En el cuarto día de la protesta, la dirigente de la sección 4 del STPJ, Mariela Jaramillo Pineda, afirma que irán hasta las últimas consecuencias ante una reforma que afectaría sus derechos. La decisión de suspender labores fue de los trabajadores, no del sindicato, sostiene. No los mandaron magistrados ni jueces, subraya un trabajador
Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, 23 de agosto de 2024. La secretaria general de la sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), Mariela Jaramillo Pineda, opinó, ante la advertencia de sanciones y descuentos por el paro de labores, que se trata de un derecho el ir a paro y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.
En Acapulco, en el cuarto día del paro, señaló: “Desde el momento que los titulares declararon inhábiles los días, declararon ellos la suspensión de las labores, los trabajadores no pueden incurrir en una responsabilidad porque si el titular de un órgano jurisdiccional declara la suspensión de labores pues no hay manera de que los trabajadores pueden desarrollar su labor; por ese lado y por lo que a mi compete que es la protección a los trabajadores agremiados, yo puedo reiterar que ellos no incurren en responsabilidad, dado que el titular de cada órgano fue el que declaró la suspensión”.
De la ausencia de la dirigencia nacional de los sindicatos, destacó que es porque se trata de una movilización de los trabajadores “netamente”.
Jaramillo Pineda es secretaria general de la Sección 4 del STPJ desde junio de este año, fue electa por seis años.
De la falta de respaldo de los sindicatos a nivel federal, la líder sindical en Acapulco dijo que se debe a que están en espera de una “negociación”, por eso los trabajadores decidieron irse a paro sin el respaldo de los sindicatos y que al declarar jueces y magistrados días inhábiles no hay riesgo en sus prestaciones laborales sean afectadas porque fueron sus jefes los que determinaron no laborar.
Este jueves se cumplió el cuarto día de paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. En Acapulco como parte de la movilización diaria, se fijan posturas por los trabajadores y se realiza un pase de lista por cada una de las áreas que integran el Poder Judicial que están en paro.
Mientras que en Chilpancingo a puerta cerrada, en sus respectivos centros de trabajo, los trabajadores del PJF continuaron el paro laboral.
Los empleados de los tres juzgados federales y los tres tribunales judiciales y de circuito de Chilpancingo, se mantuvieron al interior de los edificios y el personal de seguridad impidió el paso al público que llegaba para realizar algún trámite.
Este jueves se observaron menos trabajadores en la movilización afuera de las instalaciones del Poder Judicial en la zona Diamante. De su ausencia, Jaramillo Pineda explicó que algunos están dentro de las oficinas porque siguen las audiencias.
“Nosotros estamos respetando la voluntad y la decisión de cada trabajador de hacer efectivo el derecho a manifestarse, no podemos obligar a nadie, a nadie le puede obligar, pero tampoco a nadie se le puede obligar a quedarse”.
Explicó que las audiencias no se han detenido, tienen que realizarse cada vez que llega un caso para determinar si es urgente o no, las que están detenidas son las de amparo.
Dijo que la base trabajadora teme que por la reforma al Poder Judicial las prestaciones sindicales como Seguro Médico de Gastos Mayores, día de asueto por el Día de las Madres y de Duelo por el fallecimiento de familiares, se pierdan con la reforma al Poder Judicial por eso están en paro.
Con la reforma “la justicia atendería motivos políticos, no legales”, advierten
Víctor Manuel Noriega Ravela, Oficial judicial C del Tribunal Colegiado de Apelación con 24 años de trabajo en el Poder Judicial, sostuvo que se sumó a la protesta porque se corre el riesgo de que el país se convierta en una dictadura, y las sentencias se emitan por criterios políticos y no legales.
Informó que él ingresó mediante un examen de oposición como oficial administrativo interino durante seis meses, luego consiguió su plaza de base, estuvo en el Segundo Tribunal Unitario de Circuito que ya no existe, ahora es el Tribunal Colegiado de Apelación donde es Oficial Judicial C, y se dedica a elaborar los proyectos de sentencia.
A la pregunta de que si los trabajadores fueron mandados por magistrados y jueces para manifestarse contra la reforma, respondió: “estamos aquí por voluntad propia, no nada más por el puesto que tenemos, por el cargo, porque esto es para defender a nivel nacional todos los derechos que se van a pisotear de los trabajadores”.
–¿Por que decidió unirse al paro?
–La reforma no solo es para afectar al Poder Judicial, esta reforma va a tener consecuencias a nivel nacional en todo el Poder Judicial y en todos los derechos; (con ella), lo que se pretende es eliminar al Poder Judicial y que el Poder Ejecutivo tenga todo el control, entonces vamos a ser una dictadura. Esto no es nada más porque no queremos una reforma, sí la queremos, una reforma integral, a conciencia, para mejorar algunos aspectos que pudieran estar mal, pero no una reforma al capricho de una persona, en este caso al presidente, porque no se le han aprobado las cosas como él las quiere.
