Informa que denunció ante las autoridades, mostró el número telefónico, las amenazas, pero no se abrió una investigación. “Me ignoraron. Me dijeron que no podían investigar llamadas. Si te dan un balazo, ya te hacen caso”, dice.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. El teléfono timbró y Evelia adivinó lo qué pasaría después: la obligarían a olvidarse de su casa, de la vida que construía al lado de sus hijos. Le exigirían decir adiós a todo lo que conocía.
Un par de horas atrás, su hijo, casi tartamudo, le avisó que dos sujetos habían allanado la casa donde vivían en Iguala, y lo habían forzado a entregar el número del celular. Otros amigos le advirtieron que personas desconocidas, a bordo en un automóvil sin placas, preguntaban por ella. La estaban buscando.
Julio de 2015 concluía. Era casi de noche cuando Evelia regresaba de una reunión en Acapulco y el celular vibró. La voz sonó amable.
–¿Eres Evelia?
–Sí –respondió y sintió que ella misma se sentenciaba.
El tono de voz al otro lado del teléfono cambió de manera radical.
En una banca en el jardín Ramón López Velarde, en la zona centro de la Ciudad de México, Evelia no quiere recordar las palabras exactas que escuchó: “En resumen, me dijeron que si no me largaba, me iban a matar, y también a mis hijos y a mis compañeros”.
Evelia no respondió. Supo qué seguía: “Me tenía que ir”.
No hay confianza
No existe un diagnóstico oficial que diga cuántas son, quiénes son, de qué lugares provienen, a dónde fueron.Las víctimas no tienen rostro. “Así es como la autoridad no reconoce el desplazamiento forzado”, dice a El Sur Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la única organización a nivel nacional que aborda el fenómeno, lo cuantifica y acompaña a víctimas.
Como no hay registros, la comisión contabiliza, con ayuda de las notas periodísticas de medios locales, los éxodos mayúsculos: cuando por una misma violencia huyen decenas de familias. El problema es permanente, indica Pérez.
–¿Y si es una sola familia?
–Ese desplazamiento gota a gota es invisible. Se mimetiza con otras formas de migración.
No existe, tampoco, un marco jurídico oficial que atienda a los desplazados forzados, explica. Sí, existen dos leyes, la primera, creada en 2012 en Chiapas, y la segunda, en 2014 en Guerrero, “pero no hay políticas públicas para atender”.
–¿Y la Ley General de Víctimas?
–En teoría, es el instrumento vigente; cuando acompañas a víctimas te percatas de los obstáculos burocráticos para garantizar su registro.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las anota como objeto de secuestro, amenazas, asesinato de familiares, pero no como personas cuyos derechos fueron violados por desplazamiento. “Esto no es considerado un delito aún”.
El desplazamiento forzado fue más evidente desde 2006, cuando comenzó la “guerra contra el narcotráfico”, enfatiza Pérez.
–¿Quiénes son los desplazados?
–Mujeres, menores, campesinos, estudiantes, indígenas, profesionistas, comerciantes, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, defensores de derechos humanos que se protegen para no ser asesinados. Antes pasaba más en zonas rurales con población indígena, ahora comunidades completas dejan todo lo que construyeron. No siempre sabemos a dónde se van.
–¿Cuál es la respuesta de la autoridad?
–Cuando los desplazados llegan a localidades, se adaptan albergues temporales, nada que solucione el problema.
Guerrero y los números
En su último informe la CMDPDH registró, en 2016, 20 episodios de desplazamiento masivo en el país causados por la violencia: 21 mil 31 personas abandonaron su residencia, temporal o permanentemente, para salvaguardar sus vidas.
Los estados más afectados fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Michoacán.
De 2009 a enero de 2017, en México se desplazaron de manera interna por la violencia o conflictos territoriales, religiosos o políticos, 310 mil 527 personas. Y eso que, admite la CMDPDH, son “números conservadores, pues sólo contamos éxodos grandes”:
En 2016 Guerrero registró siete eventos de desplazamientos masivos. La cifra representa 24 por ciento del total anual. La población afectada fue de mil 650 personas.
