Representantes destacan la urgencia de instalar una mesa con la sociedad civil y autoridades, porque esa práctica detona otros agravios, como las muertes maternas, embarazos adolescentes, deserción escolar, violaciones, migración forzada, violencia familiar, pobreza y feminicidios
Chilpancingo, Guerrero, 14 de marzo de 2022. La vocera de Redefine y Marea Verde en Guerrero, cofundadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Sol Ureiro Bruno, denunció que desde el 14 de diciembre de 2021 esperan que el gobierno estatal llame a las defensoras de la región a participar en el diseño de la estrategia contra los matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes.
Destacó la urgencia de instalar una mesa con la sociedad civil y autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno, porque los matrimonios forzados detonan otros agravios, como las muertes maternas, embarazos adolescentes, deserción escolar, violaciones, migración forzada, violencia familiar, pobreza y feminicidios.
Vía telefónica, la activista en la Montaña expresó su preocupación porque todavía no hay una estrategia, como lo reconoce la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, pero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya envió una iniciativa en la materia al Congreso local.
Recordó que el 14 de diciembre en Tlapa, la Secretaría de la Mujer presentó la ruta de intervención en el marco de la implementación de la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes de las regiones Montaña y Costa chica, ante autoridades municipales.
Ese mismo día, indicó que activistas feministas de 10 organizaciones integradas en la Red, entregaron 10 puntos resolutivos a la secretaria, en un encuentro informal para que fueran tomadas en cuenta en la estrategia y desde esa fecha esperan una cita.
“Necesitamos estar frente a frente con las autoridades, porque conocemos las situaciones de cerca, las acompañamos (a las mujeres), mientras las autoridades siguen normalizando las agresiones. Queremos intervenir en territorio, que no vengan consultoras de fuera a decir cómo se hace. Somos también mujeres indígenas, hablantes de las lenguas originarias y defensoras”.
Recordó que el 5 de enero de este año, en Casa Guerrero, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), presentó un balance de los informes de la primera y segunda alerta de violencia de género, por feminicidios e incumplimiento en las normas de atencion de víctimas de violación, respectivamente. De la segunda no hubo nada que informar.
Ahí, dijo que las defensoras de los derechos de las mujeres indígenas pidieron a la comisionada, Fabiola Alanis Sámano, y a la gobernadora Salgado Pineda, una tercera alerta por los matrimonios forzados en la Montaña. “Claro que no les gusto”, indicó.
Sin embargo, añadió que el compromiso de hacer una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en municipios de la Montaña y Costa Chica, lo firmaron el 11 de noviembre de 2021, con los titulares de los tres poderes en el estado, presidentes municipales y ONU Mujeres México, con un mensaje implícito de atender el problema de la venta de mujeres o matrimonios forzados. Hace cuatro meses.
Consideró que en el fondo, los gobiernos “tienen miedo, no quieren confrontarse con los señores que ven a las mujeres como objeto sin derechos”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, demandó una alerta de violencia de género contra las mujeres, por los matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes en Guerrero, con un mensaje en redes sociales desde Tlapa.
Este jueves, Pino Girón reconoció en un conversatorio virtual, lo mismo que les dijo a la activistas el 14 de el diciembre, hace tres meses, que aún no se determina cómo si se va a denominar venta de niñas o matrimonios forzados, que el problema no lo va a resolver una dependencia, y que la estrategia está construyendo con instituciones estatales, federales, ONU y organizaciones de la sociedad, aunque ellas señalan que están excluidas.
“Queremos que vean que nuestra participación es importante. Los matrimonios forzados es un tema emergente, que no basta con la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si no hay una política pública que permee en el territorio”.
Subrayó que no se puede seguir aplazando el trabajo coordinado con todas las instancias, “son proyectos de vida de mujeres que no pueden decidir, porque en las comunidades les dicen ‘no voy a responder esto, porque no sé qué va a ser de mí, con quién me van a casar’”.
Aclaró que las organizaciones sí tienen propuestas y que el 14 de diciembre, en un desayuno informal, expusieron su preocupación de que siga pasando el tiempo y las instancias no se apresuren.
Texto: Lourdes Chávez
