Ciudad de México, 16 de enero de 2024. El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, expuso a integrantes del Poder Judicial por favorecer las sentencias en los procesos judiciales del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Como parte del informe Cero Impunidad presentado en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio recordó que Abarca cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada, y señaló que el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, Rubén Arturo Sánchez Valencia, y el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez, votaron a favor del cambio en medidas cautelares.
“El 15 de noviembre de 2023, por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a José Luis N para que el Juez Tercero de Control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia en la que, con libertad de jurisdicción y previo debate, determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa”, explicó el subsecretario.
En el caso de María de los Ángeles Pineda, recordó que el 24 de abril de 2023 el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde, instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, revocó la sentencia que la condenaba a 10 años de prisión por delincuencia organizada.
“El 24 de abril de 2023 el Magistrado Montellano Iturralde revocó la sentencia condenatoria de diez años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles N por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento, ya que a su consideración el juez que la sentenció, violó su derecho de seguridad jurídica”, comentó Rodríguez.
Agregó que según el criterio de Montellano, el juez desahogó diligencias sin la presencia de la defensa, no llevó a cabo el careo procesal entre la acusada y un testigo colaborador ni confirmó que el defensor público federal que asistió a Pineda tenía cédula profesional.
Texto: Juan Luis Altamirano / Fotograma