–¿En qué es lo que les puede afectar el desarrollo de sus labores?
–Lo principal, los titulares que pudieron llegar elegidos por voto popular, de entrada creo que van a ser políticos, por cuestiones políticas respaldados por gente de la política y la política ya sabemos cómo se maneja. Cuando ellos lleguen aquí, posiblemente van a empezar a meter a su gente, a querer sacar a los trabajadores a emitir sentencias, fallos no de manera legal acorde a la Constitución. Va a haber una presión política donde ellos tengan que resolver de una u otra manera cosa que no sucede ahora: los jueces, los magistrados quieren imparcialidad, ellos resuelven conforme a la ley, eso es así, siempre siempre ha sido así, pero ahora con ese tipo de titulares corremos ese gran riesgo que haya presiones políticas de alguien que les pueda indicar cómo y de qué forma resolver ciertos asuntos que como saben hay asuntos de trascendencia nacional.
–¿Qué opina de las amenazas que ha habido de que puede haber sanciones a quienes participan en el paro?
–Es muy simple, si estamos actuando de manera ilegal ahí están los recursos para poder actuar en contra de nosotros si es que realmente lo que estamos haciendo es ilegal. Tenemos un paro nacional, sí, tenemos cerradas las instalaciones, sí, pero estamos todos aquí presentes, adentro, trabajando. Estamos atendiendo casos urgentes en diferentes ámbitos sean juzgados, centro de justicia, tribunales colegiados, tenemos la orden desde el Consejo de dar continuidad a esos asuntos urgente no es de qué estemos encerrados platicando. Si se fijan, hacemos la ceremonia y si hay asuntos urgentes que atender se hacen. Insisto si estamos actuando de manera ilegal pues hay los medios para recurrir esa acción aparentemente mal que estamos llevando a cabo.
En Chilpancingo están cerrados los accesos a las instalaciones
En Chilpancingo, los avisos de plazos y términos de casos urgentes se colocaron afuera de las instalaciones del Tribunal Cole-giado del 21 Circuito, ubicado al sur de la ciudad.
Por cuarto día, en los centros de trabajo de Chilpancingo, no se realizaron concentraciones ni protestas al exterior de los centros de trabajo y los paristas se mantuvieron a puerta cerrada en sus oficinas.
En el edificio del Juzgado Séptimo de Distrito, ubicado en la calle 5 de Mayo del centro de la capital, los paristas colocaron una lona con la consigna: “Los jueces no deben ser títeres políticos. No al plan C”. En otra lona se leyó: “México entiende el juez imparcial es de carrera judicial. Carrera judicial sí, voto popular no. Mi trabajo te defiende”.
En este edificio, al igual que en el Tribunal Colegiado del 21 Circuito, ubicado al sur de la ciudad, se negó la entrada al público por el personal de seguridad, con el argumento de que están suspendidas las labores.
En la fachada del edificio del Tribunal Colegiado del 21 Circuito, se colocaron los avisos de los defensores y asesores públicos que se mantenían de guardia para casos urgentes.
“Se hace del conocimiento que derivado del paro de labores, organizado por las y los servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, en oposición y protesta contra la Reforma Judicial, han sido suspendidas las labores”, dice uno de los avisos colocados al exterior.
Agrega: “No obstante ello, la delegación Guerrero del Instituto Federal de la Defensoría Pública hace de su conocimiento que del 19 al 25 de agosto del año en curso, permanecen de guardia para la atención de cualquier asunto de carácter urgente los servidores públicos…”, y en seguida se anotan los nombres y teléfonos de los defensores públicos y asesores jurídicos que pueden ser consultados por el público.
En ambos edificios, el personal de seguridad mantuvo las puertas cerradas a la gente que acudía a realizar trámites con el argumento de que “no hay labores hasta nuevo aviso”.
En otro documento colocado al exterior del edificio del Tribunal Colegido del 21Circuito, se informa al público que el Juzgado Primero de Distrito “por causas de fuerza mayor, derivadas de las circunstancias fácticas consistentes en el pronunciamiento: Declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se suspenden labores en forma indefinida a partir del 21 de agosto, por lo que no correrán términos ni plazos de ley”.
El aviso de fecha 22 de agosto, lo firma el secretario de Juzgado Primero de Distrito, José Francisco Herrera García.
En un tercer documento se notifica al público que la declaratoria de suspensión de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se emitió “válidamente” por la Judicatura Federal “constituida como mandataria de la voluntad mayoritaria de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, secretarias y secretarios en funciones”.
Argumenta que la declaratoria de suspensión de labores “tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general y de los integrantes de la Judicatura en particular, sobre la reforma judicial”.
Texto: Daniel Velázquez y Zacarías Cervantes / Foto: Carlos Carbajal
