Acuden a las diligencias en el panteón de Ahuacuotzingo y Nejapa, Chilapa, el subsecretario Alejandro Encinas y defensores de Tlachinollan y del Centro Morelos
Chilapa, Guerrero, 19 de agosto 2019. Los cuerpos del dirigente social Ranferi Hernández y de su esposa Lucía Hernández de su ahijado Antonio Pineda y su suegra Juana Dircio, fueron exhumados este sábado en Ahuacuotzingo y Chilapa por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se hará cargo de las necropsias de los cuerpos de Ranferi Hernández, Lucía Hernández y Antonio Pineda; mientras que la FGE analizará el de Juana Dircio debido a que familiares no dieron autorización para que peritos independientes realizaran el estudio.
En las diligencias estuvieron presentes la representación legal de la familia Hernández Acevedo, Abel Barrera y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; también acudió Manuel Olivares por el Centro Morelos con sede en Chilapa.
Acompañó también el sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acompañado de personal y dos camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) que trasladaron los féretros sellados.
El funcionario federal ofreció acompañamiento a los familiares de las víctimas y estar al pendiente del caso para esclarecerlo.
Resguardaron los trabajos policías de investigación del estado y militares.
A seis meses del múltiple homicidio, con los cuerpos calcinados, ocurrido el 14 de octubre de 2017 en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, la organización campesina Vicente Guerrero, que fundó Ranferi Hernández, informó mediante un boletín fechado el 15 de abril de 2018:
“Respecto a la investigación del caso de nuestros compañeros, como organización respaldamos a la familia del compañero Ranferi, quien, junto con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos de los compañeros tiene que realizarse con la participación de peritos independientes”.
La necropsia independiente a la FGE, justificó, es para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre.
“No confiamos en la Fiscalía de Guerrero que ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco (el 5 de febrero de 2018) que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado.
“O el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos a pesar de que los compañeros fueron los atacados”.
La exhumación de los cuerpos de Ranferi Hernández y su esposa se realizó en el panteón de Ahuacuotzingo de 10 de la mañana a la una de la tarde.
La del joven Antonio Pineda fue en el panteón de la localidad de Nejapa en el municipio vecino de Chilapa de 3 a 6 de la tarde, mientras que los trabajos para extraer el ataúd de la señora Juana Dircio fue en el cementerio de la cabecera de Chilapa, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Alejandro Encinas ya no estuvo presente en esta última exhumación.
Los ataúdes sellados fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado, donde los peritos argentinos realizarán la necropsia.
Se espera que en esta semana, Tlachinollan informe sobre el tiempo de espera de los resultados de los estudios científicos.
En un boletín difundido por Tlachinollan al concluir la jornada del sábado, se asentó que el EAAF “es conocido internacionalmente por la excelencia de su trabajo; en el caso Ayotzinapa, jugaron un papel clave para coadyuvar con el GIEI y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en desmontar la llamada ‘verdad histórica’ creada por las autoridades mexicanas”.
Bernardo Ranferi Hernández, de 63 años al momento de su asesinato, fue fundador y dirigente estatal del PRD así como diputado local. Acusó al entonces gobernador del PRI, Rubén Figueroa Alcocer de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas en Coyuca de Benítez en 1995 por lo que fue perseguido y obligado al exilio.
Integró la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur y fundó las organizaciones Movimiento Social de Izquierda y Vicente Guerrero.
En 2017 el grupo Pro AMLO, al que pertenecía, buscaba postularlo como candidato de Morena a diputado federal por el distrito 6 con sede en Chilapa.
Texto y foto: Luis Daniel Nava
