Texto: Gabriela Selser, DPA / Foto: La Prensa Nicaragua
Managua, Nicaragua, 27 de julio de 2018. La ex comandante guerrillera de Nicaragua, Dora María Téllez, dijo hoy que el presidente Daniel Ortega ha sido “más letal que un terremoto”, porque en menos de cuatro meses ha causado más de 300 muertos y miles de heridos.
Téllez acusó a Ortega de querer “matar el diálogo” desautorizando a la opositora Alianza Cívica y a los obispos católicos mediadores, para buscar “un pacto” con sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) que lo ayude a sostenerse en el poder.
“Daniel Ortega ha sido peor que el más letal de los terremotos que han arrasado Nicaragua”, dijo la legendaria Comandante 2, que en 1978 asaltó junto al ex guerrillero Edén Pastora la sede del Congreso controlado por el dictador Anastasio Somoza (1967-1979).
“¿Cómo es posible que a la fecha haya más de 300 muertos, 2.000 heridos, centenares de prisioneros y desaparecidos y miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica?”, se preguntó durante una entrevista al canal 12 (privado) realizada por skype.
Téllez, líder del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), surgido en la década de 1990 en oposición a Ortega, ha sido acusada por el Gobierno de dirigir las protestas que estallaron el 18 de abril, como parte de un supuesto “complot terrorista” para derrocar al mandatario de 72 años.
Acusó a Ortega de “jugar a la guerra” a través de grupos paramilitares que han “desatado una represión brutal”, y dijo que ahora “está apostando a matar el diálogo” desautorizando a la Alianza Cívica y a los obispos mediadores.
“Daniel Ortega ha mandado a invadir y profanar los templos, ha herido a sacerdotes y obispos y ha insultado a la Alianza Cívica porque no quiere diálogo, quiere (dialogar con) sectores que le permitan hacer un nuevo pacto”, dijo en alusión al PLC.
En 1998, Ortega, diputado opositor, pactó en secreto con el entonces presidente y líder del PLC, Arnoldo Alemán, la repartición del Poder Judicial, el tribunal electoral y una reforma clave a la Ley Electoral que le permitió regresar al Gobierno en 2007, con sólo el 38 por ciento de votos.
La crisis en Nicaragua comenzó con una protesta de universitarios y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares. Ayer, la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDDH) elevó a 448 muertos y más de 2.800 heridos la cifra de las víctimas, pero el Gobierno sólo reconoce 56 muertes.
Mientras, la Policía informó este viernes en un comunicado que detuvo al presunto asesino de una estudiante de medicina brasileña que fue atacada a tiros el pasado lunes en Managua. Se trata de un hombre de 42 años a quien se le confiscó una carabina M 4.
La sudamericana fue atacada antes de la medianoche (local) del lunes cuando conducía su vehículo en el barrio Monserrat de Managua y murió en la madrugada del martes en un hospital capitalino.
El Gobierno de Brasil exigió a Nicaragua una pronta investigación de los hechos, tras expresar una fuerte condena a la violencia en el país sudamericano.
En tanto, una veintena de médicos de un hospital público de la ciudad de León (occidente) que atendieron a manifestantes heridos durante las protestas fueron despedidos de sus puestos.
El gastroenterólogo Javier Pastora dijo a dpa que él es uno de los cesados del hospital-escuela “Oscar Danilo Rosales” de León, junto a pediatras, ortopedas, infectólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos y el único oncólogo pediatra que tenía el hospital.
Pastora atribuyó el despido a que los galenos atendieron a varios manifestantes heridos, en su mayoría jóvenes, desafiando una presunta orden superior.
La medida no fue confirmada oficialmente por el MINSA ni por la vicepresidenta Rosario Murillo en sus habituales declaraciones del mediodía, en las que fustigó duramente a los opositores, a quienes llamó “golpistas, terroristas y satánicos”.
“Nosotros no exigimos venganza, pero sí justicia y reparación. Las instituciones van a identificar los crímenes y a los criminales golpistas y satánicos. Que paguen por la destrucción de Nicaragua”, afirmó Murillo, que también es la vocera oficial y la esposa del presidente Daniel Ortega.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, aseguró en rueda de prensa en Washington que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase que calificó como de “represión burocrática”.
“Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática utilizando el sistema penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas”, dijo Abrao.
Explicó que hubo una primera fase de “represión tradicional” marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes y la generalización del uso de grupos parapoliciales coordinados con ella, que se extendió desde el inicio de las protestas hasta mediados de junio.
