Ante la FGR y la Codehum, viudas, viudos y huérfanos y huérfanas exigieron justicia por 28 asesinatos en los últimos dos años. En el plantón que mantiene el CIPOG-EZ desde hace una semana en Alcozacán, una niña pidió que regresen los militares al crucero de Rincón de Chautla. El ombudsman se comprometió a llevar el caso a la CNDH, al gobernador y al alcalde
Alcozacán, Guerrero, 28 de diciembre de 2020. Indígenas nahuas de Alcozacán, municipio de Chilapa, expresaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y la Fiscalía General de la Republica (FGR) que “prefieren morir del virus (de Covid-19) que masacrados” por Los Ardillos y exigieron justicia por los asesinatos de 28 de sus compañeros en los últimos dos años.
Durante una reunión en el plantón que desde hace una semana mantiene el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) con el delegado de la FGR, Fernando García y el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, viudas, viudos y huérfanos dieron su testimonio de los últimos años de violencia que han vivido en sus comunidades.
Una de las víctimas de la violencia expresó que los están masacrando, “los agarran, los torturan como un animal, ustedes no lo han vivido en su propia carne no deseo eso, porque cuando lleguen a sufrir una desaparición de un ser querido sentirán lo que se siente”.
La mujer de unos 60 años dio su testimonio con el rostro tapado por el miedo de ser identificada por el grupo delictivo y pidió que “se haga justicia, nosotros no queremos despensas, colchonetas, una persona no vale tres costales de dinero, mucho menos cuando se pierde un hijo, cuando lo desaparecen, es preferible morir de ese virus (Covid-19) que ser masacrados”.
La reunión inició al medio día de este domingo, donde al menos 400 pobladores se dieron cita para llevar su mensaje de paz y que se termine el cerco de Los Ardillos que hay e impide que puedan viajar a Chilapa a vender sus productos y abastecerse de su canasta básica.
Una niña huérfana víctima de la violencia leyó un comunicado donde exigió al gobierno “que regresen los militares al crucero de Rincón de Chautla (que se retiraron la noche del 24 de diciembre), aquí se ve claro que al gobierno le estorbamos nosotros los indígenas”.
Además, reprochó que el gobierno del estado de Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, sólo les mandan apoyos de gastos funerarios, pero que los pueblos no piden dinero, sino que “exigen justicia”.
Los pobladores también denunciaron que el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, “se comprometió a desalojar al grupo delictivo de Los Ardillos” que se encuentran instalados enfrente de la comunidad de Tula y en el crucero del Jaguey, y que son los que han estado masacrando las comunidades”.
Un hombre que también fue víctima de la violencia contó que “ya no puede bajar a vender sus artesanías, pues el sólo hecho de ser de esa zona es causa de ser masacrado y las autoridades municipales sólo observan y no hacen nada”.
Durante la reunión los pobladores hicieron un reclamo al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y a la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) María del Rosario Piedra Ibarra “de no cumplir los acuerdos firmados el 28 de septiembre donde incluía el desarme de Los Ardillos, investigación al alcalde de Chilapa por el apoyo que da al grupo delincuencial y justicia por sus muertos”.
La reunión se dio en el bloqueo de la carretera Chilapa-Hueycantenango, que los indígenas del CIPOG-EZ mantienen luego de que la semana pasada fueron ejecutados dos mujeres y dos hombres de la comunidad.
El presidente de la Codehum se comprometió a llevar el caso de represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre y cuando dicho caso pase primero por la CNDH para “agotar este procedimiento”.
Además de llevar el mensaje al gobernador Héctor Astudillo Flores y pedir una reunión con el alcalde Jesús Parra a quien los ciudadanos acusan de apoyar al grupo de Los Ardillos.
Los pobladores durante la reunión recalcaron que el grupo criminal los quiere exterminar “sin importar si hay niños, mujeres o ancianos, porque no quisieron formar parte de Los Ardillos, que hace cinco años les pidieron y la gente se negó”.
A raíz de eso en esta parte de la Montaña baja los indígenas han acusado que el grupo delincuencial les pone retenes, levanta a sus pobladores y hostiga a sus hijos que estudian en sus comunidades.
Este lunes se cumple una semana de bloqueo en esta zona indígena, donde en los cerros se ven al menos 300 hombres armados que esperan la reacción del grupo delincuencial que los quiere someter, los pobladores señalan que no van “a retirar el bloqueo y están dispuestos a vengar a sus muertos si el gobierno estatal y federal no interviene”.
Los afectados por la violencia son de 23 comunidades de los municipios de José Joaquín Herrera y Chilapa, donde en dos años han sido ejecutados 28 personas y se encuentran desaparecidas tres más. Desde hace varios meses pobladores de estas comunidades han exigido a los tres niveles de gobierno que intervengan para terminar con la violencia en la zona.
Texto y foto: Lenin Ocampo Torres
