Recriminan que el gobierno del estado esté apoyando a los victimarios y no a las víctimas de Palantla y otras más que se encuentran desplazadas.
Chilpancingo, Guerrero, 27 de enero de 2020. Integrantes del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDPFV) demandaron al gobierno del estado y a la Fiscalía ejecutar las 52 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) integradas desde febrero de 2015 por la irrupción y el asesinato de cinco personas en la comisaría de San Jerónimo Palantla.
La demanda ocurre luego de que el viernes en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con los dirigentes de la CRAC-PF, en el bloqueo que mantuvieron por ocho días, los manifestantes exigieron la cancelación de 66 órdenes de aprehensión contra sus integrantes y la libertad de otro.
En conferencia de prensa, el comandante municipal de San Jerónimo Palantla, Constante Calvario Merino, recriminó que el gobierno del estado esté apoyando con víveres a los victimarios y no a las víctimas de su poblado y otras más que se encuentran desplazadas.
Indicó que desde el 2015 han sido asesinadas 15 personas de esa comunidad que se negó a formar parte de la CRAC-PF y que esa misma organización logró someter a las 15 comunidades porque sus dirigentes, los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, se dedican a sembrar mariguana y amapola, agregó Rodolfo Colorado.
El integrante del Colectivo de Víctimas Cocuyo y del FDPFV, Teodoro Gallegos, reclamó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende a las familias de los integrantes de la CRAC-PF y no a entre 80 y cien familias víctimas de manera directa e indirecta de la comunidad de San Jerónimo Palantla.
En la rueda de prensa en la capital, responsabilizaron al gobernador de lo que les llegue a ocurrir a todos los habitantes de la comunidad y sus autoridades, además negaron pertenecer a algún grupo criminal.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Jessica Torres