Sin embargo, la gravedad del fenómeno no se refleja en las cifras, pues depende cómo y quién las dé. En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se apunta que de 185 mil personas desplazadas, 12 mil 590 eran de Guerrero.
En el estado, la Secretaría de Gobierno cuenta poco más de 2 mil desplazados.
Brenda Pérez difiere de este dato oficial porque, en el conteo de la CMDPDH, “Guerrero casi siempre aparece en primer lugar en desplazamiento. En 2016 ocupó el segundo sitio. Es una entidad donde este hecho es permanente”.
–¿Dónde ocurre el fenómeno del éxodo forzado?
–En San Miguel Totolapan siempre, año con año. Y también en Apaxtla, Acapulco, Tecpan de Galeana, Cuetzala del Progreso, Chilapa, Zitlala, Teloloapan. En 2015 aumentó el desplazamiento. Y como en la zona hay disputa entre los grupos delincuenciales, subraya, no siempre regresan los que se van.
Si te quedas, te asesinan
Evelia, de 38 años, sabe que recientemente cerca de su casa en Iguala ha habido balaceras con muertos y heridos, la mayoría jóvenes como sus hijos. Por eso prefiere no mencionar su apellido.
Ha visto cómo asesinaron a compañeros, y luego se afirma que fue por una cosa aunque en realidad fue por otra.
Debido a la condición de salud de su hijo menor –con diabetes, epilepsia y apnea– y porque su casa está en proceso de juicio –quien se la vendió dice que no se la vendió–, viaja a Guerrero constantemente. Intenta pasar desapercibida.
Evelia nació en Iguala, creció en Cocula y ha sido desplazada toda la vida. Tercera de seis hermanos, se fue con su familia a Estados Unidos cuando tenía 2 años. Luego estuvieron en Tamaulipas y a los 10 años regresó a Cocula, cuando su papá volvió a cruzar al otro lado y abandonó a sus hijos. Su mamá fue echada del lugar donde vivían y, para mantener seis bocas, trabajó en una panadería. La familia se refugió en una casa pequeña, en obra negra.
Cuando Evelia estudiaba la prepa, su papá regresó con una faceta que la joven desconocía: activista. “En Estados Unidos se involucró con la lucha de los migrantes”, cuenta.
Evelia se casó a los 18 años y, más tarde, se involucró en los movimientos sociales de su papá. Desde 2006 se dedica a la defensa de los derechos humanos: se ha enfrentado a las mineras invasoras, ha defendido a familias desalojadas de terrenos por los que pagaron y asesora a personas con problemas de salud y laborales. También defendió enérgicamente a participantes del movimiento por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Su esposo la golpeaba, pero la defensa de derechos humanos la fortaleció. Terminó la relación. “Preferí salvar a mis hijos”, cuenta a El Sur. Tiene dos, de 20 y 13 años.
Por su activismo, sufrió agresiones –un intento de ahorcamiento en Nuevo Balsas, por ejemplo– que se intensificaron en 2015. “A los defensores nos amedrentan por medio de la delincuencia organizada. Cuando hay un asesinado, nos sabes quién no quería que estuvieras ahí. Si te quedas, matan a tus familiares”.
En la colonia irregular donde apoyaba a familias, el gobierno de la entidad intentó desalojarlas de manera violenta. “Pusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
Fue a fines de julio de 2015 cuando timbró su teléfono móvil.
Prefieren el anonimato
Un caso: hombres armados irrumpen en la casa donde viven dos mujeres adolescentes. “¡Mañana venimos por una de tus hijas!”, espetan al padre. La familia se esfuma, no espera a ver si se cumplen las amenazas.
En otro caso, el crimen organizado intimida directamente: “Nos vamos a llevar a tu hijo para que trabaje con nosotros”. El joven tiene 16 años. La familia huye.
