Chilpancingo, Guerrero, 31 de diciembre de 2021. La presidenta del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, aseguró que este 2021 quedaron pendientes condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen, contar con políticas públicas para prevenir y evitar el desplazamiento, y que los senadores aprueben la Ley Nacional sobre Desplazamiento Forzado Interno para que pueda tipificarse este hecho violento como delito.
También, afirmó que quedó pendiente a las familias desplazadas reubicarlas dignamente “y tierras suficientes para que desarrollen su vocación campesina y que la reparación del daño sea acordé con lo que perdieron”, así como que se les otorgue sin dilación la calidad de víctimas y se les atienda de manera inmediata e integral y con perspectiva de género.
Mediante un comunicado, Rosales Sierra expuso que este año se vivieron varios enfrentamientos entre diferentes grupos que se pelean el control del territorio con la complacencia del gobierno federal y estatal, “provocando desplazamientos masivos” en municipios como Zirándaro, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.
Manifestó que este año terminó el mandato de Hector Astudillo Flores, quien como gobernador renunció “a asumir su responsabilidad en torno a las cientos de familias desplazadas”, también señaló que la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “aún no acaba de poner los pies en el contexto de la crisis humanitaria generada por los grupos de narco-paramilitares que se pelean el control del territorio, entonces, resulta difícil en pocas lineas realizar un balance respecto a la postura del gobierno federal y estatal en cuanto a las acciones emprendidas para atender a los cerca de 20 mil desplazados que hay prácticamente en todo el estado”.
Texto: Emiliano Tizapa
