Atoyac, Guerrero, 22 de septiembre de 2025. Integrantes de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables (Arcovi) y el colectivo de madres e hijos desaparecidos y desplazados pidieron hoy que se abran los archivos del Ejército y Marina para una investigación seria sobre la guerra sucia en el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero, en los años setenta.
Este lunes, familiares de desaparecidos fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, encabezados por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en una mesa de trabajo realizada en la cabecera municipal de Atoyac, donde se les anunció que será ampliada y ratificada su denuncia, además de que en breve se tomarán las muestras genéticas, sin necesidad de viajar hasta la Ciudad de México, donde habitualmente se hacen.
Asimismo, anunciaron que en seguimiento a la sentencia de los desaparecidos por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, los nombres de los responsables de ese delito de lesa humanidad serán removidos de instituciones educativas o parques que los llevan, y estos últimos serán memoriales para recordar el terrorismo de Estado durante esa época.
Por primera vez en la historia de México, el año pasado un juzgado federal determinó que en la lucha contra los grupos guerrilleros, particularmente en el estado de Guerrero, el gobierno mexicano cometió “terrorismo de Estado” y por ello ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que ejercite acción penal contra las autoridades civiles y militares de los años 70 y 80 vinculadas a esas acciones en aquella entidad.
El origen de esta sentencia es el juicio de amparo sobre el caso de Radilla Pacheco, desaparecido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
Los dirigentes de las organizaciones Estela Arroyo y Octaviano Gervasio Serrano anunciaron que seguirán organizándose para esclarecer los casos y seguir documentando algunos que se encuentran rezagados, a pesar de que el hecho ya tiene más de 50 años.
Ante esta situación, los activistas señalaron que es necesario que abrir los expedientes del Ejército y Marina, principales responsables del delito de lesa humanidad, y dar seguimiento y agilización a la reparación del daño.
Expresaron que no descartan presentar una denuncia colectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desatención que han tenido a 50 años de este delito que por tres generaciones han exigido justicia.
Francisco Magaña