La segunda fase fue la marcada por la “Operación Limpieza”, que el Gobierno puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores, pero en la que se han visto violentos ataques de fuerzas combinadas contra la población civil, edificios públicos e iglesias.
Téllez acusó a Ortega de querer “matar el diálogo” desautorizando a la opositora Alianza Cívica y a los obispos católicos mediadores, para buscar “un pacto” con sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) que lo ayude a sostenerse en el poder.
“Daniel Ortega ha sido peor que el más letal de los terremotos que han arrasado Nicaragua”, dijo la legendaria Comandante 2, que en 1978 asaltó junto al ex guerrillero Edén Pastora la sede del Congreso controlado por el dictador Anastasio Somoza (1967-1979).
“¿Cómo es posible que a la fecha haya más de 300 muertos, 2.000 heridos, centenares de prisioneros y desaparecidos y miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica?”, se preguntó durante una entrevista al canal 12 (privado) realizada por skype.
Téllez, líder del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), surgido en la década de 1990 en oposición a Ortega, ha sido acusada por el Gobierno de dirigir las protestas que estallaron el 18 de abril, como parte de un supuesto “complot terrorista” para derrocar al mandatario de 72 años.
Acusó a Ortega de “jugar a la guerra” a través de grupos paramilitares que han “desatado una represión brutal”, y dijo que ahora “está apostando a matar el diálogo” desautorizando a la Alianza Cívica y a los obispos mediadores.
“Daniel Ortega ha mandado a invadir y profanar los templos, ha herido a sacerdotes y obispos y ha insultado a la Alianza Cívica porque no quiere diálogo, quiere (dialogar con) sectores que le permitan hacer un nuevo pacto”, dijo en alusión al PLC.
En 1998, Ortega, diputado opositor, pactó en secreto con el entonces presidente y líder del PLC, Arnoldo Alemán, la repartición del Poder Judicial, el tribunal electoral y una reforma clave a la Ley Electoral que le permitió regresar al Gobierno en 2007, con sólo el 38 por ciento de votos.
La crisis en Nicaragua comenzó con una protesta de universitarios y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares. Ayer, la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDDH) elevó a 448 muertos y más de 2.800 heridos la cifra de las víctimas, pero el Gobierno sólo reconoce 56 muertes.
Mientras, la Policía informó este viernes en un comunicado que detuvo al presunto asesino de una estudiante de medicina brasileña que fue atacada a tiros el pasado lunes en Managua. Se trata de un hombre de 42 años a quien se le confiscó una carabina M 4.
La sudamericana fue atacada antes de la medianoche (local) del lunes cuando conducía su vehículo en el barrio Monserrat de Managua y murió en la madrugada del martes en un hospital capitalino.
El Gobierno de Brasil exigió a Nicaragua una pronta investigación de los hechos, tras expresar una fuerte condena a la violencia en el país sudamericano.
En tanto, una veintena de médicos de un hospital público de la ciudad de León (occidente) que atendieron a manifestantes heridos durante las protestas fueron despedidos de sus puestos.
El gastroenterólogo Javier Pastora dijo a dpa que él es uno de los cesados del hospital-escuela “Oscar Danilo Rosales” de León, junto a pediatras, ortopedas, infectólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos y el único oncólogo pediatra que tenía el hospital.
Pastora atribuyó el despido a que los galenos atendieron a varios manifestantes heridos, en su mayoría jóvenes, desafiando una presunta orden superior.
La medida no fue confirmada oficialmente por el MINSA ni por la vicepresidenta Rosario Murillo en sus habituales declaraciones del mediodía, en las que fustigó duramente a los opositores, a quienes llamó “golpistas, terroristas y satánicos”.
“Nosotros no exigimos venganza, pero sí justicia y reparación. Las instituciones van a identificar los crímenes y a los criminales golpistas y satánicos. Que paguen por la destrucción de Nicaragua”, afirmó Murillo, que también es la vocera oficial y la esposa del presidente Daniel Ortega.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, aseguró en rueda de prensa en Washington que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase que calificó como de “represión burocrática”.
“Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática utilizando el sistema penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas”, dijo Abrao.
Explicó que hubo una primera fase de “represión tradicional” marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes y la generalización del uso de grupos parapoliciales coordinados con ella, que se extendió desde el inicio de las protestas hasta mediados de junio.
La segunda fase fue la marcada por la “Operación Limpieza”, que el Gobierno puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores, pero en la que se han visto violentos ataques de fuerzas combinadas contra la población civil, edificios públicos e iglesias.
