Los gobiernos federal y estatal no garantizaron el regreso a sus comunidades, de las que salieron cuando fueron tomadas por el Frente de Policías Comunitarias.
Chilpancingo, Guerrero, 11 de noviembre de 2019. Por la desesperación de las familias desplazadas de las comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco), y la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para regresarlos a sus localidades, más del 70 por ciento de las que salieron hace un año tras la irrupción de los policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en el corredor de Filo de Caballos-Xichipala, se dispersaron tomando rumbos distintos.
Según un recuento de sus representantes, de aproximadamente 200 familias (mil 600 personas aproximadamente) desplazadas, hasta este mes de noviembre solamente están registradas 60 familias y un total de entre 300 a 350 personas.
Las familias desplazadas de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Corralitos, Puentecillas, El Ranchito, Torre Camotla, Mirabal, Tres Cruces y Los Morros, este 11 de noviembre cumplen un año de haber salido de sus pueblos tras la irrupción de integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) a Filo de Caballos y posteriormente al resto de los pueblos que conforman ese corredor.
El director del Centro Regional de Derechos humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, informó vía telefónica que la dispersión de las familias que a partir de la tarde-noche del 11 de noviembre comenzaron a llegar a Chichihualco, “es una muestra tanto de la desesperación de la gente como de la incapacidad del gobierno para darle solución al problema de los desplazados”.
Agregó que la esperanza y la ilusión de las familias es regresar a sus comunidades, “pero cuando el gobierno no hace lo necesario y ante las amenazas del grupo armado de que van a entrar a Chichihualco, las familias han optado, incluso, hasta por buscar asilo en Estados Unidos, aunque sabemos que la mayoría están siendo rechazadas”.
Informó que por lo menos 20 familias que huyeron de sus pueblos se fueron a Estados Unidos donde están solicitando asilo. Entre estas familias está la del ex dirigente, Crescencio Pacheco González.
Asimismo, representantes de los desplazados informaron que de las aproximadamente 200 familias con un total de mil 600 personas, en mayo pasado ya solamente se registraron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, 82, el resto se habían dispersado.
A su vez el director del Centro Morelos, informó que para este mes de noviembre solamente quedan 60 de esas 82 familias que se registraron ante la CEAV, en total son de 300 a 350 personas los desplazados.
Olivares rechazó que el resto de las familias hayan regresado a sus pueblos, como en algunas ocasiones lo han informado las autoridades.
Aseguró que nadie de las que ya no están en el movimiento de los desplazados regresó a sus comunidades, insistió que algunas huyeron a Estados Unidos y otras se fueron de jornaleras a otros estados del país.
Informó que al cumplirse este 11 de noviembre un año de que salieron de sus pueblos, las 60 familias que quedan, vuelven a enfrentar el problema de la falta de apoyo de las autoridades para permanecer refugiados en Chichihualco, puesto que en octubre pasado se venció el convenio mediante el cual el gobierno federal les apoyó para el pago de renta de sus casas y la alimentación.
Explicó que el convenio fue de 6 meses (de mayo a octubre) y que se supone que en octubre se firmaría un convenio más por tres meses, pero que no se ha firmado por falta de titular en la CEAV federal.
Olivares Hernández declaró que mientras no firmen el convenio las familias están pagando por su cuenta la renta y su alimentación y se encuentran en la incertidumbre respecto a si van a seguir recibiendo el apoyo.
“El problema es que la gente va a tener que movilizarse para la firma de un nuevo convenio, si quieren seguir recibiendo el apoyo”, advirtió el defensor de derechos humanos.
Este 3 y 4 de noviembre se cumplió, además, un año del desplazamiento de 18 familias de Tlaltempana, municipio de Zitlala, quienes junto con los desplazados de Chchihualco realizarán una marcha en esta cabecera municipal a partir de las 10 de la mañana del crucero de la carretera de Carrizal al zócalo de Chichihualco.
Asimismo, como parte de las actividades por cumplirse un año de su desplazamiento se celebrará una conferencia de prensa, además de un convivio entre las familias que aún quedan.
Olivares Hernández explicó que el convivio de los desplazados “es una forma de resistencia, debido a que los gobiernos federal y estatal han querido cansarlos y desgastar el movimiento para que se dispersen y se termine su exigencia del retorno a sus pueblos, “pero también porque mucha gente ha entrado en una crisis de depresión”, declaró.
A un año de la irrupción de la Comunitaria, “hay paz y tranquilidad” en la sierra: Alanís
A un año de la irrupción del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) al corredor Filo de Caballos-Xochipala, el balance que realizó la agrupación es de “paz y tranquilidad” en la zona; “se han reanudado las labores educativas y en los centros hospitalarios casi en un 100 por ciento, y no se ha cometido ningún asalto, robo ni asesinato en la zona”, declaró vía telefónica el vocero del Frente, Salvador Alanís Trujillo.
