Ya notificó la Junta de Conciliación a la mina Media Luna y aceptó el recuento, informa Oscar Rangel
La CIDH estudia medidas para evitar
abusos de mineras canadiense en AL
Texto: EFE
Foto: Archivo El Sur (En la imagen, un segmento de la minera canadiense Media Luna en Guerrero)
Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó ayer posibles medidas con el objetivo de prevenir las numerosas violaciones de derechos humanos que desde hace años son denunciadas en el ámbito de la industria extractiva canadiense por sus operaciones en América Latina.
Entre los años 2000 y 2015, empresas canadienses del sector han estado involucradas en 28 incidentes, en los que se han registrado 44 muertes y 403 heridos, 363 de los cuales fueron lastimados durante la celebración de alguna protesta, según datos de la organización Justice and Corporate Accountability Project (JCAP).
Por este motivo, representantes de varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos solicitaron ayer en Washington que las autoridades canadienses actúen al respecto y demandaron la adopción de medidas de carácter vinculante.
El representante de OXFAM Canadá, Ian Thomson, reclamó que se instauren “con urgencia” una batería de medidas que son necesarias, según dijo, para prevenir este tipo de violaciones que principalmente afectan a las poblaciones más desfavorecidas.
Entre estas medidas, Thomson enumeró la necesidad de que las empresas firmen contratos de adhesión al respeto de los derechos humanos, el acceso por parte de las víctimas al sistema de Justicia canadiense y la creación de una Oficina del Defensor del Pueblo, cuyas resoluciones tengan carácter vinculante.
A fecha de octubre de 2017, empresas canadienses participan en cerca de 800 proyectos en Latinoamérica y, según datos oficiales del año pasado, 102 empresas han generado mil 670 millones de dólares ingresos que han ido a parar a las arcas de los gobiernos de la región, defendió Jennifer Loten, embajadora de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, Loten resaltó que las autoridades canadienses están “comprometidas” con la defensa de los Derechos Humanos, motivo por el cual se han adoptado una serie de medidas para evitar abusos, como la firma de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias de la Extracción, que fue implantada en junio de 2015.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes puesto que, según apuntó Thomson, muchas de los incidentes denunciados ayer ante la CIDH se produjeron cuando estas “ya estaban en vigor”.
Uno de los principales problemas es la falta de información, señaló Salvador Herencia, del Centro de Investigación de Derechos Humanos y Educación de la Universidad de Ottawa, quien denunció el “secretismo” del sector, amparado en los acuerdos de confidencialidad habituales entre las empresas y los gobiernos de los países en los que se llevan a cabo los proyectos.
Ya notificó la Junta de Conciliación a la mina Media
Luna y aceptó el recuento, informa Oscar Rangel
Texto: Karla Galarce Sosa
Acapulco, Guerrero.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a la empresa Media Luna la demanda de titularidad de contrato colectivo y que ya aceptó el recuento.
En declaraciones después de la cuarta sesión de la Comisión de Productividad que se desarrolló en Acapulco, el funcionario estatal opinó que el paro que mantienen algunos trabajadores en la mina Media Luna es “irracional, porque no tiene razón de ser”, pues aseguró que la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el recuento que permitiría el cambio de sindicato, ya quedó registrada y ahora se siguen procedimientos legales para “agotar tiempos”.
“El conflicto es manifiestamente laboral, se centra en que hay un sindicato que reclama la titularidad del contrato colectivo de trabajo al sindicato que en este momento lo tiene y eso se resuelve mediante una demanda de titularidad, que ya la hizo el sindicato, y que la Junta Federal lo tiene que notificar a la empresa, y que ya lo hizo, y basta esperar a agotar tiempos”, dijo Rangel Miravete.
Agregó que el mecanismo, que es el único que existe para cambiar a un sindicato, ya se efectuó, se notificó a la empresa y la empresa está de acuerdo en que se haga el recuento.
“No existe ninguna motivación para mantener un paro, no hay ninguna. Por eso digo, independientemente de que sea legal o no, no tiene razón de ser. Ese paro no es legal porque la única forma de que los trabajadores puedan hacerlo es mediante una huelga y en éste caso no la hay”, insistió el secretario del Trabajo de Guerrero.
Afirmó que de no resolver el conflicto que cumple hoy 39 días, hay riesgo de que la empresa cierre la mina.
“No hay una queja en la que los trabajadores digan que les están pagando mal, hay un reclamo de titularidad del contrato colectivo y eso no atañe totalmente a los trabajadores, pero el mecanismo está establecido por la ley, por lo tanto, es absolutamente irracional un paro”, concluyó.
