
Demanda el organismo internacional que se tome en cuenta como hipótesis en la investigación su labor como defensor. “Resaltamos la importancia que la investigación avance con imparcialidad y que se asegure que ninguno de los responsables materiales e intelectuales quede impune”, manifestó en un documento enviado al gobernador Héctor Astudillo y a otras autoridades antes de que el FPM entregara el Palacio Municipal que tomó en octubre.
Chilpancingo, Guerrero, 14 de febrero de 2020. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresó a las autoridades federales y estatales su preocupación por la desaparición y posterior asesinato del dirigente social de Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano. Exigió que se tome en cuenta como hipótesis de su asesinato en la investigación su labor como defensor, atención integral como víctimas a sus familiares, que se les garanticen medidas de protección y garantías para su integridad y su labor de defensa a Tlachinollan.
El comunicado está fechado en Costa Rica el 6 de febrero y firmado por la subdirectora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Marcela Martino, va dirigido al gobernador Héctor Astudillo, al fiscal estatal Jorge Zuriel de los Santos, al titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas federal, Aarón Mastache Mondragón, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y a la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, Mara Gómez Pérez.
El abogado y defensor de derechos humanos del pueblo nahua de la región la Montaña y dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón desapareció el 11 de octubre de 2019 a las 20:00 horas, cuando salió de su casa con destino a la colonia Caltitlán de Tlapa, a la cual nunca llegó.
Obstáculos para presentar la denuncian
En su escrito, Cejil refiere los obstáculos a los que se enfrentaron en la Fiscalía los familiares para presentar la denuncia e iniciar las investigaciones.
“Ante los diversos obstáculos y para garantizar su seguridad, uno de sus hijos se dirigió a la Fiscalía especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Chilpancingo. A su llegada no hubo personal que lo atendiera, por lo que tuvo que esperar hasta la tarde de ese día para que se levantara la denuncia. Ésta fue finalmente interpuesta el 12 de octubre en la Fiscalía Especializada, asignándosele la carpeta de investigación 120225104001651210193”.
Añade que la queja de los familiares es que se presume que las primeras horas después de la desaparición, “transcurrieron sin que existiera una adecuada actuación de las autoridades estatales orientada a hallarle con vida, situación que se sostuvo incluso después de haberse formalizado la denuncia ante la Fiscalía Especializada”.
Dijo que a pesar de las actuaciones de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la búsqueda, no consta que las autoridades municipales y estatales hayan realizado las acciones necesarias para las que tienen competencia en la búsqueda efectiva y encontrar a Cerón en vida.
En el documento el organismo menciona que de acuerdo con los familiares de la víctima hubo omisión, retraso en las investigaciones y búsqueda, así como negligencia de las autoridades estatales, y menciona que las acciones que se realizaron fue por la presión de los familiares y organismos civiles.
“Es así como el 20 de noviembre se halló en una fosa clandestina el cuerpo sin vida del defensor Arnulfo Cerón Soriano”.
Menciona que está enterado de la detención de integrantes del grupo criminal que participó en su desaparición y posterior asesinato, así como del gefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, “quien se presume el principal autor intelectual del caso”.
Sin embargo, demanda que es indispensable que se asegure que el caso no quede impune y los responsables en libertad, “pues esto generaría altos riesgos de represalias para los familiares de Arnulfo Cerón Soriano, el FPM y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.
Mensajes y llamadas amenazantes a familiares y activistas
Destaca que antes de su desaparición el defensor señaló que el presidente municipal (de Morena), Dionicio Merced Pichardo García, y el jefe de gabinete, Marco Antonio García Morales tenían vínculos con el crimen organizado y los responsabilizó sobre cualquier hecho que pudiera sucederle.
Denuncia que después de la desaparición y de las acciones de exigencia para la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, tanto su familia como los y las integrantes del FPM recibieron mensajes y llamadas amenazantes.
“Las organizaciones han informado sobre la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones del plantón instalado en el Ayuntamiento de Tlapa por el FPM y en algunos domicilios de integrantes del Frente”.
El documento de Cejil fue enviado antes que el Frente Popular de La Montaña levantara el pantón en el Palacio Municipal, el 12 de febrero, que instaló en octubre para exigir la aparición de Arnulfo Cerón. La entrega del Ayuntamiento al alcalde, Merced Pichardo García, se hizo en un acto de desagravio por la desaparición y asesinato de Cerón Soriano, en presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el represntante del Alto Comisionado d la ONU-DH, Ricardo Nevez, el director de Tlachinollan, Abel Barrera un representante del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
Alerta que Tlachinollan comenzó a notar a varias personas y vehículos sospechosos que rondaban las oficinas centrales de la organización en Tlapa, así como personas que tomaban fotos del personal en marchas y afuera del Ministerio Público.
Menciona que por estas amenazas los familiares de Cerón e integrantes del FPM fueron integrados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas el 30 de octubre de 2019, y se determinó proporcionarles como medida urgente botones de asistencia.
Denuncia que, sin embargo, los botones que se les otorgaron no han sido eficaces pues sólo tienen señal en el centro de la ciudad.
“A la fecha no se ha implementado el plan de protección, a pesar de que el riesgo contra la familia, los integrantes del FPM y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sigue vigente aún después de los avances en el caso y las detenciones realizadas, esto aunado a que desde las primeras detenciones relacionadas con el caso, se incrementaron los hechos violentos en Tlapa”, dice el escrito.
Incluso refiere que se dio el levantamiento del ex tesorero del Ayuntamiento de Tlapa, César Abundis Salazar, en los días previos de que había dimitido a su cargo junto con otras personas por el caso de Arnulfo Cerón.
“En este contexto, resaltamos la importancia que la investigación avance con imparcialidad y que se asegure que ninguno de los responsables materiales e intelectuales quede impune, pues en caso contrario significaría un importante riesgo para la familia, los integrantes del FPM, Tlachinollan y un incremento de la violencia en la región”, advierte.
Reprocha que la familia del dirigente social no ha recibido una atención integral, “pues se ha hecho de nuestro conocimiento que no han recibido atención psicológica y que, aunque han sido apoyados en situaciones médicas, no hay un tratamiento integral como víctimas del delito”.
Argumenta que Cerón Soriano era el principal soporte económico de su familia, por lo que han enfrentado varios problemas económicos sin que hasta el momento puedan acceder a un apoyo económico del Sistema Nacional de Víctimas.
Para el organismo estos hechos representan “una grave violación al derecho a la vida e integridad de Arnulfo Cerón consagrados respectivamente en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Añade que es fundamental que la desaparición forzada y homicidio de Arnulfo Cerón no queden en la impunidad, “no sólo como garantía del derecho de acceso a la justicia y la reparación de sus familiares, sino como mensaje inequívoco del Estado mexicano de que las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos no son toleradas”.
El organismo internacional demanda asegurar que la investigación de la desaparición y muerte del defensor Arnulfo Cerón Soriano se realice de modo pronto, imparcial y eficazmente, asegurando la determinación de las responsabilidades de todos los autores materiales e intelectuales de estas graves violaciones.
Asimismo, que se tome en cuenta como hipótesis de la investigación la relación de las agresiones letales con su labor de defensor de derechos humanos. Además que se tomen las medidas necesarias para asegurar a los familiares de Arnulfo Cerón Soriano una atención victimar integral de la CEAV.
También, que se garantice la efectividad de las medidas de protección otorgadas a familiares e integrantes del FPM sin perjuicio para la labor de defensa que encabezan, y que garantice la integridad y labor de defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo El Sur
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