Acapulco, Guerrero, 21 de mayo de 2026.- El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado, conformado por organizaciones de una docena de estados, exigió en un comunicado garantías de seguridad e integridad física permanentes en Chilapa para “detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva”.
El frente de organizaciones también reclamó atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad, ante la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en el municipio guerrerense.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez desde el 9 de mayo”, señaló el pronunciamiento.
Indicó que el uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos evidencia una escalada de violencia en la zona, que no es la primera vez que ocurre desplazamiento forzado.
También señaló que no ha existido una estrategia integral y sostenida de parte de las autoridades, que la respuesta de las fuerzas armadas ha sido insuficiente y eventualmente se retiran, que no existen planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición, y predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas.
El Colectivo demandó a los tres órdenes de gobierno atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal, una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación, un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado, y criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro.
Sostuvo que las organizaciones seguirán señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados por esta grave violación a los derechos humanos.
Redacción