No está en riesgo de cierre la mina Media Luna
a causa del paro, responden mineros al gobernador
Héctor Astudillo Flores es el más indicado para intervenir ante Conciliación y Arbitraje, pese a que dijo que el gobierno no lo puede hacer, señalan. Los hermanos Sahuanitla Peña, asesinados en Atzcala, sí eran trabajadores de la Torex Gold, según credenciales y documentos expedidos por la empresa, insisten
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero.- Trabajadores que participan en el paro laboral de la minera Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex Gold Resources, refutaron este jueves al gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien el miércoles dijo que “es muy grave” lo que está pasando en esa mina, porque está en riesgo de cerrar, y que el gobierno estatal no puede intervenir porque es un conflicto entre sindicatos.
Vía telefónica, el vocero del movimiento, denunció que la del gobernador es la misma postura de la minera Media Luna, y que trata de meter miedo a los trabajadores para que levanten el paro, pero que la empresa no puede cerrar porque no echaría a perder la inversión millonaria que ha hecho.
Además, aseguró que el gobernador “es el más indicado” para intervenir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para pedir que se agilice el recuento y los trabajadores definan a qué sindicato les conviene afiliarse, sólo que, dijo, Astudillo Flores no quiere presionar porque no le conviene que la central priista CTM pierda el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que detenta actualmente.
Mientras tanto, en su boletín 35/2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), cuestionó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y al gobernador Astudillo Flores, quienes han declarado que los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla Peña, asesinados el 18 de noviembre, no eran mineros y no trabajaban en la mina Media Luna de Torex Gold.
“Los hermanos Marcelino y Víctor Sahuanitla Peña, asesinados por pistoleros de la CTM en Atzcala, sí eran mineros y trabajadores de la empresa canadiense Torex Gold Resources, según credenciales y documentos expedidos por la empresa, de los cuales tiene copia el Sindicato Nacional de Mineros”, aseguró la dirigencia sindical en su boletín del 6 de noviembre.
En su escrito acusan que “por ignorancia o por mentira, se sigue repitiendo, desde el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, hasta el propio secretario del Trabajo y Previsión Social federal, Alfonso Navarrete Prida, que ambos hermanos no eran trabajadores de la mina Media Luna, cuando esos documentos afirman lo contrario”.
Explican que el hecho de que los hermanos Sahuanitla fueran contratistas no los hace menores en sus derechos frente a cualquier otro trabajador, pues la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15 establece que, “la empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores”.
El sindicato añadió que por trabajadores se entiende a aquellos empleados en la ejecución de obras o servicios, mismos que tendrán derecho al disfrute de las mismas condiciones de trabajo similares en la empresa beneficiaria.
“En este caso la empresa beneficiaria mencionada es Torex Gold Resources. Así que el negar que los hermanos Sahuanitla eran trabajadores constituye una mentira crasa y llana del gobernador Astudillo y del secretario del Trabajo Navarrete Prida, o una ignorancia de lo que la Ley Federal del Trabajo establece”, dice el comunicado.
Para el SNTMMSSRM todo indica que se trata de una complicidad de autoridades como la de Guerrero y la Secretaría del Trabajo para favorecer a la empresa canadiense para que, “entre paréntesis”, no se siga repitiendo la calumnia en algunos medios de que el dirigente máximo está “protegido” por empresas canadienses, y saldar el asunto de los muertos, “encubriéndolo como parte de una disputa entre sindicatos rivales, que distorsiona la verdad de que se trata de una represión contra trabajadores que luchan por adherirse al Sindicato Nacional de Mineros”.
Para la dirigencia sindical, el secretario del Trabajo Navarrete Prida declaró “erróneamente, por ignorancia o mala fe, el 5 de diciembre, que según la información que él tiene las personas que murieron durante el conflicto en días pasados, no eran trabajadores mineros, pero dijo que va a platicar con los miembros de los dos sindicatos con una mente abierta para dialogar”.
Asimismo, el boletín añade que el gobernador Astudillo ha declarado que le preocupaba la situación de la empresa Torex Gold en la Bolsa de Valores de Canadá, pero que no ha dicho nada ni ha condenado el asesinato de los dos trabajadores, “lo que es verdaderamente insultante”.
El boletín concluye que, “Con ello el titular del Trabajo y el gobernador están traicionando la protección y el tutelaje que en las leyes laborales debían tener las autoridades y el gobierno hacia los derechos e intereses de los trabajadores.
Asimismo, el vocero de los trabajadores en paro, denunció que este jueves cumplieron siete días sin servicio de telefonía celular en la zona donde se encuentra el plantón, pero tampoco hay servicios en los pueblos de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula.
Dijo que la suspensión del servicio es en represalia a quienes participan en el movimiento, pero que se está afectando por igual a toda la población y hasta a las familias que no participan en el movimiento.
El servicio telefónica celular se suspendió la mañana del viernes 1 de diciembre antes de que llegara una comisión de diputados locales encabezados por el dirigente de la CTM estatal, Antelmo Alvarado García e integrantes del movimiento Pro AMLO encabezados por el vocero, Misael Medrano Baza.
Lea toda la información en nuestra edición de este viernes 8 de diciembre:
Páginas 11 y 28