Ambas situaciones, ocurridas en Guerrero, las cuenta Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Con sede en Chilapa de Álvarez, la organización defiende los derechos humanos desde hace 21 años.
En la zona, indica Olivares, el desplazamiento forzado se recrudeció desde 2013, cuando se agudizó la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio y se instauró un reclutamiento forzoso.
“Casi nunca se denuncia porque, como ocurre en el país, hay desconfianza hacia las autoridades. Las víctimas temen que al salir del MP les den un tiro”.
Desde 2011, el centro acompaña a familias desplazadas de la región de Tierra Caliente. “Hay comunidades ricas en recursos naturales, ambicionadas por gente que se dedica a talar bosques y vender a empresas. La Laguna, se negó, pero tras 27 asesinatos y tres desparecidos comenzaron los desplazamientos en la zona. Los taladores se relacionan con el crimen organizado –narcotráfico– y políticos. El crimen toma el control sobre ayuntamientos”.
La situación se complicó en 2012, cuando fueron desplazadas comunidades enteras.
“Se busca despoblar comunidades con condiciones mineras en Tierra Caliente. A empresas y gobierno les interesa ejecutar concesiones. Es constante”.
–Los defensores de derechos humanos huyen también.
–El desplazamiento se da por la corrupción de funcionarios, que provoca impunidad hacia el crimen. Antes era fácil definir cuando una autoridad mataba a un luchador social. Ahora se echa mano de los criminales, que se encargan de desaparecer, como si fueran paramilitares.
Es un tema complejo, menciona Olivares, porque se habla de “comunidades desplazadas”, pero cuando llegan a la carretera, cada quien “se va por donde entiende. A muchas familias no se les puede dar seguimiento porque, simplemente, un día ya no están. Si en Chilapa visitas cualquier calle, cinco familias faltan. Nadie sabe a dónde se fueron. Escapan porque ya hubo extorsión y el crimen exige más dinero, o hubo secuestro”.
Olivares sabe que se van a Morelos, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Jalisco: “Prefieren mantener el anonimato, sus proyectos de vida se ven afectados”.
“Ningún gobierno te va a salvar”
Primero se comunicó con sus familiares para avisar que se desplazaría con sus hijos; luego solicitó ayuda al Centro José María Morelos y Pavón. Ahí la contactaron con la CMDPDH.
El 1 de agosto de 2015, en una camioneta, Evelia, sus hijos y otras dos personas amenazadas de muerte escaparon a la capital del país.
No había de otra. Un par de horas después de ser amenazada de muerte vía telefónica, recibió mensajes de texto: “Ningún gobierno te va a salvar”. Al otro día, denunció ante las autoridades. Mostró el número telefónico, las amenazas. No se abrió una investigación. “Me ignoraron. Me dijeron que no podían investigar llamadas. Si te dan un balazo, ya te hacen caso”.
Informó a medios y puso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que la autoridad judicial confirmó que no existía investigación.
“El problema en la colonia irregular –donde Evelia hacía su labor de defensora de derechos humanos– empeoró, ya estaban involucrados los tres niveles de gobierno para desalojar. Todo empeoraba. No podía regresar. Aún no puedo, es un riesgo”.
En Ciudad de México, Evelia cambia de lugar a cada rato. Algún familiar o amigo la aloja y ayuda económicamente. Su hijo mayor dejó la escuela, ahora trabaja. Evelia no puede hacerlo, su hijo menor requiere cuidados especiales.
–En estos dos años, ¿qué ha sido lo más difícil?
–No hay puertas abiertas. Aquí es muy caro. Para rentar piden muchos requisitos. La comisión me ayudó, al principio, no es su obligación hacerlo siempre. Hay que moverse. A veces no me queda de otra que pasar unos días en Iguala, con el miedo de que algo ocurra. Siempre estoy alerta.
Se frota la mejilla: “Pero aquí sigo, viva”.
