enfrentamientos con pobladores, lo que ayudó a que ejidatarios de pueblos vecinos, en especial los de El Durazno, llegaran acuerdos de pacificación luego de varios años de confrontaciones.
“Nosotros somos la puerta a la Costa Grande, donde varios pueblos se beneficiaron de una tregua entre los grupos en la llegada de la gobernadora Evelyn Salgado (Pineda), pero que se rompió cuando la Familia mató a siete pobladores de El Durazno, ahora pretenden regresar para apoderarse de las comunidades y extender su territorio”, relató un campesino durante el recorrido.
Sin servicios de salud ni educación
En Guajes de Ayala, a unas 3 horas y media de la cabecera municipal, hasta antes de octubre los maestros estaban laborando, iban y venían, todo estaba con normalidad, aunque las comunidades aún se encuentran casi solas después del desplazamiento del 2021 cuando el grupo delincuencial incursionó.
Los niños se quedaron sin clases desde mediados de octubre, cuando los profesores dejaron de llegar a las comunidades.
En el ejido sólo hay un centro de salud que se encuentra totalmente abandonado en El Pescado, no hay medicinas, ni siquiera caducadas; ni una vendas para curar a algún herido, “entonces qué quiere decir con esto, que la sierra en nuestra zona está en el abandono totalmente”.
“Está bien si nos quieren tener en el abandono, no hay problema, pero que no se nos quite el derecho de estar en paz, el derecho de estar tranquilos, pero ¿qué pasa? no tenemos derecho a la educación, ni a la salud que es un derecho para todos y encima de todo nos arrebata el derecho a la paz, a tener tranquilidad”, finalizó Javier Hernández.
Lenin Ocampo Torres