Dijo que otro de los logros es el regreso de las familias que habían abandonado Corralitos, municipio de Leonardo Bravo, lugar donde se centraron los enfrentamientos el año pasado y como consecuencia había quedado prácticamente desierto.
Informó que a un año de su ingreso a Filo de Caballos, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, tiene presencia en 12 poblaciones de la zona y que persiste su intención de entrar a Chichihualco, la cabecera municipal, en donde dijo que han ocurrido “algunos incidentes”, como el asesinato de dos militares en una emboscada por el grupo delictivo del Cártel del Sur que encabeza Isaac Navarrete.
Insistió en que en esta ruta que cuida la autodefensa Policía Comunitaria, “este año no se perdió ningún camión de abono, está pasando la gasolina, los transportistas que estaban parados desde los que transportan material hasta las Urvan de todos los sitios sin excepción”, aseguró.
La tarde del 11 de noviembre del año pasado ingresaron unos 3 mil policías comunitarios del FUPCEG a Filo de Caballos para encargarse de la seguridad. Tras la irrupción de los civiles armados quedaron decenas de casas y vehículos baleados en las fachadas y carrocerías. Entre los inmuebles tiroteados estaba la comisaría municipal. En la calle quedaron millares de cartuchos percutidos, y aunque no hubo un reporte oficial de víctimas, versiones extraoficiales y de la propia Policía Comunitaria mencionaron siete muertos.
La irrupción de los comunitarios ocasionó el desplazamiento de más de 200 familias, mil 500 personas, de nueve pueblos que fueron ocupados, según una declaración de los representantes de los desplazados.
“Tenemos el agrado de decir que están muy bien las cosas ahorita, no tenemos mayores incidentes, no tuvimos un solo civil muerto en el corredor en todo este año que hemos estado cuidando, nosotros no hemos tenido un solo policía comunitario caído en siete enfrentamientos que hubo para recuperar este corredor”, dijo ayer Alanís.
Reconoció que en estos siete enfrentamientos sí tuvieron 14 heridos, pero con heridas menores y que todos están con vida.
Declaró que la Comunitaria sigue trabajando “en la dinámica de seguir manteniendo el orden”.
Informó que en el corredor transita sin problemas la Policía Estatal, igual que la Policía Rural, “como lo hacían antes de que llegáramos”.
Agregó que transitan por la zona efectivos de la Guarda Nacional, del Ejército y que desde hace un mes llegaron efectivos de la Secretaría de Marina, que realizan su labor de erradicación de cultivos ilícitos sin problemas, “realizan sus actividades de manera normal, no ha habido ningún percance con nosotros, la Policía Comunitaria”, declaró.
Sin embargo, aclaró que no hay coordinación entre las fuerzas federales y estatales con la Policía Comunitaria, “simplemente son respetuosos de nosotros, al igual que nosotros de ellos”.
Pero dijo que cuando llegan a los pueblos los mandos van y se reportan con los comunitarios, nos dicen: “somos Ejército mexicano, venimos a establecernos en tal lugar, venimos a hacer trabajos de erradicación, y han estado respetando hasta ahorita a la Policía Comunitaria, no ha habido un solo policía comunitario detenido por ninguna autoridad”, destacó.
“Hay un ambiente de respeto, de armonía; ellos desde la parte institucional y nosotros desde la parte que mandatan los pueblos para brindar la seguridad, que es la necesidad que teníamos”.
Informó que a un año de que llegó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo al corredor, tiene presencia en 12 pueblos de la zona y que en el corredor de Filo de Caballos a Xochipala, solamente La Laguna, del municipio de Leonardo Bravo, no tienen presencia ellos porque allí tiene su destacamento la Policía Estatal “y decidimos no entrar para evitar algún roce”.
Informó que en cada pueblo tienen 15 elementos que se encargan de la seguridad, “lo que pretendemos es solamente mantener la presencia”, pero dijo que tienen una capacidad de reacción en un lapso de 15 minutos para reforzar a estos elementos desde Verde Rico, en caso de emergencia, y que en seguida se sumarían los elementos de Mirabal, Los Morros y Corral de Piedra.
Además, informó que siguen en la intención de llegar a otros pueblos como Chichihualco, la cabecera municipal, porque “ha habido algunos percances como el que pasó los días pasados cuando mataron a dos militares en la zona de influencia del grupo que estamos combatiendo, el Cártel del Sur”, declaró.
Sin embargo adió que lo que los ha detenido es que recientemente ha habido mucha vigilancia de parte del Ejército y la Marina que llegó, “eso nos ha mantenido no quietos, pero calmados, porque no quisiéramos que volviera a pasar un percance ahora con nosotros, por eso estamos en espera de que si ellos no concretan su trabajo, lo vamos a hacer nosotros”, pero dijo que no hay un plazo establecido.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
