Y en Managua, el gobierno publica cinco medidas de reforma política para impulsar el diálogo con la oposición, que incluyen cambios en la normativa electoral, en la justicia, la reparación y solicitar a la comunidad internacional la eliminación de las sanciones.
Washington, 10 de marzo de 2019. La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Nicaragua dieron a conocer la posible incorporación de dicha organización en el proceso de diálogo nacional para superar la actual crisis que sufre la nación nación centroamericana.
“La Secretaría General de la OEA ha designado al Señor Luis Ángel Rosadilla como Enviado Especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua”, se informó en un comunicado conjunto entre dicho organismo y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
De acuerdo con el texto, a partir del 11 de marzo Rosadilla analizará con los representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la eventual participación de la secretaría general de la OEA en las negociaciones.
Según la nota, el pasado 14 de febrero el Gobierno de Nicaragua se reunió con una delegación de la OEA, “a fin de avanzar en la ruta hacia las necesarias reformas electorales en el marco de la Constitución, entre otros temas”.
En un mensaje previo, la administración del presidente Daniel Ortega destacó la importancia del apoyo internacional para la implementación de los acuerdos finales de esta negociación, y ha hecho un llamamiento a suspender toda sanción contra Nicaragua para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social del país.
Además, el Sandinismo se comprometió a fortalecer las instituciones electorales de Nicaragua, mediante “la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA”.
En ese sentido, el gobierno ha propuesto poner en marcha la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados”.
El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega anunció estas medias poco después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua rechazara una invitación para asistir a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.
En nota de prensa, el Episcopado expresó que “deben ser los laicos los que asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la Nación”.
Tras conocer la decisión de la Conferencia Episcopal, la Alianza opositora convocó a un pleno para reconsiderar su posición en la negociación, a partir de su reclamo de libertad para quienes considera “presos políticos”, así como de reformas electorales.
Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega.
Entonces fue convocado un Diálogo Nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que suspendió las conversaciones en junio pasado, en medio de acusaciones y la falta de consenso entre ambas partes.
Programa de reformas para impulsar el diálogo con la oposición
Y en Managua, el gobierno de Nicaragua publicó este sábado un listado de cinco medidas de reforma política para impulsar el diálogo con la oposición. Entre las medidas se incluyen cambios en la normativa electoral, en la justicia, la reparación y solicitar a la comunidad internacional la eliminación de las sanciones.
Sin embargo, la agenda no incluye el adelanto de elecciones que piden tanto Estados Unidos y sus aliados, como la oposición. Washington incluso ha aplicado sanciones a altos cargos del gobierno nicaragüense y a empresas vinculadas a la petrolera venezolana PDVSA.
El primer punto de la agenda es la aplicación de reformas electorales según los planteamientos de la Organización de Estados Americano (OEA), una medida a la que el Gobierno ya había accedido a finales de 2017, pero que había suspendido a raíz de la crisis política surgida en el segundo trimestre de 2018 con protestas multitudinarias.
Además, el gobierno expresa su disposición a la liberación de los presos en el contexto de lo que denomina “los hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua”. Sin embargo, no reconoce que haya manifestantes presos, detenidos por ejercer su derecho a la protesta, como ha denunciado la Alianza Cívica.
El gobierno especifica que los liberados serían por casos juzgados y sin juzgar, advirtiendo que hará una revisión de los expedientes para no haya “impunidad”.
Además, expresa su disposición a fortalecer “las libertades, derechos y garantías” establecidas en la Constitución, muchas de las cuales continúan suspendidas, como el derecho a la reunión pacífica de la ciudadanía.
En el punto cuatro, el gobierno pide a la comunidad internacional “suspender toda sanción” y el quinto incluye el compromiso de implementar y cumplir todos los acuerdos que se adquieran en el diálogo con la oposición.
El anuncio es unilateral a pesar de que la “ruta del diálogo” aprobada la semana pasada estipulaba que solo sería publicado lo aprobado por consenso por las dos partes en la negociación.
La crisis estalló en abril pasado y ha dejado al menos 325 muertos y más de 600 manifestantes presos, según diferentes instituciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
Texto: Europa Press
Foto: Archivo El Sur-EFE
